Audiencia en la casa presidencial
El 15 de enero se reunieron los presidentes Roberto Alejos del Poder Legislativo, Rubén Eliú Herrera del Organismo Judicial y Rafael Espada presidente en funciones del Poder Ejecutivo para dar la audiencia a representantes de las comunidades de San Juan Sacatepéquez, de Livingston Izabal, de San Marcos y de Coatepeque junto con representantes de organizaciones campesinas y de la asociación de abogados mayas.
La audiencia se pidió para exigir nuevamente a las autoridades de qué cumplan con sus compromisos. “No es una mesa de diálogo porque las comunidades ya no quieren seguir desgastándose en dichas reuniones sin ver ningún resultado”, aclara Isabel Solís representante del “Encuentro Campesino” de las comunidades de Livingston Izabal. “Estuvimos en una mesa de diálogo con el alto comisionado de la ONU por 6 meses, pero mientras que nos entretenían ahí, la empresa aprovechó para instalarse en nuestras comunidades. Estas son las nuevas estrategias y políticas que se manejan”, explica un portavoz de las comunidades de San Juan Sacatepéquez. “Exigimos qué reparen los daños y qué se suspendan las actividades porque estas empresas no tienen la licencia social”, dice Javier de León, miembro de la asociación ADISMI de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, refiriéndose a las empresas “Montana” y “Cementos Progreso”. El representante de los vendedores y comerciantes de Coatepeque aclara que el que está violando el Estado de Prevención es el mismo alcalde del municipio Coatepeque: Edwin Rolando Vega Pérez y denuncia su actitud racista y discriminatoria con expresiones tales como: “Como los indígenas nos son cien por ciento Coatepecanos, no tienen derecho en progresar en el municipio.”
Los acuerdos que se tomaron en la audiencia son los siguientes:
- La visita de los presidentes a los lugares afectados por el trabajo de las empresas Montana y Cementos Progreso
- La revisión de las licencias de explotación minera en estos y otros lugares del país
- La revisión de los procesos judiciales en contra de Ramiro Choc de Livingston Izabal y cuatro personas de San Juan Sacatepéquez
- La revisión de la persecución de la Asociación de Abogados Mayas.
- La revisión de los órdenes de captura contra representantes comunitarios
- La revisión de las leyes vigentes y pendientes relacionadas con los Derechos de los Pueblos Indígenas
- La revisión del Estado de Prevención en Coatepeque
Entre las y los en la audiencia presentes se acordó un marco de 15 días para tener resultados en cuanto a las exigencias de las comunidades. Si nuevamente la respuesta será nada más que ignorancia e indiferencia de parte de los poderes mencionados, las comunidades tendrán que pensar en otras acciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario