Por el Frente Nacional de Lucha por la defensa de los servicios públicos y los recursos naturales - FNL - Guatemala, 24 de enero de 2009
Este Gobierno, tan neoliberal como los anteriores aunque maquillado con una fuerte dosis de populismo, nos lleva de sorpresa en sorpresa, cada una más amarga que la anterior. Ahora resulta que ha dado su venia para que se apruebe la propuesta de ley 3472, la cual es, ni más ni menos, la misma propuesta de Ley de Concesiones que envió Berger al Congreso desde Mayo del 2006. Es decir, Colom y la UNE siguen fielmente los pasos de su predecesor y le apuestan a la progresiva desaparición del Estado por la vía de ir privatizando sus principales áreas de intervención.
Luego de sufrir dos derrotas consecutivas ante el rechazo puesto de manifiesto en la lucha popular, (la primera durante el Gobierno de Portillo en el 2003, y la segunda en el 2005 durante la administración de Berger), los estrategas de la privatización optaron entonces por cambiarle el nombre: le dejaron de decir “Ley de Concesiones” y pasaron a llamarla “Ley de Participación Público-Privada”, alias con el cual ingresó al Congreso en Mayo del 2006.
Como en ese segundo nombre se mantenía el concepto de lo “privado”, para enmascararla aún más los miembros de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, en su extenso dictamen favorable (98 tediosas páginas), le asignan un nuevo seudónimo y recomiendan que se le denomine “Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica”
Pero debemos tener claro que, en todos los casos, se trata de la misma mica con diferente montera. Llámese como se le llame, es la vía legal para que el sector privado vaya absorbiendo al Estado y reemplazando con servicios privados a cada una de sus instituciones prestadoras de servicios públicos. Es, por ende, una flagrante agresión contra derechos esenciales del pueblo y una consagración del modelo neoliberal, que busca, como uno de sus principales objetivos, el desmantelamiento del Estado.
De conformidad con la información hecha pública en el vespertino “La Hora” en su edición de ayer, 20 de Enero, la Ley de Concesiones busca habilitar al Estado para que entregue al sector privado un amplio conjunto de megaproyectos, contemplados dentro del Plan Puebla-Panamá.
Es de sobra conocido el hecho de que los megaproyectos de este Plan Puebla-Panamá responden, de manera exclusiva, a los intereses económicos de las grandes corporaciones transnacionales y a los intereses militares del Imperio. En ningún momento se formulan en respuesta a los problemas sentidos ni a las necesidades básicas de la población del país.
Tanto así que, por lo pronto, la UNE, la bancada Guatemala y otras bancadas, mencionan de manera pública que la aprobación de esta Ley se plantea para que sea posible desarrollar proyectos como:
La intención de continuar con la remodelación del aeropuerto es obvio que se orienta en beneficio exclusivo de quienes tienen acceso al uso del aeropuerto, y allí no se puede incluir a los sectores populares. Ya se concluyó la primera fase de esa remodelación, sin que ello haya generado ningún tipo de beneficio hacia el pueblo. Más bien, la transparencia de su ejecución ha sido puesta en duda. Y ello con el agravante de que existe la intención de darlo precisamente en concesión a una empresa privada extranjera. Es decir, de que invirtamos una millonada de los recursos públicos, para que otro venga a disfrutar de las ganancias. Es la forma de saqueo más descarada.
La tristemente célebre Franja Transversal del Norte responde al interés de los azucareros por ampliar sus áreas de cultivo de caña de azúcar o de otros productos desde los cuales puedan destilar etanol u otros biocombustibles. Esa inversión multi-millonaria no se realiza para beneficio de las comunidades campesinas de Nentón o de El Estor ni de ninguna otra, sino que puede, más bien, perjudicarlas, por cuanto pueden verse despojados de sus tierras, de sus recursos hídricos y, el colmo, con el riesgo de que tengan que pagar peaje por circular por donde han transitado libremente durante siglos.
