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sábado, 24 de enero de 2009

¡Reaparece la nefasta Ley de Concesiones!

¡Reaparece la nefasta Ley de Concesiones!

Por el Frente Nacional de Lucha por la defensa de los servicios públicos y los recursos naturales - FNL - Guatemala, 24 de enero de 2009

Este Gobierno, tan neoliberal como los anteriores aunque maquillado con una fuerte dosis de populismo, nos lleva de sorpresa en sorpresa, cada una más amarga que la anterior. Ahora resulta que ha dado su venia para que se apruebe la propuesta de ley 3472, la cual es, ni más ni menos, la misma propuesta de Ley de Concesiones que envió Berger al Congreso desde Mayo del 2006. Es decir, Colom y la UNE siguen fielmente los pasos de su predecesor y le apuestan a la progresiva desaparición del Estado por la vía de ir privatizando sus principales áreas de intervención.
Luego de sufrir dos derrotas consecutivas ante el rechazo puesto de manifiesto en la lucha popular, (la primera durante el Gobierno de Portillo en el 2003, y la segunda en el 2005 durante la administración de Berger), los estrategas de la privatización optaron entonces por cambiarle el nombre: le dejaron de decir “Ley de Concesiones” y pasaron a llamarla “Ley de Participación Público-Privada”, alias con el cual ingresó al Congreso en Mayo del 2006.
Como en ese segundo nombre se mantenía el concepto de lo “privado”, para enmascararla aún más los miembros de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, en su extenso dictamen favorable (98 tediosas páginas), le asignan un nuevo seudónimo y recomiendan que se le denomine “Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica”
Pero debemos tener claro que, en todos los casos, se trata de la misma mica con diferente montera. Llámese como se le llame, es la vía legal para que el sector privado vaya absorbiendo al Estado y reemplazando con servicios privados a cada una de sus instituciones prestadoras de servicios públicos. Es, por ende, una flagrante agresión contra derechos esenciales del pueblo y una consagración del modelo neoliberal, que busca, como uno de sus principales objetivos, el desmantelamiento del Estado.
De conformidad con la información hecha pública en el vespertino “La Hora” en su edición de ayer, 20 de Enero, la Ley de Concesiones busca habilitar al Estado para que entregue al sector privado un amplio conjunto de megaproyectos, contemplados dentro del Plan Puebla-Panamá.
Es de sobra conocido el hecho de que los megaproyectos de este Plan Puebla-Panamá responden, de manera exclusiva, a los intereses económicos de las grandes corporaciones transnacionales y a los intereses militares del Imperio. En ningún momento se formulan en respuesta a los problemas sentidos ni a las necesidades básicas de la población del país.
Tanto así que, por lo pronto, la UNE, la bancada Guatemala y otras bancadas, mencionan de manera pública que la aprobación de esta Ley se plantea para que sea posible desarrollar proyectos como:
  • Ø La remodelación del Aeropuerto La Aurora en su segunda fase.
  • Ø La construcción de la Franja Transversal del Norte.
  • Ø La remodelación y ampliación de infraestructura portuaria marítima.
  • Ø La construcción de Hidroeléctricas
Como puede fácilmente apreciarse, ninguno de los mencionados responde, en absoluto, a lo que los sectores populares estiman prioritario, como lo son los problemas de inseguridad, el inalcanzable costo de la canasta básica, el creciente desempleo, el flagelo de la desnutrición, entre otros problemas afines.
La intención de continuar con la remodelación del aeropuerto es obvio que se orienta en beneficio exclusivo de quienes tienen acceso al uso del aeropuerto, y allí no se puede incluir a los sectores populares. Ya se concluyó la primera fase de esa remodelación, sin que ello haya generado ningún tipo de beneficio hacia el pueblo. Más bien, la transparencia de su ejecución ha sido puesta en duda. Y ello con el agravante de que existe la intención de darlo precisamente en concesión a una empresa privada extranjera. Es decir, de que invirtamos una millonada de los recursos públicos, para que otro venga a disfrutar de las ganancias. Es la forma de saqueo más descarada.
La tristemente célebre Franja Transversal del Norte responde al interés de los azucareros por ampliar sus áreas de cultivo de caña de azúcar o de otros productos desde los cuales puedan destilar etanol u otros biocombustibles. Esa inversión multi-millonaria no se realiza para beneficio de las comunidades campesinas de Nentón o de El Estor ni de ninguna otra, sino que puede, más bien, perjudicarlas, por cuanto pueden verse despojados de sus tierras, de sus recursos hídricos y, el colmo, con el riesgo de que tengan que pagar peaje por circular por donde han transitado libremente durante siglos.
Remodelar la infraestructura portuaria viene a resultar un caso similar al del aeropuerto. ¿Quiénes serán los beneficiarios directos, sino, sobre todo, los exportadores e importadores? La población, como tal, queda fuera de la cobertura de los beneficios. De sobra conocido es el caso del compañero Pedro Zamora que pagó con su vida el oponerse a la privatización del Puerto Quetzal. ¿Cuánta sangre seguirán derramando los ricos y poderosos para lograr sus mezquinos objetivos?
La construcción de hidroeléctricas, (que con bombos y platillos anuncia el diputado por San Marcos, Luis A. Contreras), ha sido claramente rechazada por las poblaciones de ese Departamento y de todo el país. El sólo hecho de que este diputado informe de que la Ley de Concesiones permite la construcción, por manos privadas, de las dos hidroeléctricas que menciona para San Marcos, es muestra de cómo esta Ley resulta contraria al sentir y al pensar de la población.
La Ley de Concesiones no debe, bajo ninguna circunstancia, ser aprobada. Los diputados deben recordar que, en el 2006, desde los sectores populares, con el respaldo de la Universidad de San Carlos, se formuló una propuesta alternativa a esta que ahora han aprobado en primera lectura. Esa propuesta debe ser tomada en cuenta por los legisladores.
La ley de Concesiones, cualquiera que sea el nombre que quieran darle, no debe ser aprobada, porque sienta las bases jurídicas para una acelerada desaparición del Estado, devorado por la codicia de los grandes empresarios locales y de las corporaciones transnacionales.
Los diputados que hayan votado a favor de esta nefasta iniciativa han traicionado a su pueblo, al pueblo que los eligió. Han legislado en contra de los derechos e intereses del pueblo, puede ser que por miopía política (en el mejor de los casos), o por responder a oscuras presiones e intereses.
Llama la atención el hecho de que este proceso avanza rodeado de silencio por parte de los grandes medios de prensa y de los voceros estatales. Casi como si quisieran aprobar esta Ley en secreto. Como si quisieran dar la puñalada por la espalda, sin que la víctima se percate de la amenaza que corre.
Nos corresponde, entonces, a las organizaciones populares, el trasladar esta información al conocimiento del pueblo.
La Ley de Concesiones no debe ser aprobada, porque permitiría que la privatización encuentre un marco jurídico que la ampare con mayor fuerza. Sería como convertir al Estado en un pastel y ofrecérselo a pedazos al sector privado, para que los vaya devorando uno a uno.

¡No a la Ley de Concesiones! ¡La Lucha Sigue!

FNL - www.estamosdefrente.blogspot.com

miércoles, 21 de enero de 2009

Audiencia en la casa presidencial a un año de Gobierno de Colom...

Audiencia en la casa presidencial

El 15 de enero se reunieron los presidentes Roberto Alejos del Poder Legislativo, Rubén Eliú Herrera del Organismo Judicial y Rafael Espada presidente en funciones del Poder Ejecutivo para dar la audiencia a representantes de las comunidades de San Juan Sacatepéquez, de Livingston Izabal, de San Marcos y de Coatepeque junto con representantes de organizaciones campesinas y de la asociación de abogados mayas.

La audiencia se pidió para exigir nuevamente a las autoridades de qué cumplan con sus compromisos. “No es una mesa de diálogo porque las comunidades ya no quieren seguir desgastándose en dichas reuniones sin ver ningún resultado”, aclara Isabel Solís representante del “Encuentro Campesino” de las comunidades de Livingston Izabal. “Estuvimos en una mesa de diálogo con el alto comisionado de la ONU por 6 meses, pero mientras que nos entretenían ahí, la empresa aprovechó para instalarse en nuestras comunidades. Estas son las nuevas estrategias y políticas que se manejan”, explica un portavoz de las comunidades de San Juan Sacatepéquez. “Exigimos qué reparen los daños y qué se suspendan las actividades porque estas empresas no tienen la licencia social”, dice Javier de León, miembro de la asociación ADISMI de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, refiriéndose a las empresas “Montana” y “Cementos Progreso”. El representante de los vendedores y comerciantes de Coatepeque aclara que el que está violando el Estado de Prevención es el mismo alcalde del municipio Coatepeque: Edwin Rolando Vega Pérez y denuncia su actitud racista y discriminatoria con expresiones tales como: “Como los indígenas nos son cien por ciento Coatepecanos, no tienen derecho en progresar en el municipio.”

Los acuerdos que se tomaron en la audiencia son los siguientes:

- La visita de los presidentes a los lugares afectados por el trabajo de las empresas Montana y Cementos Progreso

- La revisión de las licencias de explotación minera en estos y otros lugares del país

- La revisión de los procesos judiciales en contra de Ramiro Choc de Livingston Izabal y cuatro personas de San Juan Sacatepéquez

- La revisión de la persecución de la Asociación de Abogados Mayas.

- La revisión de los órdenes de captura contra representantes comunitarios

- La revisión de las leyes vigentes y pendientes relacionadas con los Derechos de los Pueblos Indígenas

- La revisión del Estado de Prevención en Coatepeque

Entre las y los en la audiencia presentes se acordó un marco de 15 días para tener resultados en cuanto a las exigencias de las comunidades. Si nuevamente la respuesta será nada más que ignorancia e indiferencia de parte de los poderes mencionados, las comunidades tendrán que pensar en otras acciones.

http://chiapas.indymedia.org/article_161616


viernes, 28 de noviembre de 2008

EL TERRITORIO NO SE VENDE, SE DEFIENDE!...

LA MINERÍA METÁLICA Y EL DERECHO DEL PUEBLO A DECIDIR

Periodista Lic. Marco Tulio Araya entrevista a Monseñor Álvaro Ramazzini, Obispo de la Diócesis de San Marcos, Guatemala

Noviembre de 2008

Las consultas comunitarias se empiezan a dar en relación a las licencias para exploración de metales que otorga el gobierno por medio del Ministerio del Ambiente, ¿cuándo y cómo fue que la exploración minera llegó a la Diócesis de San Marcos, Guatemala?

