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lunes, 24 de noviembre de 2008

ANOTACIONES SOBRE ALGUNOS DE LOS PROCESOS QUE SE ESTÁN DANDO HOY EN GUATEMALA.

ANOTACIONES SOBRE ALGUNOS DE LOS PROCESOS QUE SE ESTÁN DANDO HOY EN GUATEMALA.

Organización Resistencia de los pueblos

resistenciadelospueblos@yahoo.es

1.- Durante la guerra contrainsurgente, también llamada conflicto armado interno o guerra civil, el Ejército diseñó y puso en marcha (1980-1981) el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) aprobado por el General Efraín Ríos Montt en el año 1982.

2.- El Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) fue en sí un proyecto contrainsurgente que tuvo por objetivo no solo la neutralización de la insurgencia, sino también el reordenamiento del territorio, de los recursos naturales y de toda la sociedad guatemalteca en función de los intereses del Estado, en ese entonces, militar contrainsurgente.

3.- Fue parte central de este Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) el diseño militar contrainsurgente de una Transición a la Democracia.

4.- Este Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) se fue articulando a partir del año 1982 por medio de Campañas aplicadas en los planos económicos, políticos, sociales y militares.

Se estableció así, en orden a una transición a la democracia, el Plan de Campaña Reencuentro Institucional en 1984, el Plan de Campaña de Estabilidad Nacional en 1985, el Plan de Campaña de Consolidación Nacional en 1986, abriéndose ahí el primer Gobierno civil al que accede el Presidente Vinicio Cerezo y que él mismo definió como un Gobierno de concertación o de transición a la democracia.

5.- Se prefigura, de este modo. un tránsito a la democracia, no como el resultado de dar soluciones de fondo a los problemas nacionales, sino como el resultado de un “nuevo reordenamiento” y una nueva “reorganización nacional” concertada con los distintos sectores de la sociedad, lográndose de este modo la unidad nacional mediante el olvido del pasado.

6.- La vigencia de este planteamiento es patente a partir del Gobierno de Vinicio Cerezo hasta el día de hoy.

7.- Dentro de este proceso o contexto de transición democrática se firmaron los Acuerdos de Paz de 1996, producto de un Pacto entre elites del Gobierno, del Ejército, de la empresa privada y de la URNG, con otro Gobierno de transición Democrática, el de Álvaro Arzú.

Los Acuerdos de Paz se sitúan dentro de esa estrategia de transición que, cambiando algunas cosas, no pretendía resolver el conflicto guatemalteco, sino reconducirlo hacia los intereses del poder y hacer que la sociedad guatemalteca aceptara la continuidad de esos intereses por la necesidad de la paz.

8.- Es claro que los Gobiernos de Arzú, Portillo y Berger no lograron una concertación con la sociedad guatemalteca y mucho menos una concertación que les permitiera la asimilación de los grandes sectores, principalmente los sectores expoliados en este reordenamiento de territorio y recursos emprendido después del conflicto y de los Acuerdos de paz.

9.- La historia de los Gobiernos de Arzú, Portillo, Berger y lo que llevamos del de Álvaro Colom, es la historia de los enfrentamientos del poder y de las elites con el resto de Guatemala que no se deja robar la tierra, ni los recursos naturales, ni su reciente historia pasada, ni sus derechos que están determinando el presente y seguirán determinando el futuro.

10.- De ahí que, 22 años mas tarde del primer Gobierno civil, el Gobierno de Álvaro Colom se presenta de nuevo delante de la sociedad como un Gobierno de Concertación dentro de la misma vieja estrategia de transición democrática y dentro de unos nuevos marcos de gobierno dados por la socialdemocracia.

11.- Es así que el actual Gobierno esta dando pasos que hasta ahora no habían dado ninguno de los gobiernos de la paz anteriores, al menos con tanta claridad, respecto al pueblo o sociedad guatemalteca y sus instituciones y organizaciones sociales:

  • El actual Gobierno está cantineando profunda y agresivamente en la diversidad de los sectores sociales organizados de la población, tratando de modular la relación entre ellos así como su relación con el pueblo y con el Estado guatemalteco.

