EXIGIMOS LA LIBERTAD DE RAMIRO CHOC, PRESO POLITICO!

DEBATE PUBLICO SOBRE EL CASO DE RAMIRO CHOC

FISCALÍA DE PUERTO BARRIOS, GUATEMALA

JUEVES 26 DE FEBRERO

A PARTIR DE LAS 9.00 hrs

Este próximo jueves dará comienzo un debate publico en donde los abogados encargados de la defensa del líder campesino Ramiro Choc tienen la oportunidad de presentar todas las pruebas y las investigaciones referentes al caso en donde se demuestra la INOCENCIA de Ramiro Choc.

Esta instancia es fundamental ya que de ella depende la libertad del compañero, y en ese sentido es que convocamos a la comunidad nacional e internacional a que estén expectantes de este día, y al respecto les pedimos que difundan y manden cartas de solidaridad a nuestro correo, las cuales serán entregadas al líder campesino Ramiro Choc.

Desde ya, les damos las gracias... ¡LA LUCHA SIGUE!

¡NO A LA CRIMINALIZACION Y REPRESIÓN DE LA LUCHA!

POLÍTICA REPRESIVA DEL ESTADO Y EXISTENCIA DE PRESOS POLÍTICOS EN GUATEMALA

15 de febrero de 2009.FP-SDS
Organizaciones populares como el Bloque Antiimperialista, H.I.J.O.S., el Frente Popular por la Sobernía, la Dignidad y la Solidaridad, el Comité de Unidad Campesina, Encuentro Campesino, entre otras, denunciaron la existencia de una política de represión del Estado guatemalteco contra la organización y los líderes sociales campesinos, indígenas, sindicales y populares.
Suspensión de garantías civiles, desalojos violentos, asesinato de líderes, caputuras anómalas e ilegales, detención de líderes sociales, forman parte de la política de criminalización que el Estado guatemalteco, bajo la conducción de Álvaro Colom, esta impulsando en defensa de los intereses de las empresas transnacionales y nacionales, en su afán de permitir la explotación y expoliación de los recursos naturales, la apropiación de tierras nacionales, municipales y comunales, etc. Se denunciaron los distintos hechos ocurridos en Livingston en Izabál, Coatepeque en Quetzaltenango, San Juan Sacatepeque en Guatemala, Laguna del Tigre en El Petén, el caso de la Empresa Salvavidas de la familia oligárquica Castillo en contra el Sindicato de Trabajadores SITRAPETEN, entre otros.
En el acto realizado el 14 de febrero en la Plaza de la Constitución de Guatemala, participaron diversos oradores, entre los cuales estuvieron Alfonso Bauer Paiz y Mario Sosa del Frente Popular por la Soberanía, la Dignidad y la Solidaridad, Raúl Nájera de H.I.J.O.S. e Isabél Solís de Encuentro Campesino, quienes expresaron los fundamentos de esta denuncia.
Se resaltó particularmente, el caso del asesinato de Mario Caal y la detención del dirigente campesino, Ramiro Choc, hechos que cumplieron un año de haber sido consumados por las fuerzas policiales, militares y judiciales, constituyéndose en la primera ejecución extrajudicial y el primer detenido político del gobierno de Alvaro Colom. En este mismo sentido exigieron la agilización del proceso judicial y la liberación de Ramiro Choc, así como detener el constante acoso y amenaza del cual sigue siendo objeto en el lugar de su detención política.
Uno de los disertantes hizo un llamado a todas las organizaciones sociales y populares, para unirse en una Campaña nacional e internacional de denuncia contra esta políticas. Asímismo, llamó e impugnó a las organizaciones e instituciones de Derechos Humanos para investigar y denunciar esta política.

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-- VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA.
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Encuentro de Solidaridad

CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA

PROTESTA Y

POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS

POLÍTICOS EN GUATEMALA

i

Parque Central

10:00 a.m

14 de febrero de 2008
A un año de la detención del líder Q'eqchi'

Ramiro Choc

Frente Popular por la Solidaridad, Dignidad y Soberanía

Bloque Antiimperialista

Colectivo Rolando Morán

Encuentro Campesino

Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas

CUC

HIJOS

Comité Pro-justicia Nueva Linda

Resistencia de los Pueblos

saludos compañeros y compañeras

saludos compañeros y compañeras

Les contamos que el día 14 de febrero (próximo sábado) estaremos partiendo a Nueva Linda

K 207. carretera a Champerico, para hacer entrega de una buena cantidad de Ropa que una Señora del Mercado la Placita Gustosamente nos Hizo llegar para la lucha de Nueva Linda.
No queremos desaprovechar para SOLICITARLES si se tiene en sus casas mas ropa en buen estado, Juguetes y Útiles Escolares para solidarizarnos con los compañeros que siguen permaneciendo a la orilla de la carretera Exigiendo JUSTICIA en la Costa Sur..!!!
para mayor Información se pueden comunicar al tel. 52 10 30 64o llevar las cosas a H.I.J.O.S. (2da calle a 7-13 zona 2.)

La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo.

Eduardo Galeano


Bloque Anti imperialista

NUEVO DESALOJO EN LAGUNA DEL TIGRE, PETEN.

NUEVO DESALOJO EN LAGUNA DEL TIGRE, PETEN. EL EJERCITO Y LA POLICIA SE LLEVARON LOS MUERTOS Y HERIDOS A LUGARES DECONOCIDOS. A raíz del desalojo en El Vergelito, Laguna del Tigre, Peten, el 20 de enero recién pasado, el ejército, la policía nacional civil, CONAP procedió al desalojo por segunda ocasión a las 45 familias concentradas en la comunidad Santa Amelia, San Andrés, Peten, desde las 6:00 de la mañana del día 26 de enero. Como resultado de dicho desalojo, la policía y el ejército disparó indiscriminadamente en contra de la población civil, según líderes de dichas comunidades murieron el señor Fermín García de la comunidad Los Tubos y otro niño que no se tiene el nombre. Hay más muertos y heridos, pero no se tienen nombres, porque la misma policía recogió a los muertos y heridos los trasladó en las radiopatrullas a lugares desconocidos. Los líderes de las comunidades expresan el temor de ser desaparecidos los cadáveres de sus seres queridos y que sus heridos puedan ser ejecutados extrajudicialmente. Además hay varios miembros de las comunidades detenidas, que los han conducido a lugares desconocidos, donde se teme por su seguridad y su vida. Tanto el ejército como la policía saquearon las pequeñas tiendas y robaron el ahorro de las familias de la comunidad, rompiendo puertas de las casas y armarios. Los líderes y liderezas de las comunidades afectadas afirman, "rechazamos categóricamente que seamos narcotraficantes y delincuentes, como afirma el señor presidente de la República, somos 37 comunidades, de más de 20,000 personas que vivimos más de 15 años en el área de Laguna del Tigre, donde desarrollamos la actividad agrícola, sin embargo no nos dejan en paz para desarrollar nuestra vida, nos quitan los machetes, animales domésticos y a los ganaderos del mismo área no le dicen nada, tampoco a la empresa PERENCO que perfora pozos y extrae petróleo en el área. De este hecho de violencia se responsabiliza al señor gobernador departamental Rudel Alvarez y la directora de CONAP Mariela López, porque no han dado lugar al diálogo con estas comunidades que cuentan con el respaldo de un Acuerdo de Permanencia firmado desde 1996. EXIGIMOS al señor Presidente de la República:

a. Poner fin a la persecución y desalojo contra las comunidades de Laguna del Tigre.

b. Procesar a los responsables de este hecho de violencia institucionalizada, amparado por el Estado de Guatemala.

c. Entregar todos los cadáveres, heridos y detenidos ilegalmente a sus familiares.

d. Conformar una comisión de Alto Nivel para tratar el conflicto con las 37 comunidades de Laguna del Tigre.