Bueno, nos llegó hace ya más de 7 años. Cuando nos enteramos ya la compañía Montana, que en ese tiempo pertenecía a la Glamis Gold -una compañía canadiense- ya había comprado los terrenos, ya tenían los permisos legales; todo eso lo hicieron ellos en secreto, porque no se supo. Ellos lo dieron a conocer hasta cuando iban a empezar a hacer la actividad de explotación.

Fue entonces cuando nos dimos cuenta y tratamos de concertar una entrevista con ellos y ellos también quisieron entrevistarse con nosotros porque nosotros reaccionamos fuertemente delante de esto ya que tenemos muchos años de trabajar en desarrollo humano y nos parecía que no era esa la manera o el camino para poder lograr procesos de desarrollo integral en la región.

Fue así, ya cuando nos dimos cuenta ya teníamos el asunto encima de nosotros.

¿Cuál fue su reacción y sus primeras acciones en relación a la minería?

La primera reacción fue informarnos porque para nosotros era un tema totalmente nuevo, ver los pros y los contras y luego tomar la decisión de estar en desacuerdo con la actividad extractiva. Tuvimos un par de encuentros con personeros de la compañía Montana, ellos nos informaban de cuáles iban a ser los beneficios, cuáles serían las ventajas, nosotros le respondíamos con argumentos contrarios y al final no llegamos a ningún acuerdo como era lógico.

Entonces dejamos el asunto ahí y tomamos una posición radicalmente contraria a la explotación minera.

Después de estudiar el tema de la minería metálica y hacer un balance en relación a costos, beneficios y aspectos ambientales ¿cuál es su posición con respecto a la minería metálica?

Aquí tal vez, hay que hacer antes un presupuesto. El presupuesto es que en la ley guatemalteca, en la Constitución de la República, la actividad extractiva está permitida. La Constitución de la República permite lo que llaman el uso racional y técnico de lo que está debajo del subsuelo. En ese sentido, aunque nosotros no quisiéramos la actividad extractiva de minería, de oro, plata o cualquier otro metal, no podemos dejar de hacerlo puesto que la constitución lo permite.

De modo que si quisiéramos tomar una posición totalmente radical, negativa, tendríamos que cambiar la Constitución; ahí ya tenemos entonces un elemento que nos amarra. Por otro lado, la posición mía y la posición de la Conferencia Episcopal ha sido la de decir que este tipo industria no va a resolver el problema de la pobreza en Guatemala y que la minería metálica no es la alternativa para un desarrollo integral, sostenible con respecto al medio ambiente en el país.

Por lo tanto hay en este momento más elementos en contra que elementos a favor, tomando siempre como base el presupuesto constitucional. Nosotros en ese sentido estamos insistiendo que hay necesidad de usar los recursos que están debajo del subsuelo con condiciones muy precisas como por ejemplo el menor daño al medio ambiente; luego está el tema de la utilización en este caso de la mina de oro y de plata, de no usar cianuro; está el tema del agua, es decir en una región donde hay escasez de agua yo diría que no puede hacerse un tipo de actividad de este tipo porque va a consumir miles de galones de agua que son necesarios para la población; es fundamental un estudio de impacto ambiental con parámetros muy altos y con un control del monitoreo del daño que puede hacer.

Estas podrían ser algunas condiciones para que en un momento dado uno pudiera decir, hagamos este tipo de actividad, pero a la larga yo me convenzo que la minería metálica, ni va a resolver el problema de la pobreza, va a dañar el medio ambiente y no va a ser de beneficio para el país.

Luego está todo el tema de los beneficios económicos. Hoy por hoy los beneficios económicos son para las transnacionales: vienen toman el oro se lo llevan y se enriquecen, enriquecen a los accionistas de estas compañías y luego el país se queda pobre, tan pobre como antes. Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene apoyar un tipo de iniciativas de esta naturaleza? ¿Han realizado ustedes estudios del agua en el proyecto minero?

Sí, nosotros tenemos los resultados del monitoreo que estamos haciendo del agua, en donde llamábamos la atención al Gobierno de Guatemala, al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de Energía y Minas sobre la preocupación, que ya estamos verificando, que hay un aumento de metales pesados en el agua. Es verdad que nuestros análisis no están hechos en laboratorios certificados pero eso no quiere decir que nuestros laboratorios no tengan la calidad que deban de tener.

En ese sentido nosotros dimos un grito de alerta porque sí estamos muy preocupados de que esta contaminación pueda seguir aumentando. Personalmente me preocupa mucho lo qué va a pasar con esa laguna de la cola de presas que se ha venido haciendo ahí en la mina, en la zona de San Miguel Ixtahuacán porque hasta ahora no sabemos si el agua de esa cola de presa está contaminada, no sabemos qué grado de contaminación tiene; en tercer lugar no sabemos ¿cómo van a descargar toda esa agua?, ¿a dónde va a ir a parar? y luego no se ha hecho ningún estudio sobre la filtración subterránea de esa cola de presas porque, aunque desde el principio pusieron cubiertas sobre la tierra, eso no significa que no va a ver filtraciones.