  • La diferencia de esta política respecto a Gobiernos anteriores es que el Gobierno actual está realizando esta penetración e integración con mas rapidez y con mayor eficacia, ya que de alguna manera el Gobierno actual ha conseguido mapear y penetrar estructuras, grupos, proyectos y planes sociales creando confusión, contradicciones y rupturas dentro de ellas, así como incorporándolas al Gobierno con adhesiones totales o parciales, o con su plena integración en algunos aparatos del Estado.

  • Parece evidente, según su discurso, que una parte central de las políticas públicas del Gobierno actual el dar fin a la llamada etapa de posconflicto en el país, lo cual conlleva dar por enterrado el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la absorción o modificación de la institucionalidad creada para ello.

  • En este sentido también es pública la prisa que tiene el Gobierno por no defraudar y favorecer los intereses geopolíticos de los países imperialistas que la prensa mundial se apresuraba a recoger en el mismo momento en que Álvaro Colom era investido Presidente de Guatemala y que, en síntesis, resaltaban el que por fin el pueblo de Guatemala había optado por un Gobierno socialdemócrata y de izquierdas para cerrar las heridas de la guerra y potenciar el desarrollo del país.

De ahí también la necesidad del actual Gobierno de llegar a poner punto final a la reciente Historia de la guerra así como a una etapa de sociedad posconflicto, sin abordar en nada ningún tipo de cambio: Aparentar que todo cambia para que no cambie nada.

12.- Lo que el Gobierno está realizando, así como lo que se desprende de sus declaraciones públicas, nacionales e internacionales, nos puede permitir visualizar las siguientes constataciones:

PRIMERA.- El Gobierno de Álvaro Colom ha logrado establecer nuevos pactos con el Ejército.

  • Desde los inicios del Gobierno de Álvaro Colom, incluso antes, vienen realizándose movimientos y hechos en el sentido de incrementar la militarización del país (lo que algunos también llaman remilitarización).

  • Los acontecimientos se sucedieron con mayor rapidez a partir de finales del mes de julio de 2008 en que un comunicado de la Asociación de Veteranos Militares (AVEMILGUA), firmado por significados ex-militares golpistas, llamaba a la necesidad de un golpe de Estado.

  • La reacción inmediata del Gobierno consistió en una reforma dentro del Ejército y la remoción de algunos altos mandos.

  • La localización de sistemas electrónicos de vigilancia dentro de habitáculos y oficinas presidenciales conllevó nuevos cambios en responsables civiles y militares.

  • Fue no obstante en el mes de septiembre cuando Álvaro Colom anunció la decisión de aumentar el Ejército en 9.500 efectivos; decisión claramente contraria a los Acuerdos de Paz. Seguidamente, en el mismo mes de septiembre, el Presidente inauguró la reapertura de la base militar en Puerto Barrios y anunció la reapertura de otras dos bases militares en los Departamentos de San Marcos y el Quiché.

  • En repetidas ocasiones durante este período, el Presidente Álvaro Colom ha justificado esta política de militarización en la necesidad de “recuperar territorios perdidos y entregados a fuerzas paralelas. Hay por lo menos tres corredores importantes que se deben rescatar, el norte y parte central del Quiché, el Departamento de Izabal y la parte sur del Petén”.

  • Estos y otros corredores “importantes” que el Gobierno viene señalando, son los mismos corredores militares estratégicos que el Ejército abrió durante el conflicto armado.

  • El desarrollo y extensión de fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) para una supuesta mejora de la seguridad ciudadana, son otra vía importante, e histórica, de militarización.