A LAS ORGANIZACIONES HERMANAS Y DE DERECHOS HUMANOS, nacional e internacional a repudiar este hecho de violencia contra la vida y por la defensa de la Madre Tierra.

"…NUNCA ESQUIVE LA RUDA PELEA,SI DEFIENDE SU TIERRA Y SU HOGAR…"

Guatemala 27 de enero, 2009.

Coordinadora Nacional Indígena y Campesina CONIC

Miembro de la Unidad de Acción Sindical y Popular UASP, Waq'ib Kej, CLOC y Vía Campesina Internacional

29° aniversario de la masacre de la embajada de España

29° aniversario de la masacre de la embajada de España

GAM-Grupo de Apoyo Mutuo

El Grupo de Apoyo Mutuo, exige juicio y castigo a los genocidas responsables de la masacre de la Embajada de España. La saña con que estos criminales atacaron a la población civil indefensa, no tiene parangón en la historia reciente de la humanidad, ya que las personas que ocupaban dichas instalaciones fueron inmoladas. Ante el estupor e incredulidad de la opinión pública el gobierno de Guatemala optó por quemar vivas a las 37 personas que habían encontrado refugio en la oficina del Embajador, en el primer piso del edificio.

29 años atrás las fuerzas de seguridad comandadas en ese entonces por Donaldo Álvarez Ruiz, Germán Chupina Barahona y Pedro Arredondo, dentro de los más connotados, tomaron la decisión de acallar la propuesta de un grupo de campesinos provenientes de varias aldeas de el departamento de Quiché, quienes se encontraban en la ciudad capital, buscando ser atendidos por las autoridades de turno, con el propósito de que se detuviera la represión de la que eran objeto en sus comunidades por parte de miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad del país.

Se trataba de campesinos (del Comité de Unidad Campesina), obreros (de la Federación de Trabajadores de Guatemala), pobladores (de la Coordinadora de Pobladores) y estudiantes (del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García) que habían ocupado pacíficamente las instalaciones de la Embajada de España demandando que el Ejército nacional saliera de El Quiché, departamento ocupado militarmente y donde se protagonizaban los más aberrantes hechos de violación a los derechos humanos.

Ante la ausencia de respuesta por parte del gobierno de Lucas García los campesinos. Acompañados por estudiantes y sindicalistas tomaron la decisión, de ocupar las instalaciones de la embajada de España, con el objetivo de que tanto la opinión pública nacional como la internacional, hicieran eco de sus demandas, a fin de detener la ola represiva que afectaba sus comunidades, sus familias y sus vidas propias.

Ante una petición tan justa y apropiada, el embajador de España en Guatemala accedió a mediar entre los ciudadanos guatemaltecos y el Estado; Sin embargo ni el ministro de Relaciones Exteriores, ni el del Interior quisieron responder a la acción humanitaria del embajador.

Al contrario de lo que se esperaba, fue enviado un comando de las fuerzas de seguridad, que sin buscar el dialogo arrojaron bombas incendiarias al interior de la sede diplomática dándole muerte no solo a los activistas guatemaltecos, sino a altos funcionarios de gobiernos anteriores entre ellos un ex vicepresidente. Pero también murieron españoles entre ellos el cónsul y secretarios

La acción represiva no concluyó en ese momento. Continúo durante muchos días más en que fueron brutalmente desaparecidos, torturados o asesinados dirigentes de organizaciones estudiantiles, campesinas y sindicales. La población guatemalteca acompañó multitudinariamente el entierro, al tiempo que francotiradores de las fuerzas de seguridad disparaban a la multitud de manera reiterada, dando muerte así a otros ciudadanos.

Al conmemorarse 29 años de este execrable crimen, el Grupo de Apoyo Mutuo, hace un llamado a las organizaciones de la sociedad civil que luchan por el respeto y vigencia de los Derechos Humanos, a apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales, buscando que los responsables de este y todos los demás hechos de violación a los derechos humanos, cometidos en el marco del Enfrentamiento Armado Interno, sean juzgados por las masacres realizadas en contra de la población civil guatemalteca.