¿Quién se va a encargar del estudio? ¿Quién lo va a verificar? ¿Hasta dónde se puede llegar a establecer que los mantos acuíferos subterráneos estén agotándose por el agua que está utilizando la mina?... bueno son problemas que nosotros se los estamos tirando al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Medio Ambiente, pidiéndoles a los ministros que intervengan. Debo de decir que la actitud del Ministro del Medio Ambiente es muy positiva porque el es un ambientalista convencido.

Tuve un encuentro también con el ministro de energía y minas, pero fue un encuentro donde hubo intercambio de ideas pero no es que hubiéramos llegado a un acuerdo, es decir, yo no escuché una declaración del Ministro de Energía y Minas diciendo “bueno vamos a parar la industria extractiva”, cosa que si sucede en el caso del Ministro del Medio Ambiente que dice, “yo estoy dispuesto a que sobre cualquier cosa se respete el medio ambiente en este país”.

Sobre el tema del ambiente, el Papa Benedicto ha criticado la explotación minera y otros proyectos que dañan el medio ambiente. Textualmente dijo el Papa recientemente: “Hay cicatrices en la superficie de nuestra Tierra, erosión, deforestación, derroche de los recursos minerales y de los océanos, para satisfacer al consumo insaciable”. ¿Qué significa para usted y la iglesia esta declaración?

Una palabra de apoyo. Y sobre todo una convergencia porque es precisamente lo que nosotros hemos dicho: de qué nos sirve tener oro y plata si no tenemos agua, de qué nos sirve tener oro y plata si los mantos acuíferos se secan, de que nos sirve tener oro y plata si la gente va a seguir tan pobre porque los beneficios de esta actividad no van a llegar a ellos, de que nos sirve tener oro y plata si el cianuro puede envenenar la vida de la fauna o de la flora o aún de personas que estén en los alrededores. Yo, con las palabras del Papa Benedicto XVI y también con palabras del Papa Juan Pablo II, encuentro que hay una gran coincidencia entre lo que ellos dicen y lo que nosotros estamos viendo y viviendo aquí mismo.

En relación a las consultas comunitarias que los municipios han organizado y realizado, ¿cuál es su opinión?
Yo las apoyo totalmente porque creo que legalmente no estamos haciendo nada fuera de la ley: el Código Municipal lo permite, el convenio 169 de la OIT lo permite en el caso de las poblaciones indígenas. En segundo lugar la población no tiene otro modo de expresar sus deseos y expresar su voluntad más que estas consultas comunitarias. Yo creo que las consultas comunitarias deben de seguir haciéndose en diferentes lugares del país. Aquí nosotros ya hemos hecho en varios municipios, Huehuetenango también ya ha hecho varias y nosotros vamos a seguir insistiendo en que se oiga la voluntad de la gente del lugar, porque es esa gente la que ahí se queda viviendo. Los que trabajan en la mina llegan, hacen lo que tienen que hacer y se van.

Pero quienes se quedan viviendo allí son las comunidades, entonces estas comunidades tienen todo el derecho de expresar lo que piensan, lo que sienten después de haber sido informados, porque este es otro tema: porque las compañías mineras dicen “ya informamos”, “ya lo publicamos en los periódicos”… pero esa no es una información, aquí la gente lee poco el periódico aparte de que muchos no saben leer español y por otro lado es una información que no llega a las grandes mayorías.

Entonces nosotros apoyamos definitivamente las Consultas Comunitarias como una expresión popular de la voluntad de las comunidades y eso al final es democracia.

Se ha dicho oficialmente que las consultas son legales y legítimas pero no vinculantes, ¿cuál es su opinión con respecto a esta posición jurídica? Bueno, yo no la acepto. No la acepto porque si es verdad que no son vinculantes lo entiendo que lo dicen porque no hay una ley que los sostenga, pero ¿quién hace las leyes en este país? ¿Hasta donde hay una intervención directa de las poblaciones en la elaboración de las leyes?... es casi nula y cuando yo veo los representantes al congreso de la república, a los diputados, veo que no hay un interés por buscar el bien del país. Entonces yo digo, no hablemos aquí de principios legales, hablemos de principios éticos, de principios morales y un principio ético es que los bienes de la tierra deben estar al servicio de todas las personas en este caso, el agua por ejemplo.

Si una actividad de este tipo va a afectar el uso del agua no es ético entonces seguir haciéndola. Yo insisto en que no dejemos las cosas solo a nivel legal sino a nivel ético, a nivel moral, porque esas leyes que no reconocen que las consultas comunitarias son vinculantes, son leyes que benefician a la clase siempre rica, la que ha tenido siempre dinero, porque al final, tenemos que reconocer, que el sistema legal guatemalteco ha sido hecho en general para apoyar posiciones de concentración de riqueza y de concentración de poder económico. ¿Qué ventajas tienen las Consultas Comunitarias para las poblaciones indígenas y campesina?

Las ventajas es que la gente puede expresarse, no necesita un documento, no necesita estar registrado en el Tribunal Supremo Electoral. En segundo lugar es una ocasión para que la comunidad exprese lo que siente. No olvidemos que hemos vivido casi 40 años de guerra en este país y en ese tiempo no había libertad de expresión.

El que dijera algo contrario a la política de estado de tierra arrasada, o a la política del ejército de acabar con la guerrilla o aún a veces también de criticar ciertas facciones guerrilleras, en este país significaba la muerte.

Entonces yo creo que si ahora las comunidades puedan expresar lo que piensan con toda libertad, es un paso adelante en la consolidación de la democracia y sobre todo en la corresponsabilidad de cuidar este país. Yo creo que el hecho de que las poblaciones expresen sus inquietudes, sus deseos sus preocupaciones, va a favorecer un sentido más profundo de nacionalismo, de cuidar este país porque al final ¿qué va a pasar con las generaciones que vienen atrás?

Entonces yo creo que la consulta comunitaria es un instrumento muy apto para hacer crear la conciencia de que somos administradores de los bienes de la naturaleza y que tenemos que trabajarlos de tal manera, que las generaciones que vengan puedan también gozar de esos beneficios como nosotros lo estamos haciendo.

De acuerdo a la experiencia que tienen para realizar consultas comunitarias, ¿qué consejos le daría los líderes y organizaciones que quieran realizar una consulta? Yo diría que lo primero es tomar la decisión de involucrarse, en segundo lugar hay que hacer las cosas de modo que tampoco se manipule a la población, es decir, la población tiene que ser informada. Para eso está el alcalde con su consejo, está la posibilidad de un cabildo en el que el alcalde con su consejo señala los puntos a discutir en el cabildo abierto y ahí se toma la decisión de si se hace o no se hace la consulta.

Es muy importante hacer un trabajo muy fino, muy en la base de información, de decir las cosas como son, de no ocultar nada, de no ser populistas, ni tampoco de tomar actitudes ya de prejuicios, sino dar una información verás que le ayude a las personas y a las comunidades a ver qué es la verdad de las cosas y luego animar a una participación en estas consultas y hacerlas en días en las que la población pueda estar presente y en días en los que haya una facilidad de transporte, facilidad de medios de para que lleguen a la consulta. Pero yo creo que el concejo mío es no tener miedo, tener decisión y tener la voluntad firme de hacerla.

http://www.conflictosmineros.net/al/html/modules.php?name=News&file=article&sid=1105

domingo, 16 de noviembre de 2008

Comunicado - Comunidades de San Juan Sacatepequez. NO A LA CEMENTERA, NO A LA CRIMINALIZACION DE LA LUCHA!

Las comunidades Qa molo qi kachiqueles de San Juan Sacatepéquez a la opinión pública nacional e internacional hacen saber

Las doce comunidades que nos hemos opuesto a la construcción privada de una cantera para la extracción de minerales y a la operación de una planta para la producción de cemento en el municipio de San Juan Sacatepequez, consideramos que la mejor manera de enfrentar el conflicto desencadenado por el irrespeto absoluto a nuestros derechos es por la vía del diálogo. De esta cuenta hemos manifestado nuestra disposición de concurrir a una mesa de acercamiento con la Empresa Cementos Progreso, facilitada por la Secretaría de la Paz y acompañada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fundación Rigoberta Menchú Tum, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, la Defensoría de Pueblos Indígenas del Procurador de Derechos Humanos y la Iglesia Católica.
A la mesa hemos concurrido con la frente en alto y hemos expresado nuestra voluntad de discutir la problemática a pesar de que la propaganda que se maneja en nuestra contra nos presenta como delincuentes, terroristas e irrespetuosos de la ley, lo cual ha costado cárcel, vejación y zozobra para muchos de nuestros dirigentes.
Durante el tiempo transcurrido luego de establecida la mesa, hemos sido respetuosos y no hemos dado lugar a un debilitamiento del proceso estando a la espera de una ruta de discusión y una metodología que permita abordar a fondo el problema. Sin embargo, aunque en la mesa los representantes de Cementos Progreso, expresan buena voluntad y respeto al proceso hay acciones que contradicen sus palabras y que son motivo, a nuestro entender, de provocación a las comunidades.
Entre los hechos más recientes y que hoy denunciamos están:
  1. Trabajos de medición en terrenos de Santo Domingo Xenacoj colindantes con las comunidades en conflicto y algunos en propiedad de comunitarios de San Juan, para la construcción de una carretera impulsada aparentemente por el gobierno, la municipalidad de Santo Domingo Xenancoj y la empresa y que el día lunes, 10 de los corrientes, dieron lugar a que los habitantes del Pilar II se reunieran y decidieran trasladar a las personas que estaban haciendo la medición a la alcaldía auxiliar del lugar para solicitarles los permisos e información sobre los trabajos que estaban realizando. Más tarde las autoridades comunitarias pusieron a estas personas en manos de miembros de la estación de la PNC en la cabecera municipal. Creemos que este es un acto de provocación que no solamente indica que la empresa seguirá actuando de manera arbitraria sino que puede dar lugar al desencadenamiento de hechos violentos que obliguen otra vez a la intervención del estado y consecuentemente imponga el silencio a las comunidades.
  2. La agresión de la que fueron objeto con armas de fuego, la noche de ese mismo día, pobladores de la comunidad de San José Ocaña y de la que resultaron heridos Silvestre Camey Sabán, Santo Camey Saban, Pablo Tubac Car y Emiliano Camey Bor. El hecho se dió cuando estos comunitarios atravesaban un tramo carretero que se encuentra en el área de la finca privada San José Ocaña.