Remodelar la infraestructura portuaria viene a resultar un caso similar al del aeropuerto. ¿Quiénes serán los beneficiarios directos, sino, sobre todo, los exportadores e importadores? La población, como tal, queda fuera de la cobertura de los beneficios. De sobra conocido es el caso del compañero Pedro Zamora que pagó con su vida el oponerse a la priva
tización del Puerto Quetzal. ¿Cuánta sangre seguirán derramando los ricos y poderosos para lograr sus mezquinos objetivos?
La construcción de hidroeléctricas, (que con bombos y platillos anuncia el diputado por San Marcos, Luis A. Contreras), ha sido claramente rechazada por las poblaciones de ese Departamento y de todo el país. El sólo hecho de que este diputado informe de que la Ley de Concesiones permite la construcción, por manos privadas, de las dos hidroeléctricas que menciona para San Marcos, es muestra de cómo esta Ley resulta contraria al sentir y al pensar de la población.
La Ley de Concesiones no debe, bajo ninguna circunstancia, ser aprobada. Los diputados deben recordar que, en el 2006, desde los sectores populares, con el respaldo de la Universidad de San Carlos, se formuló una propuesta alternativa a esta que ahora han aprobado en primera lectura. Esa propuesta debe ser tomada en cuenta por los legisladores.
La ley de Concesiones, cualquiera que sea el nombre que quieran darle, no debe ser aprobada, porque sienta las bases jurídicas para una acelerada desaparición del Estado, devorado por la codicia de los grandes empresarios locales y de las corporaciones transnacionales.
Los diputados que hayan votado a favor de esta nefasta iniciativa han traicionado a su pueblo, al pueblo que los eligió. Han legislado en contra de los derechos e intereses del pueblo, puede ser que por miopía política (en el mejor de los casos), o por responder a oscuras presiones e intereses.
Llama la atención el hecho de que este proceso avanza rodeado de silencio por parte de los grandes medios de prensa y de los voceros estatales. Casi como si quisieran aprobar esta Ley en secreto. Como si quisieran dar la puñalada por la espalda, sin que la víctima se percate de la amenaza que corre.
Nos corresponde, entonces, a las organizaciones populares, el trasladar esta información al conocimiento del pueblo.
La Ley de Concesiones no debe ser aprobada, porque permitiría que la privatización encuentre un marco jurídico que la ampare con mayor fuerza. Sería como convertir al Estado en un pastel y ofrecérselo a pedazos al sector privado, para que los vaya devorando uno a uno.
Luego de sufrir dos derrotas consecutivas ante el rechazo puesto de manifiesto en la lucha popular, (la primera durante el Gobierno de Portillo en el 2003, y la segunda en el 2005 durante la administración de Berger), los estrategas de la privatización optaron entonces por cambiarle el nombre: le dejaron de decir “Ley de Concesiones” y pasaron a llamarla “Ley de Participación Público-Privada”, alias con el cual ingresó al Congreso en Mayo del 2006.
Como en ese segundo nombre se mantenía el concepto de lo “privado”, para enmascararla aún más los miembros de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, en su extenso dictamen favorable (98 tediosas páginas), le asignan un nuevo seudónimo y recomiendan que se le denomine “Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica”
Pero debemos tener claro que, en todos los casos, se trata de la misma mica con diferente montera. Llámese como se le llame, es la vía legal para que el sector privado vaya absorbiendo al Estado y reemplazando con servicios privados a cada una de sus instituciones prestadoras de servicios públicos. Es, por ende, una flagrante agresión contra derechos esenciales del pueblo y una consagración del modelo neoliberal, que busca, como uno de sus principales objetivos, el desmantelamiento del Estado.
De conformidad con la información hecha pública en el vespertino “La Hora” en su edición de ayer, 20 de Enero, la Ley de Concesiones busca habilitar al Estado para que entregue al sector privado un amplio conjunto de megaproyectos, contemplados dentro del Plan Puebla-Panamá.
Es de sobra conocido el hecho de que los megaproyectos de este Plan Puebla-Panamá responden, de manera exclusiva, a los intereses económicos de las grandes corporaciones transnacionales y a los intereses militares del Imperio. En ningún momento se formulan en respuesta a los problemas sentidos ni a las necesidades básicas de la población del país.