  • De todo ello se puede resumir que el aumento de elementos del Ejército, su aumento presupuestario, la reinauguración de viejos destacamentos militares, la creación de nuevos cuerpos militares como los Batallones Verdes, la presencia en Guatemala de militares y formadores del Ejército de los Estados Unidos, el aviso de tomar el control de corredores estratégicos para el Ejército, los Estados de Prevención dictados por este Gobierno en solo 8 meses, la activación en algunas comunidades de las Patrullas de Autodefensa Civil (ahora con el nombre de Comités Cívicos de Seguridad), son claros signos de una fuerte y rápida militarización del Estado de Guatemala.

  • Esta militarización, como históricamente ha sido, tiene el objetivo de inhibir el carácter civil de la vida y de la población, secuestrando los derechos humanos económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos, además de, como ya se ha dicho, continuar el expolio de tierra, territorios y recursos naturales.

SEGUNDA.- El Gobierno de Álvaro Colom ha llegado también a pactos o acuerdos con el capital nacional y con el capital internacional.

  • Readecuación de las cuotas de poder de los principales actores económicos: El Ejército, la oligarquía nacional tradicional, el libre comercio y las empresas transnacionales.

A modo de ejemplo se puede señalar las nuevas concesiones en el campo de la minería, el plan hidrológico para el Departamento del Quiché hasta 2020 y la apertura de licitación para la hidroeléctrica de Xalalá. Todo ello pasando por alto los resultados de las múltiples consultas populares y resistencias a muchos de esos proyectos y realizaciones.

  • Remodelación financiera, con los mismos fines, y su adecuación al actual momento de expolio y explotación empresarial de los recursos naturales, así como el rediseño de la Política Fiscal en contra de las grandes mayorías, cada día más empobrecidas.

  • Revisión o implementación de Tratados entre países o áreas comerciales, centrados de manera especial en la explotación, expolio y dependencia de sectores señalados como estratégicos: Recursos Naturales (minería, agua, represas e hidroeléctricas, megafincas para agrocarburantes, megaproyectos, hidrocarburos, reservas naturales), infraestructuras, telecomunicaciones y servicios (turismo, grandes superficies comerciales, etc.)

  • Reorientación y refuerzo de la Cooperación Internacional entre Estados, de manera que a través del Gobierno y de las instituciones nacionales (especialmente la Sepaz) e internacionales afines, refuercen esta nueva ofensiva neoliberal y la voluntad de cerrar, olvidándolo, el conflicto armado así como sus consecuencias hasta hoy día.

TERCERA.- Al Gobierno de Álvaro Colom le urge llegar a acuerdos o concertaciones con la diversidad de sectores sociales en Guatemala para poder cumplir con los acuerdos contraídos con el Ejército y las empresas nacionales y transnacionales y conseguir los objetivos económicos y comerciales de la etapa de paz social y desarrollo que propugna la Internacional Socialista.

  • Construcción de un diseño de Pacto Social integrador de las fuerzas sociales y del movimiento social en torno a los temas y conflictos agrarios. Un exponente de ello es el proyecto económico, político y social de la Ley de Desarrollo Agrario que profundiza la contrarreforma agraria.

Este es el mejor modo de no pagar la deuda social y económica históricas de la guerra que el Estado asumió con la población mediante la firma de los Acuerdos de Paz y cuya deuda ahora quiere depositar en las manos externas de la Cooperación para dar por terminado el gran problema de la Tierra.

  • Reforzamiento y desarrollo de aparatos institucionales, como la SEPAZ, que fortalezcan el control social, territorial y poblacional cara a la integración, o en su defecto la neutralización y eliminación, de los movimientos sociales y de las viejas o nuevas resistencias.

  • Utilización para el desarrollo de estas políticas, de manera especial y significativa, de las personas, instituciones y coordinadoras del movimiento social y de la sociedad civil de manera que se vayan integrando al nuevo pacto social, asignándoles el papel de mapeamiento, penetración y mediación entre el Estado y la población, especialmente rural y campesina. Este papel de penetración y neutralización de resistencias para facilitar la realización de las políticas gubernamentales, también lo están desempeñando, de manera importante, la mayoría de empresas y muchas de las ONG, nacionales e internacionales.

  • Entierro definitivo de los Acuerdos de Paz, cuyo nombre se seguirá utilizando en la concreción de estas políticas gubernamentales y en el desarrollo legislativo que las concrete.

  • Dar por terminado, lo antes posible, el Plan Nacional de Resarcimiento en lo referente a resarcimiento económico individual y/o comunitario. Desarrollo de programas de ayuda (control) psico-social de las Víctimas.

Como consecuencia y complemento de estos pactos y búsqueda de concertaciones señaladas, el Gobierno ha implementado, está implementando o prevé implementar también lo siguiente:

Resarcimiento:

Darlo por terminado, lo antes posible por medio de reparaciones económicas, individuales y comunitarias, pretendiendo con ello que las víctimas no sigan reclamando Justicia o puedan canalizar la búsqueda de la misma a través de mecanismos nacionales o internacionales.

Ese final, y no la Justicia a las víctimas a través del enjuiciamiento de los responsables ejecutores e intelectuales de todas esas violaciones, favorecería los planes del Gobierno de cerrar definitivamente la etapa de posconflicto.

Todo ello como manera de prevenir que las Víctimas se sumen a la conflictividad del país, abriendo nuevos espacios de participación, de verdad, de Justicia y de reparación total.

Creación de un Archivo de la Memoria Histórica:

  • Desarrollo de un Archivo de la memoria histórica que incluya todos los elementos necesarios para el control que se pretende. Los datos y documentos provendrían del Comité de Reconstrucción Nacional (creado por el entonces Presidente Laugerud e implementado por el Ejército a partir del terremoto de 1976), del Archivo de Tierras, de lo disponible en archivos de la Policía y del Ejército, de Bienestar Social, todo lo recogido de las Víctimas en la Comisión Nacional de Resarcimiento y de algún otro espacio institucional de registro y archivo.

Parece ser que para su elaboración, custodia y administración se constituirá un Consejo Nacional con la idea de exteriorizar un consenso social que justificaría su creación y administración.

  • Todo ello conllevaría un apretón de rosca no solo en el control poblacional, sino en la implementación de una relectura histórica y memorial “oficial” que culmine el perdón y el olvido, echando a un lado los caminos de la Justicia, poniendo Punto Final.

Derechos Humanos:

  • Colocando los Derechos Humanos como eje central de todas sus políticas, el Gobierno pretende convertirse en el único administrador y regulador de los mismos. Para ello pondrá en marcha las oficinas y cursos de Derechos Humanos necesarias (en la PNC, en el Ejército, en los Departamentos o regiones), además de unificar en esa nueva política a las diversas instituciones oficiales (PDH, COPREDEH…), para-oficiales y extraoficiales.

  • La política del Gobierno de Álvaro Colom en este campo es que las organizaciones y asociaciones, nacionales e internacionales, de defensores y defensoras de Derechos Humanos, dejen de ser instancias críticas y de denuncia, para convertirse en colaboradoras y auxiliadoras del Estado en tan importante tarea. Lo cual no deja de ser una contradicción pues es el Estado el actor mayor violador de derechos humanos.

Bienestar Social:

  • Profundización y extensión de las Políticas Sociales de carácter asistencial y divisionista implementadas especialmente desde las instancias y políticas de Bienestar Social, a cuya cabeza de las mismas se sitúa la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del Presidente, la SEPAZ, la Secretaría para la Mujer, Fontierra, FONAPAZ, y otras.

Con estas políticas asistenciales el Gobierno quiere, además, erigirse en “acompañante” de los sectores más débiles de la sociedad civil tratando de eliminar o neutralizar las funciones y competencias que solo a la sociedad civil corresponden, como son la construcción de un tejido social capaz de reclamar y exigir todos sus derechos para toda la población, puesto que esa es la obligación del Estado que nunca cumple.