Ante estos hechos Las comunidades Qa molo qi kachiqueles de San Juan Sacatepéquez:
  1. Manifestamos que no somos nosotros los responsables de generar la violencia y menos seremos los responsables de obstaculizar el proceso de acercamiento.
  2. Condenamos los actos de provocación y la agresión de la que fueron objeto miembros de nuestras comunidades para lo cual exigimos a las autoridades de justicia se realice una exhaustiva investigación y procesamiento de los responsables
  3. Manifestamos nuestro respaldo al proceso facilitado por la Secretaría de la Paz y nuestra disposición a fortalecerlo.
  4. Exhortamos a la empresa a que sea coherente y que siga nuestro ejemplo dando muestras de verdadera voluntad y respeto.
San Juan Sacatepéquez, Guatemala, 14 noviembre de 2008

domingo, 9 de noviembre de 2008

VIDEO. RESISTENCIA Y LUCHA CONTRA CEMENTERA EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ



Les invitamos a mirar el vídeo realizado por periodistas independientes sobre la resistencia y lucha que ejercen los campesinos/as del Municipio de San Juan Sacatepequez, del departamento de Guatemala, para defender su territorio y para prohibir la instalación de "Cementos Progreso". El Gobierno de Alvaro Colom viene reprimiendo esta poblacion desde ya meses, defendiendo los intereses de esta empresa:
http://video.google.com/videoplay?docid=-6201116963483827316&hl=es


Les invitamos tambien a leer y difundir los comunicados del CUC (Comité de Unidad Campesina) denunciando la represión y criminalizacion de los lideres comunitarios de San Juan Sacatepequez:

http://www.cuc.org.gt/comunicado_37.html
http://www.cuc.org.gt/comunicado_28.html
http://www.cuc.org.gt/comunicado_27.html
http://www.cuc.org.gt/comunicado_25.html

BASTA YA DE REPRESIÓN Y CRIMINALIZACION DE LA LUCHA CAMPESINA!
EL TERRITORIO NO SE VENDE, SE DEFIENDE!

sábado, 9 de agosto de 2008

EL DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ES DIA DE LUCHA Y RESISTENCIA

EL DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ES DIA DE LUCHA Y RESISTENCIA



Este 9 de agosto de 2008, se conmemora, una vez más, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Con tal motivo, el Comité de Unidad Campesina CUC eleva su voz, junto a nuestros hermanos y hermanas de Abya Yala para exigir nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas, que incluye el derecho y control de nuestros territorios y recursos naturales, a mantener nuestra identidad cultural diferenciada, a vivir sin discriminación y sin la amenaza del genocidio y a tener acceso seguro a las tierras y los recursos esenciales para nuestro bienestar y nuestra forma de vida.

Durante siglos, nuestros pueblos han mantenido una relación estrecha con la Madre Tierra que nos da la vida, con los cerros y montañas; con los nacimientos de agua, ríos y lagos y con los distintos seres vivos que forman el universo del cual somos parte y que hemos cuidado desde hace muchas generaciones. Ahora todo lo que forma nuestro mundo se ve amenazado ante el apetito de las empresas extranjeras y nacionales, que apoyadas por los gobiernos nos están quitando lo que por siglos nos ha pertenecido.

El cultivo de caña y palma africana se está extendiendo por todos lados y se nos está arrebatando el agua y las tierras de nuestros abuelos; la exploración y explotación minera se adueña de las riquezas del subsuelo, arrasa con todo lo vivo que hay en el suelo y contamina el agua; la exploración petrolera destruye montañas y centros arqueológicos; la construcción de grandes represas inunda tierras productivas y de vivienda de comunidades indígenas; la construcción de grandes proyectos de carreteras y puertos para el paso de mercancías desde los Estados Unidos, se hacen encima de nuestros territorios; la invasión de las tierras de nuestros antepasados declarándolas áreas protegidas, es una forma “legal” de arrebatarnos lo que durante décadas hemos cuidado y nos convierte en “invasores” de nuestras tierras y las de nuestros antepasados. Las leyes del país no reconocen nuestra forma de vida, nuestro idioma, nuestras costumbres, ni nuestros derechos.

Ante todas estas amenazas los Pueblos Indígenas hemos levantado distintas formas de lucha para defendernos: protestas, manifestaciones, defensa de nuestros recursos naturales, consultas populares, memoriales, reuniones, etc. En lugar de respetar nuestros derechos se dan ordenes de captura y ahora en Guatemala, luchar por derechos colectivos, es un delito por el cual se nos persigue y se desata una campaña en los medios de comunicación que están al servicio de los ricos, acusándonos de terroristas, invasores y delincuentes. En contra de líderes y liderezas indígenas se hacen y ejecutan ordenes de captura, sin respetar el debido proceso y ahora incluso se persigue a los abogados y abogadas que actúan en nuestra defensa.