Tanto así que, por lo pronto, la UNE, la bancada Guatemala y otras bancadas, mencionan de manera pública que la aprobación de esta Ley se plantea para que sea posible desarrollar proyectos como:
- Ø La remodelación del Aeropuerto La Aurora en su segunda fase.
- Ø La construcción de la Franja Transversal del Norte.
- Ø La remodelación y ampliación de infraestructura portuaria marítima.
- Ø La construcción de Hidroeléctricas
La intención de continuar con la remodelación del aeropuerto es obvio que se orienta en beneficio exclusivo de quienes tienen acceso al uso del aeropuerto, y allí no se puede incluir a los sectores populares. Ya se concluyó la primera fase de esa remodelación, sin que ello haya generado ningún tipo de beneficio hacia el pueblo. Más bien, la transparencia de su ejecución ha sido puesta en duda. Y ello con el agravante de que existe la intención de darlo precisamente en concesión a una empresa privada extranjera. Es decir, de que invirtamos una millonada de los recursos públicos, para que otro venga a disfrutar de las ganancias. Es la forma de saqueo más descarada.
La tristemente célebre Franja Transversal del Norte responde al interés de los azucareros por ampliar sus áreas de cultivo de caña de azúcar o de otros productos desde los cuales puedan destilar etanol u otros biocombustibles. Esa inversión multi-millonaria no se realiza para beneficio de las comunidades campesinas de Nentón o de El Estor ni de ninguna otra, sino que puede, más bien, perjudicarlas, por cuanto pueden verse despojados de sus tierras, de sus recursos hídricos y, el colmo, con el riesgo de que tengan que pagar peaje por circular por donde han transitado libremente durante siglos.
Remodelar la infraestructura portuaria viene a resultar un caso similar al del aeropuerto. ¿Quiénes serán los beneficiarios directos, sino, sobre todo, los exportadores e importadores? La población, como tal, queda fuera de la cobertura de los beneficios. De sobra conocido es el caso del compañero Pedro Zamora que pagó con su vida el oponerse a la priva
tización del Puerto Quetzal. ¿Cuánta sangre seguirán derramando los ricos y poderosos para lograr sus mezquinos objetivos?La construcción de hidroeléctricas, (que con bombos y platillos anuncia el diputado por San Marcos, Luis A. Contreras), ha sido claramente rechazada por las poblaciones de ese Departamento y de todo el país. El sólo hecho de que este diputado informe de que la Ley de Concesiones permite la construcción, por manos privadas, de las dos hidroeléctricas que menciona para San Marcos, es muestra de cómo esta Ley resulta contraria al sentir y al pensar de la población.
La Ley de Concesiones no debe, bajo ninguna circunstancia, ser aprobada. Los diputados deben recordar que, en el 2006, desde los sectores populares, con el respaldo de la Universidad de San Carlos, se formuló una propuesta alternativa a esta que ahora han aprobado en primera lectura. Esa propuesta debe ser tomada en cuenta por los legisladores.
La ley de Concesiones, cualquiera que sea el nombre que quieran darle, no debe ser aprobada, porque sienta las bases jurídicas para una acelerada desaparición del Estado, devorado por la codicia de los grandes empresarios locales y de las corporaciones transnacionales.
Los diputados que hayan votado a favor de esta nefasta iniciativa han traicionado a su pueblo, al pueblo que los eligió. Han legislado en contra de los derechos e intereses del pueblo, puede ser que por miopía política (en el mejor de los casos), o por responder a oscuras presiones e intereses.
Llama la atención el hecho de que este proceso avanza rodeado de silencio por parte de los grandes medios de prensa y de los voceros estatales. Casi como si quisieran aprobar esta Ley en secreto. Como si quisieran dar la puñalada por la espalda, sin que la víctima se percate de la amenaza que corre.
Nos corresponde, entonces, a las organizaciones populares, el trasladar esta información al conocimiento del pueblo.
La Ley de Concesiones no debe ser aprobada, porque permitiría que la privatización encuentre un marco jurídico que la ampare con mayor fuerza. Sería como convertir al Estado en un pastel y ofrecérselo a pedazos al sector privado, para que los vaya devorando uno a uno.
¡No a la Ley de Concesiones! ¡La Lucha Sigue!
FNL - www.estamosdefrente.blogspot.com
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