Los autores materiales e intelectuales del genocidio cometido contra la población indefensa, deben ser expuestos ante la opinión pública, para que la noche negra y de terror que vivió Guatemala, no se vuelva a repetir.

Las víctimas de la masacre de la embajada de España son las siguientes:

Luis Antonio Ramirez (Estudiante)

Felipe Antonio García Rac (Obrero)

Edgar Rodolfo Negreros Straube (Estudiante)

Vicente Menchú (Catequista de Chimel, Espantán)

Salomón Tavico (Campesino de El Quiché).

Gaspar Vivi (Campesino de Chajul)

Leopoldo Pineda (Estudiante)

Mateco Sic Chen (Cristiano de Chimel)

Gavina Moran Chupe (Campesina de San Pablo El Baldío)

José Angel Xona Gomez (Campesino de San Pablo El Baldío)

Sonia Magaly Welchez Valdez (Estudiante).

Regina Pol Cuy (Campesina de Chimel, Uspantán).

María Ramirez Anay (Campesina de Chimel, Uspantán)

María Ramirez Anay (hermana de la anterior)

Juan Tomás Lux (Campesino de Chimel, Uspantán)

María Pinula Lux (Campesina de Chimel, Uspantán)

Trinidad Gomez Hernandez (Poblador)

Mateo Sis (Campesino de San Pablo El Baldío)

Victor Gomez Zacarías (Campesino de Santa Cruz, El Quiché)

Francisco Tum Castro (Aldea Los Platanos, Uspantán)

Juan Chic Hernandez (Malalahuel, Uspantán)

Mateo Lopez Calvo (Campesino de Santa Cruz, El Quiché)

Francisco Chen (Campesino de Rabinal, Baja Verapaz)

Gegorio Yuja Xona (Campesino de San Pablo El Baldío)

Juan Us Chic (Campesino de Chimel, Uspantán).

Juan López Yac (Campesino de Malacalajau)

Juan José Yos (Campesino de Santa Lucía Cotzumalguapa)

Eduardo Caceres Lehnoff (Ex vicepresidente de Guatemala)

Adolfo Molina Orantes (Ex ministro de relaciones exteriores de Guatemala)

Jaime Cruz del Arbol (Consul español en Guatemala)

Luis Felipe Saenz Martinez (Funcionario de la embajada)

Lucrecia de Avilez (Funcionaria de la embajada)

Nora Mena Aceituno (Funcionaria de la embajada)

María Teresa Villa de Santa Fe (Funcionaria de la embajada)

Miriam Rodriguez (Funcionaria de la embajada)

Lucrecia Anleu (Funcionaria de la embajada)

Mary de Barillas (Funcionaria de la embajada).

Guatemala, 31 de enero de 2009

EL GOBIERNO SIGUE DESALOJANDO A LOS CAMPESINOS Y MATANDOLES! BASTA YA!

COMUNICADO DEL VICARIATO APOSTÓLICO DE PETÉN ANTE LA BRUTAL INTERVENCIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA EN LA LAGUNA DEL TIGRE
EL 26 DE ENERO 2009

El Vicariato Apostólico de Petén, en su reunión de Agentes de Pastoral de los días 26 y 27 de enero de 2009, quiere dar a conocer a la opinión pública y al Gobierno social-demócrata que preside el Ing, Álvaro Colom, su enérgica protesta ante la intervención de la PNC y del Ejército en varias comunidades de la Laguna del Tigre contra hombres, mujeres, niños y niñas, y que se ha saldado con dos personas muertas, varios heridos y más de 40 personas detenidas. Nuestra Constitución comienza señalando que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común (art. 1).