Denunciamos que el actual gobierno del señor Colom y sus funcionarios tienen un corazón doble y mentiroso. Por un lado ponen banderas que representan los colores de la cosmovisión maya, nombran “embajadores indígenas” y dicen tener rostro maya, y por el otro lado, se han puesto al frente de una ola de intervenciones militares y represión extrema contra las comunidades indígenas. Por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz este gobierno que dice impulsar “tiempos de solidaridad” ha ordenado la ocupación y cerco militar de comunidades indígenas que luchan por defender su territorio; en escasos seis meses ha decretado dos estados de excepción y ha utilizado al ejército junto a la PNC para ejecutar desalojos de nuestras comunidades. Este es un gobierno represivo, racista y excluyente que hace uso de un discurso falso para ocultar la entrega de nuestras tierras y territorios a las empresas nacionales y extranjeras.

Este despojo junto al alto precio del combustible, los alimentos y los insumos agropecuarios para producir, nos está llevando a que aumente el hambre y la desnutrición. Desde hace unos 10 años Guatemala perdió la capacidad de producir sus propios alimentos, debido a la política que favorece la producción de productos agrícolas que se venden en el extranjero; mientras nuestras comunidades cada vez tienen menos tierra para sembrar el sagrado maíz y demás productos para nuestra alimentación.

Exigimos, junto a miles de nuestros hermanos y hermanas, que se respete la voluntad de nuestras comunidades que en casi 30 municipios han dicho NO a la minería y se reconozca que tenemos derecho a decidir sobre nuestras tierras y recursos tal y como lo hemos hecho en las consultas populares y comunitarias.

Es por estas razones que el Comité de Unidad Campesina llama, en este aniversario del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a que mantengamos y levantemos nuestra Resistencia; a organizarnos para defender a nuestra Madre Tierra que no se debe comprar ni vender, sino recuperar y defenderla; a preparar nuestras medidas de seguridad y autodefensa ante el aumento de la represión y a ir construyendo una fuerza organizada de comunidades y pueblos indígenas capaz de oponerse a los planes gubernamentales y de los ricos nacionales y extranjeros que están tratando de despojarnos nuevamente de nuestros territorios y todo lo que en ellos vive.

En este aniversario nos estamos movilizando y llamamos a las comunidades, familias y personas, indígenas y no indígenas a unirse y resistir, porque necesitamos alzar nuestra voz y defender nuestros territorios; para expresar nuestro rechazo a que la lucha por la defensa de la Madre Tierra la hayan convertido en un delito por el que nos persiguen; porque las políticas gubernamentales, el alto costo del combustible y la utilización de cada vez de más tierras para la producción de caña y palma africana ha elevado el precio del maíz y los productos de primera necesidad y porque necesitamos defender nuestra forma de vida y nuestra cultura.


Que todos se levanten, que se llame a todos, que nadie se quede atrás.

¡Viva el Día Internacional de los Pueblos Indígenas!


Iximulew, agosto 2008

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
de las y los trabajadores del Campo


COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC–
MIEMBRO DE CNOC, WAQIB’ KEJ, CLOC Y LA VIA CAMPESINA

viernes, 11 de julio de 2008

Pueblos indígenas en Guatemala: necesidad de cambios estructurales

Queremos publicar este articulo para recordar a la lucha de las comunidades campesinas e indígenas hoy en dia por defender sus derechos como pueblos. LIBERTAD A RAMIRO CHOC!

Pueblos indígenas en Guatemala: necesidad de cambios estructurales
Andrés Cabanas

Miércoles 26 de diciembre de 2007, por Revista Pueblos

http://www.revistapueblos.org/spip.php?article723

¿Por qué en Guatemala no se consolida un movimiento alternativo al modelo neoliberal, patriarcal y discriminador dominante? ¿Cuál es la situación del movimiento indígena en un contexto de derechización, agudizada tras el proceso electoral? ¿Qué influencia tienen los cambios en América del Sur en el devenir del país? ¿Son posibles transformaciones estructurales en el corto plazo? En el siguiente artículo aportaremos algunas ideas para tratar de dar respuesta a estas y otras cuestiones.

Que Guatemala no es Bolivia y que Rigoberta Menchú no se parece a Evo Morales quedó demostrado en las pasadas elecciones. Los malos resultados obtenidos por Rigoberta en su intento por convertirse en la primera presidenta mujer e indígena del país (un 3,06 por ciento de votación, equivalente a 100.365 votos) y el abrumador predominio de fuerzas conservadoras en el próximo Congreso (152 de los 158 diputados [1]) señalan diferencias sensibles entre el país centroamericano y las realidades del Cono Sur. Aquí, a regañadientes y con contradicciones, se apuntan procesos de superación de la larga noche neoliberal y neocolonial.

El racismo y el machismo explican parcialmente la escasa votación obtenida por el partido de Rigoberta Menchú [2]. Además, hay que considerar como causas de la misma: la debilidad de un proyecto conformado desde arriba hacia abajo, con la población como convidada y no como actora protagónica; la alianza con sectores empresariales, que impidió que el programa electoral mencionara la reforma tributaria o la reforma agraria, entre otros temas, y la desvinculación entre la propuesta electoral y el movimiento social.

Más allá del proceso electoral, persisten en las organizaciones indígenas la desarticulación, la división, la hegemonía de oficinas y ONG sin base social. Avances esperanzadores, como la constitución de la Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej, a finales de 2003, no han logrado consolidarse y convertirse en referente alternativo.

Entre los aspectos negativos sobresale la incapacidad de articular una alianza sólida entre izquierda política, movimientos sociales y movimiento maya, sin la cual es complicado imaginar un proyecto transformador.