Conclusiones:

  • El control social que pretende este Gobierno pretende aumentar todos los mecanismos para que las organizaciones sociales y el tejido social dejen de cumplir la función para la que fueron creadas por el pueblo: La resistencia y la transformación social para la Justicia Social.

  • En el mismo sentido pretende eliminar la confrontación Gobierno, empresa privada, Ejército contra la sociedad desvirtuando la función política de las organizaciones sociales sean estas de acompañamiento, de derechos humanos, de desarrollo comunitario, etc., dejándolas únicamente con funciones de carácter administrativo de fondos económicos internos o externos. El Gobierno se presenta ahora absorbiendo para sí esas funciones de una sociedad organizada. Divide, enfrenta, promete y corrompe facilitando así el camino a las empresas nacionales e internacionales para comprar voluntades y corromper líderes e instituciones hasta los niveles locales.
Paralelamente, tratará de criminalizar y judicializar a todos los colectivos sociales que se opongan a su diseño de política
  • El Gobierno de Álvaro Colom, como gestor y parcial beneficiario de las políticas de Estado anteriormente descritas, quiere erigirse bajo una bandera supuestamente socialdemócrata y con todo el apoyo internacional, en continuador de una vieja transición democrática que al no abordar, o abordar en falso, el verdadero e histórico conflicto guatemalteco, sigue necesitando un incremento de la militarización para llevar adelante, aún con contradicciones y luchas de poder, las políticas imperialistas y neoliberales para Guatemala y para toda el área Centroamericana.

Guatemala, 20 de octubre de 2008


jueves, 16 de octubre de 2008

La UNE: entre la mano dura y la mano invisible (II)

Columna de Opinión -La UNE: entre la mano dura y la mano invisible (II)-
COLUMNA DE OPINIÓN

Camilo Salvadó
(AEC-AVANCSO)

I.
Durante las elecciones generales del año pasado, el entonces candidato del partido UNE, definido como “social- demócrata”, prometió resolver los problemas del país con “inteligencia” y no con “mano dura” (una alusión al slogan de campaña del derechista y pro-oligarquía Partido Patriota, PP); también prometió que con su gobierno comenzaría “el privilegio de los pobres”, lo que llevó a muchos votantes a preferir las dos manitas formando la “paloma de la paz” de la UNE, en vez del puño ofrecido violentamente por el PP.

Hoy, a nueve meses de distancia, tristemente podemos comprobar que las promesas de “inteligencia” y “esperanza”, no se cumplieron, y tal vez nunca se cumplan. Es probable que al hacerlas, en el calor de la campaña electoral, el ahora presidente no recordaba lo explicado hace ya 80 años por el pensador italiano Antonio Gramsci, uno de los ídolos actuales de la socialdemocracia: que el Estado burgués es dictadura recubierta de democracia; descansa por igual en la violencia (“o mano dura”) y en el consenso (“inteligencia”).

El Estado no es, como creen los socialdemócratas, un simple “aparato de gobierno”, y mucho menos un padre protector ubicado por encima de las clases y de sus luchas, velando por el bien común. Lo que llamamos Estado es en realidad -como lo advirtió Gramsci- una compleja red de relaciones económicas, de poder e imaginarias, en las cuales los grupos dominantes imprimen, consciente e inconscientemente, su sello de clase. El Estado guatemalteco es burgués desde su misma fundación. Lo fue durante las intermitentes dictaduras de los siglos 19 y 20, y lo es hoy, que oficialmente vivimos en paz y democracia.