La acción ha sido justificada, por parte del Gobernador Departamental, para rescatar a dos guardarrecursos del CONAP retenidos por los campesinos hace varios días, retención que no compartimos, y que éstos habían hecho como protesta ante el brutal desalojo de la comunidad El Vergelito y como medida de presión para provocar un diálogo con las autoridades, en particular con el Gobernador y la Directora de CONAP.

Creemos que en este caso se ha repetido la incapacidad institucional para lograr un diálogo con los campesinos, solicitado por ellos en repetidas ocasiones, y que se ha actuado represivamente sin agotar las vías pacíficas ni buscar y hasta rechazar la mediación de otras instituciones.

Pero el problema no es solo de incapacidad sino que denunciamos también una falta de voluntad política para la búsqueda de esas soluciones dialogadas. De hecho, la Pastoral Social y la PDH, el año pasado comenzaron a facilitar un espacio para la conformación de una Mesa de Diálogo entre las instituciones estatales y las comunidades asentadas en las áreas protegidas, con el objetivo de clarificar la situación de muchas de estas comunidades, lograr una política de asentamientos humanos tal como lo prescribe la ley, que favorezca el desarrollo humano de las comunidades en armonía con la Naturaleza y para dar alternativas a las comunidades que tuvieran que salir de la zona. De hecho, la Pastoral Social ha acompañado a un grupo asentado ilegalmente para buscar un lugar donde vivir fuera de la Reserva. Pues bien, a dicho proceso de diálogo las instituciones del Estado en Petén solo asistieron a la primera reunión y se negaron a continuar el proceso. Los campesinos han mantenido la voluntad de diálogo y ya tienen perfilada su propuesta que pretenden hacer llegar a instancias nacionales a través de la Comisión del Congreso para el Desarrollo de Petén. Queremos también aprovechar para solidarizarnos con el Pastor Luterano Pilar Álvarez que también fue detenido en su defensa de Las Granadillas, Zacapa, después de varios intentos infructuosos de diálogo con las autoridades de la zona.

No se puede generalizar a la población asentada en la Áreas Protegidas de narcotraficantes, terroristas, secuestradores e invasores y con ello justificar un ataque indiscriminado contra la población, ya que eso es volver a lógicas y acciones del pasado represivo y además niega los lineamientos pregonados por el actual Gobierno. El mismo Gobierno ha reconocido su incapacidad para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico y no interviene de esta forma en sus feudos, pero sí que lo hace, en un claro abuso de poder, contra familias campesinas, la inmensa mayoría de ellas pobres y que han vuelto a ver helicópteros, tanquetas, policías y soldados apuntando hacia ellos, saqueando tiendas, quemando casas y hasta asesinando personas. No encontramos justificación alguna para esta acción.

Es por ello que solicitamos al Gobierno de la República, que ha permitido esta acción, la destitución de las autoridades responsables de estos hechos y la rápida instalación de una Mesa de Diálogo para que las comunidades asentadas en la Áreas Protegidas y los entes encargados de su administración busquen soluciones y alternativas que procuren el desarrollo sostenible de la zona.

En Santa Elena, Petén 27 de enero de 2009

El ejército, CONAP, CEPRONA y la Policia Nacional Civil desalojan violentamente a la comunidad Vergelito, Laguna del Tigre, Petén.

El ejército, CONAP, CEPRONA y la Policia Nacional Civil desalojan violentamente a la comunidad Vergelito, Laguna del Tigre, Petén.
Por la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina CONIC - Guatemala, 25 de enero de 2009

Sin orden del juez competente, ni del Ministerio Público y con la ausencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, el ejército, CONAP, CEPRONA y la Policía Nacional Civil procedió a desalojar violentamente a la comunidad Vergelito, miembro de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina –CONIC-, ubicada en Laguna del Tigre, San Andrés, Petén.

Las humildes viviendas de las 45 familias, aproximadamente 250 habitantes, q’eqchì y ladinos, que habitaban la comunidad Vergelito se convirtió en cenizas y carbón. Dentro de estas viviendas había ropa, utensilio de cocinas, instrumentos de labranzas, maíz, fríjol y otros alimentos, se quemó totalmente.

