EL 26 DE ENERO 2009
El Vicariato Apostólico de Petén, en su reunión de Agentes de Pastoral de los días 26 y 27 de enero de 2009, quiere dar a conocer a la opinión pública y al Gobierno social-demócrata que preside el Ing, Álvaro Colom, su enérgica protesta ante la intervención de la PNC y d
el Ejército en varias comunidades de la Laguna del Tigre contra hombres, mujeres, niños y niñas, y que se ha saldado con dos personas muertas, varios heridos y más de 40 personas detenidas. Nuestra Constitución comienza señalando que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común (art. 1).
La acción ha sido justificada, por parte del Gobernador Departamental, para rescatar a dos guardarrecursos del CONAP retenidos por los campesinos hace varios días, retención que no compartimos, y que éstos habían hecho como protesta ante el brutal desalojo de la comunidad El Vergelito y como medida de presión para provocar un diálogo con las autoridades, en particular con el Gobernador y la Directora de CONAP.
Creemos que en este caso se ha repetido la incapacidad institucional para lograr un diálogo con los campesinos, solicitado por ellos en repetidas ocasiones, y que se ha actuado represivamente sin agotar las vías pacíficas ni buscar y hasta rechazar la mediación de otras instituciones
.
Pero el problema no es solo de incapacidad sino que denunciamos también una falta de voluntad política para la búsqueda de esas soluciones dialogadas. De hecho, la Pastoral Social y la PDH, el año pasado comenzaron a facilitar un espacio para la conformación de una Mesa de Diálogo entre las instituciones estatales y las comunidades asentadas en las áreas protegidas, con el objetivo de clarificar la situación de muchas de estas comunidades, lograr una política de asentamientos humanos tal como lo prescribe la ley, que favorezca el desarrollo humano de las comunidades en armonía con la Naturaleza y para dar alternativas a las comunidades que tuvieran que salir de la zona. De hecho, la Pastoral Social ha acompañado a un grupo asentado ilegalmente para buscar un lugar donde vivir fuera de la Reserva. Pues bien, a dicho proceso de diálogo las instituciones del Estado en Petén solo asistieron a la primera reunión y se negaron a continuar el proceso. Los campesinos han mantenido la voluntad de diálogo y ya tienen perfilada su propuesta que pretenden hacer llegar a instancias nacionales a través de la Comisión del Congreso para el Desarrollo de Petén. Queremos también aprovechar para solidarizarnos con el Pastor Luterano Pilar Álvarez que también fue detenido en su defensa de Las Granadillas, Zacapa, después de varios intentos infructuosos de diálogo con las autoridades de la zona.
No se puede generalizar a la población asentada en la Áreas Protegidas de narcotraficantes, terroristas, secuestradores e invasores y con ello justificar un ataque indiscriminado contra la población, ya que eso es volver a lógicas y acciones del pasado represivo y además niega los lineamientos pregonados por el actual Gobierno. El mismo Gobierno ha reconocido su incapacidad para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico y no interviene de esta forma en sus feudos, pero sí que lo hace, en un claro abuso de poder, contra familias campesinas, la inmensa mayoría de ellas pobres y que han vuelto a ver helicópteros, tanquetas, policías y soldados apuntando hacia ellos, saqueando tiendas, quemando casas y hasta asesinando personas. No encontramos justificación alguna para esta acción.
Es por ello que solicitamos al Gobierno de la República, que ha permitido esta acción, la destitución de las autoridades responsables de estos hechos y la rápida instalación de una Mesa de Diálogo para que las comunidades asentadas en la Áreas Protegidas y los entes encargados de su administración busquen soluciones y alternativas que procuren el desarrollo sostenible de la zona.
En Santa Elena, Petén 27 de enero de 2009
el Ejército en varias comunidades de la Laguna del Tigre contra hombres, mujeres, niños y niñas, y que se ha saldado con dos personas muertas, varios heridos y más de 40 personas detenidas. Nuestra Constitución comienza señalando que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común (art. 1).La acción ha sido justificada, por parte del Gobernador Departamental, para rescatar a dos guardarrecursos del CONAP retenidos por los campesinos hace varios días, retención que no compartimos, y que éstos habían hecho como protesta ante el brutal desalojo de la comunidad El Vergelito y como medida de presión para provocar un diálogo con las autoridades, en particular con el Gobernador y la Directora de CONAP.
Creemos que en este caso se ha repetido la incapacidad institucional para lograr un diálogo con los campesinos, solicitado por ellos en repetidas ocasiones, y que se ha actuado represivamente sin agotar las vías pacíficas ni buscar y hasta rechazar la mediación de otras instituciones
.Pero el problema no es solo de incapacidad sino que denunciamos también una falta de voluntad política para la búsqueda de esas soluciones dialogadas. De hecho, la Pastoral Social y la PDH, el año pasado comenzaron a facilitar un espacio para la conformación de una Mesa de Diálogo entre las instituciones estatales y las comunidades asentadas en las áreas protegidas, con el objetivo de clarificar la situación de muchas de estas comunidades, lograr una política de asentamientos humanos tal como lo prescribe la ley, que favorezca el desarrollo humano de las comunidades en armonía con la Naturaleza y para dar alternativas a las comunidades que tuvieran que salir de la zona. De hecho, la Pastoral Social ha acompañado a un grupo asentado ilegalmente para buscar un lugar donde vivir fuera de la Reserva. Pues bien, a dicho proceso de diálogo las instituciones del Estado en Petén solo asistieron a la primera reunión y se negaron a continuar el proceso. Los campesinos han mantenido la voluntad de diálogo y ya tienen perfilada su propuesta que pretenden hacer llegar a instancias nacionales a través de la Comisión del Congreso para el Desarrollo de Petén. Queremos también aprovechar para solidarizarnos con el Pastor Luterano Pilar Álvarez que también fue detenido en su defensa de Las Granadillas, Zacapa, después de varios intentos infructuosos de diálogo con las autoridades de la zona.
No se puede generalizar a la población asentada en la Áreas Protegidas de narcotraficantes, terroristas, secuestradores e invasores y con ello justificar un ataque indiscriminado contra la población, ya que eso es volver a lógicas y acciones del pasado represivo y además niega los lineamientos pregonados por el actual Gobierno. El mismo Gobierno ha reconocido su incapacidad para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico y no interviene de esta forma en sus feudos, pero sí que lo hace, en un claro abuso de poder, contra familias campesinas, la inmensa mayoría de ellas pobres y que han vuelto a ver helicópteros, tanquetas, policías y soldados apuntando hacia ellos, saqueando tiendas, quemando casas y hasta asesinando personas. No encontramos justificación alguna para esta acción.
Es por ello que solicitamos al Gobierno de la República, que ha permitido esta acción, la destitución de las autoridades responsables de estos hechos y la rápida instalación de una Mesa de Diálogo para que las comunidades asentadas en la Áreas Protegidas y los entes encargados de su administración busquen soluciones y alternativas que procuren el desarrollo sostenible de la zona.
En Santa Elena, Petén 27 de enero de 2009
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