El carácter burgués de nuestro Estado no es definido por la ideología política del partido en el gobierno (por ejemplo el paso del gobierno neoliberal de la GANA al “social demócrata” de la UNE), sino por procesos estructurales de mucho más largo alcance, aunque también se revela en las coyunturas. Así, en estos nueve meses de gobierno de la UNE, hemos podido ver a la “mano dura” romper las promesas electorales, y entrar en acción numerosas veces. Algunos ejemplos son los Estados de prevención decretados como respuestas a conflictos puntuales relacionados al transporte (Fraijanes) y a la instalación de una planta cementera (San Juan Sacatepéquez) o los numerosos desalojos, que en solo nueve meses ya superan las cifras de los últimos 3 años de la GANA.

Por el contrario, en estos nueve meses no se ha tenido ocasión de ver a la famosa “inteligencia” en acción, a no ser la inteligencia militar colocando micrófonos en la casa del presidente, o la astucia e inteligencia con que se cierran oscuros y jugosos negocios a espaldas del pueblo. Es cierto que se abren espacios de diálogo y se cuelga la “bandera maya” en las oficinas de gobierno, pero también que se crean burocracias que no muestran siquiera la “inteligencia” necesaria para asegurar el consenso con programas sociales de alivio efectivo a la pobreza. Aún se sigue hablando del “privilegio de los pobres”, pero en los hechos se les deja a su propia suerte. Igual que cada partido de gobierno desde la apertura democrática, la UNE renunció a poner límite a la acción de las empresas nacionales y transnacionales.

Pese a haberse definido como un proyecto “social demócrata”, en el gabinete de la UNE son contados los funcionarios social demócratas. Según varios analistas, en este gobierno están mucho mejor posicionados los grupos con intereses en inversión (turismo, maquila, construcción de mega hidroeléctricas y otros), ex funcionarios de empresas mineras y petroleras e incluso uno que otro representante del movimiento social (para mantener el consenso y las “aguas calmadas”).

En todo caso, los hechos enlistados pueden llevarnos a una de dos posibles conclusiones: O el gobierno de la UNE, luego de nueve meses de perder pulsos con los grupos dominantes, finalmente se rindió ante los mismos, o las dos manitas de la campaña electoral no eran otras que la “mano invisible” del libre mercado (libre para destruir la naturaleza, bajar salarios, subir precios) y la “mano dura” del Estado, siempre lista para reprimir, eso sí, en nombre de la "democracia", la "paz" y el "Estado de derecho".

II.
Según lo afirmado hasta aquí, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pese a los discursos oficiales que subrayan la importancia de la historia, no representa un rompimiento histórico real con el proyecto estatal burgués en marcha desde el siglo 19, ni con el gobierno anterior, en manos de la Gran Alianza Nacional (GANA).

Los discursos oficiales con abundantes alusiones a la pobreza, la solidaridad y la solución pacífica de los conflictos, contrastan fuertemente con las acciones políticas que evidencian un total sometimiento a la “mano invisible” del mercado, y el uso de la “mano dura”, con una política de seguridad cada vez más parecida a la propuesta por el Partido Patriota (PP).

El plan de gobierno de la UNE era más detallado (y mucho mejor redactado) que los del PP o la GANA, pero sus líneas generales en el fondo son las mismas. Esto se evidencia, por ejemplo, en que se haya dejado al gobierno saliente la decisión sobre los salarios mínimos vigentes, incluyendo un aumento menor para los trabajadores en agro exportación (sector vinculado a la GANA) y maquila (tanto Colom como algunos de sus financistas son maquiladores).

Aunque se prometió una “socialdemocracia con rostro maya”, la misma parece limitarse al uso de la “bandera maya” en eventos oficiales, pues la verdadera política de la UNE hacia los pueblos indígenas se evidencia en deplorable manejo de los temas agrario y ambiental (desalojos, hidroeléctricas, minería y petróleo en territorios mayas: sipakapense, mam, k’iche’, kaqchikel, q’eqchi’ y otros).