Las secuelas del conflicto armado (miedo a la organización, desestructuración social y comunitaria), las lógicas de la supervivencia (que priman lo inmediato frente a lo estratégico), la preeminencia de la mentalidad del colonizado (dependencia-sumisión hacia los factores de poder), la caducidad de liderazgos y formas organizativas (oenegeización, tematización de las luchas, sectarismo), las tensiones poco debatidas y poco sintetizadas entre clase, etnia y género (claves en un país de mayoría rural, indígena y femenina) explican, sin agotar, la debilidad y escasa relevancia a nivel nacional del movimiento indígena y, en general, del movimiento social y la izquierda.

El contexto internacional es, asimismo, determinante. Guatemala continúa siendo aliado estratégico fundamental para Estados Unidos: su frontera sur, llave del paso de migrantes, el traslado de droga desde los países productores y cortina ideológica ante los cambios que se precipitan, no sólo en el Cono Sur sino en el propio istmo centroamericano: Nicaragua, aún con las limitaciones del danielismo y su crónico déficit ético; El Salvador, con el agotamiento del proyecto del partido gobernante, ARENA, de cara a las elecciones de 2009; Costa Rica, con la oposición al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el desmantelamiento del Estado de Bienestar.

La rebelión de las comunidades

A pesar del contexto nacional y regional, en el espacio comunitario y local de Guatemala es posible observar esfuerzos organizativos con capacidad de generar dinámicas de ruptura. En primer lugar, las consultas comunitarias contra la minería, la extracción de petróleo y las grandes hidroeléctricas. Desde junio de 2004 se han producido consultas en municipios de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Sacatepéquez y Zacapa, con mayoritario rechazo a la explotación de los bienes de las comunidades [3]. Durante los próximos cuatro años, los promotores de las consultas se enfrentarán al reto de convertirlas en vinculantes para el gobierno, un proceso que generará mayor movilización social y posiblemente brotes de violencia.

En segundo lugar, la emergencia de nuevos liderazgos indígenas y sociales, eventualmente formados en universidades, que acompañan las luchas de sus comunidades, como sucede en el caso de Sipakapa, departamento de San Marcos, con la oposición a la empresa minera Montana, o en las luchas contra la privatización del agua de Totonicapán.

En tercer lugar, la fuerza de la cosmovisión en la conformación del pensamiento y el proyecto político de los pueblos indígenas de Guatemala, que permite pensar en un proyecto organizativo superador de la democracia electoral y el sistema de partidos. Este factor diferencia positivamente a Guatemala de la mayoría del movimiento indígena en el resto del continente.

En cuarto lugar, el reinicio de debates públicos, como la autonomía, la refundación del Estado, la reforma agraria y la reforma tributaria, aplazados o debilitados después de la firma de los Acuerdos de Paz.

Diferentes factores, entre ellos la historia y la geografía, determinan que en Guatemala exista una difícil comunicación centro-ciudad con las áreas rurales y no capitalinas y agudizan la dificultad de articular un proyecto nacional incluyente de las diversidades étnicas y sociales.

Se trataría entonces de vincular experiencias consolidadas y autónomas de organización local (algunas de las cuales han sobrevivido desde la conquista) y liderazgos comunitarios emergentes, con las organizaciones de ámbito nacional, para promover cambios similares a los impulsados en Bolivia, Ecuador o Venezuela: fortalecimiento del Estado, soberanía sobre los bienes naturales, papel secundario del mercado, comercio solidario en el marco de relaciones internacionales justas y constitución de un Estado multinacional.

Los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, dejaron un país democráticamente incompleto, con el ejercicio de la ciudadanía reducido al acto electoral. Los resultados de las pasadas elecciones vuelven a aplazar el espacio para la transformación. Pero los tiempos para los cambios estructurales, cambios que avancen hacia la construcción de un país incluyente, justo y democráticamente diverso, pueden y deben acortarse.


Andrés Cabanas es periodista y colaborador habitual de Pueblos. Este artículo ha sido publicado en el nº 29 de la revista Pueblos, diciembre de 2007.

Notas

[1] Incluyo a la Unidad Nacional de la Esperanza dentro de los partidos políticos con pensamiento de derecha. Aunque se autodefine como socialdemócrata, sus propuestas económicas, sociales y políticas lo sitúan en el ámbito de las formaciones conservadoras.

[2] Encuentro por Guatemala-Winaq, que postuló a Rigoberta Menchú, obtuvo 4 escaños en las elecciones parlamentarias. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Movimiento Amplio de Izquierdas, URNG-Maíz, única organización con un programa de izquierdas, obtuvo dos escaños.

[3] Hasta el momento de escribir este artículo se han realizado consultas en: Río Hondo, departamento de Zacapa; Ixcán, departamento de Quiché; San Juan Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez; Sipakapa, Comitancillo, Concepción Tutuapa e Ixchiguán, departamento de San Marcos: Colotenango, San Juan Atitán, Todos Santos Cuchumatanes, Concepción Huista, Santiago Chimaltenango, Santa Eulalia, San Pedro Necta, San Antonio Huista, Santa Cruz Barillas y San Sebastián en el departamento de Huehuetenango. En todas las consultas ha existido un rechazo superior al 95 por ciento a los proyectos de explotación de los bienes naturales.