Con el nuevo gobierno, afianzan sus posiciones de poder y sus privilegios económicos los grupos corporativos que impulsaron, en el gobierno anterior, la explotación petrolera y minera, las mega hidroeléctricas, y las mega plantaciones de palma africana o caña de azúcar (para usos tradicionales o agro combustibles), lo que se refleja en las cifras de desalojos reportados por la prensa, con los que la UNE, en nueve meses, casi alcanza las cifras del primer año de la GANA y supera ampliamente las de los últimos tres.

Fecha
Desalojos
Concentración
2004 (GANA)
44
Alta Verapaz, Baja Verapaz, Escuintla, Retalhuleu, otros
2005 (GANA)
26
Alta Verapaz, Escuintla, Baja Verapaz, Retalhuleu, otros
2006 (GANA)
28
Alta Verapaz, Petén, Izabal, Retalhuleu, otros
2007 (GANA)
29
Izabal, Petén, Escuintla, Alta Verapaz, otros
2008 (UNE)
38
Izabal, Petén, Alta Verapaz, Retalhuleu, otros
Fuente: seguimiento de noticias AEC

Estos 38 desalojos no sólo se concentran en los mismos departamentos, también siguen la misma lógica territorial (Tierras Bajas del Norte, Costa Sur y Cuenca Polochic); y están igualmente asociados los mega proyectos (hidroeléctricas, plantaciones, carreteras), al turismo y a la explotación petrolera, minera, maderera y ganadera (21 desalojos de campesinos maya q’eqchi’ en áreas protegidas de Petén e Izabal, mientras se deja operar a las empresas petroleras en las mismas áreas).

En estos nueve meses, el gobierno de la UNE intentó paliar la crisis alimentaria resucitando una vieja ley (Decreto 40-70), con la que la dictadura militar intentó, en 1970, obligar a los latifundistas a producir granos básicos en el 10% de sus tierras ociosas, y proponiendo precios tope para los combustibles y alimentos. Cada vez, en cuanto aparecieron los voceros de las Cámaras del Agro y de la Industria poniendo el grito en el cielo por el “libre mercado”, el gobierno dio marcha atrás, demostrando claramente el carácter burgués del Estado guatemalteco (y de su bloque en el poder).

De poco sirve nombrar a un distinguido ambientalista como Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, mientras maneje un presupuesto y unas cuotas de poder mínimas frente a los Ministerios de Energía y Minas o Agricultura y Ganadería. La verdadera política agraria y ambiental de la UNE se evidencia en la nula prevención de desastres (y en la mediocre atención a los desastres ya ocurridos, como en el municipio maya ch’orti’ de La Unión), en el rechazo a los resultados de la 28 consultas comunitarias contra la minería, en el silencioso pero rápido avance de esta actividad en el Altiplano y en la concepción dominante de la naturaleza como fuente de recursos a explotarse (tierra, agua, bosques, minerales), no como ambiente, ni como territorio, mucho menos como “Madre Tierra”.

Otros ejemplos los podemos encontrar en el manejo de la llamada “conflictividad agraria” por la vía de la “mano dura” y de la “mano invisible”: reparto de tierras improductivas vía mercado, préstamos (en realidad, deudas para los pequeños productores), desalojos de comunidades campesinas en áreas protegidas (declaradas como tales cuando las comunidades ya estaba allí) y desaparición del tema “tierra” en la política de desarrollo rural, enfocándose en la creación de empleos (minería, petróleo, megaproyectos, zonas industriales), en el “aumento de la competitividad” (convertir a los pequeños productores en empresarios) y en favorecer a los sectores que “ya son competitivos” (grandes productores), en un contexto mundial, nacional y local de expansión y acumulación capitalista, marcado por una crisis más entre las muchas por venir.

Guatemala, 12 de octubre del 2008.
http://www.avancso.org.gt/index_actividades.php?id=209

jueves, 10 de julio de 2008

Columna de Opinión - Estado de Derecho Sinónimo de represión e injusticia


Estado de Derecho

Sinónimo de represión e injusticia



Isabel Solis


Área de Estudios de Campesinado

AVANCSO



En los discursos de campaña del presidente Álvaro Colom, siempre mencionó que aplicaría el Estado de Derecho y haría un gobierno con rostro indígena. Muchos imaginaron era el comienzo de algo diferente, algo prometedor en donde se podía percibir justicia. Siete meses después se sigue demostrando que el llamado “Estado de Derecho” sigue manifestándose en la defensa del capital y la propiedad privada, en función de un Estado Oligárquico. En este sentido referirse al Estado de Derecho resultar sinónimo de la aplicación de acciones represoras hacia los pueblos, violando sus derechos colectivos y acentuando aún más la injusticia e impunidad.

Como prueba de ello, me quiero referir a los casos de Livingston y San Juan Sacatepéquez.

Las comunidades de Livingston, desde hace decenas de años, vienen planteando ante diferentes autoridades su preocupación por la destrucción del ambiente (ríos, bosques, tierra, fauna) misma que es provocada por personas con poder económico, que han despojado a las comunidad de sus tierras comunales, mediante el establecimiento de fincas alrededor de las mismas, con fines de crear condiciones para establecer grandes extensiones de tierra para la ganadería, provocando la tala inmoderada de los bosques. A modo de ejemplo una de estas fincas está talando actualmente más de cinco caballerías de bosque dentro de las “áreas protegidas”; así como ésta se pueden nombrar más casos.

Por otro lado las comunidades han hecho sus planteamientos para la protección de sus recursos, y la defensa de sus tierras, confiando en que el Estado pueda intervenir y prevenir la destrucción ambiental y evitar el despojo de sus tierras. La respuesta de este Estado mediante la aplicación de su llamado “Estado de Derecho” ha sido la represión, encarcelamiento de uno de sus líderes, Ramiro Choc, ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolon y secuestro de otras personas, estos casos han sido documentados por la Procuraduría de Derechos Humanos.

En relación a las Comunidades de San Juan Sacatepéquez, en el año 2007 por la vía de consulta comunitaria se opusieron al establecimiento de una empresa cementera en el lugar, puesto que causaría daños al medio ambiente. Dichas comunidades desde los inicios del conflicto siguieron los procedimientos legales correspondientes, sin embargo durante el presente año, mediante una manifestación majestuosa fueron entregadas sus peticiones a las autoridades locales, cabe mencionar que dicha manifestación contó con la participación entre 8,000 y 10,000 personas. La defensa que hacen en San Juan, es una defensa por la preservación de uno de los bosques que además sirven de pulmón al ambiente, es una defensa de sus derechos colectivos. Sin embargo las respuestas del Estado han sido la aplicación de un Estado de sitio y el encarcelamiento de más de 40 líderes, así como la muerte de un campesino.

El actual gobierno debería de repensar sus acciones y no seguir manejando dos caras. Ya que por un lado llama a diálogos, pero por el otro reprime a las comunidades. ¿Qué sentido tiene entonces hablar en una mesa de desarrollo rural? cuando las acciones demuestran la muerte extrajudicial de dos campesinos, el encarcelamiento y represión de líderes comunitarios, y la instauración del terror en mujeres y niños, provocando daños psicosociales.

En ambos casos se demuestra que prevalece el interés de pocas familias sobre el interés general de la población. Prevalece el poder del dinero sobre la vida de la gran mayoría.

Es imprescindible el respeto a los derechos de los pueblos, mismos que se encuentran amparados en la Constitución Política de la República de Guatemala y en los Convenios Internacionales ratificados por el Estado.

A mi criterio el actual “Estado de Derecho”, es un concepto que la oligarquía aplica a su sabor y antojo, debemos de repensar el Estado de Derecho lo cual implica construir una sociedad con justicia.

Guatemala, 8 de julio del 2008.


http://www.avancso.org.gt/index_actividades.php?id=189