Las familias quedaron en la calle de la amargura. El desalojo fue ejecutado el día 20 de enero en el transcurso de la mañana. Tanto el gobernador y la directora de CONAP justifican el desalojo, porque patrullaban el área, se dieron cuenta de la existencia de viviendas en “área protegida”, procedieron al desalojo, sin las ordenes del juez competente.

La Comunidad Vergelito está asentada en el área desde 1993, hace 16 años, no es ni un asentamiento nuevo. Este desalojo viola flagrantemente los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, con método de “tierra arrasada”, utilizado durante la guerra interna. Además viola un acuerdo de permanencia de las 37 comunidades existentes en la región, firmado desde 1996, como asimismo viola un acuerdo reciente con el gobierno del Presidente Alvaro Colom, de la inmovilidad de estas comunidades.

Responsabilizamos de este desalojo al gobernador departamental de Peten, la directora de CONAP, el director de CEPRONA y Comandante del Ejército en el Peten, como representantes del Estado de Guatemala.

Exigimos al gobierno de Alvaro Colom, dado que estas dependencias están bajo la jurisdicción del Ejecutivo:

a) El resarcimiento de los daños causados a las 45 familias mencionadas y la reconstrucción de su comunidad.

b) Procesar al gobernador, directora de CONAP, CEPRONA y al Comandante del Ejército del Peten, responsables de esta flagrante violación a los derechos humanos y derechos de pueblos indígenas.

c) Dar un tratamiento adecuado y definitivo al conflicto creado con las comunidades asentadas en Laguna del Tigre.

Solicitamos audiencia al presidente de la República y al Congreso de la República para abordar dicho problema.

A las comunidades de Laguna del Tigre su unidad, lucha y resistencia. “Nunca esquive la ruda pelea, si defiende su tierra y su hogar”.


COORDINADORA NACIONAL INDIGENA Y CAMPESINA –CONIC
Miembro de la Unidad de Acción Sindical y Popular UASP, Waq’ib Kej, CLOC y Vía Campesina Internacional

¡Reaparece la nefasta Ley de Concesiones!

¡Reaparece la nefasta Ley de Concesiones!

Por el Frente Nacional de Lucha por la defensa de los servicios públicos y los recursos naturales - FNL - Guatemala, 24 de enero de 2009

Este Gobierno, tan neoliberal como los anteriores aunque maquillado con una fuerte dosis de populismo, nos lleva de sorpresa en sorpresa, cada una más amarga que la anterior. Ahora resulta que ha dado su venia para que se apruebe la propuesta de ley 3472, la cual es, ni más ni menos, la misma propuesta de Ley de Concesiones que envió Berger al Congreso desde Mayo del 2006. Es decir, Colom y la UNE siguen fielmente los pasos de su predecesor y le apuestan a la progresiva desaparición del Estado por la vía de ir privatizando sus principales áreas de intervención.
Luego de sufrir dos derrotas consecutivas ante el rechazo puesto de manifiesto en la lucha popular, (la primera durante el Gobierno de Portillo en el 2003, y la segunda en el 2005 durante la administración de Berger), los estrategas de la privatización optaron entonces por cambiarle el nombre: le dejaron de decir “Ley de Concesiones” y pasaron a llamarla “Ley de Participación Público-Privada”, alias con el cual ingresó al Congreso en Mayo del 2006.
Como en ese segundo nombre se mantenía el concepto de lo “privado”, para enmascararla aún más los miembros de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, en su extenso dictamen favorable (98 tediosas páginas), le asignan un nuevo seudónimo y recomiendan que se le denomine “Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica”
Pero debemos tener claro que, en todos los casos, se trata de la misma mica con diferente montera. Llámese como se le llame, es la vía legal para que el sector privado vaya absorbiendo al Estado y reemplazando con servicios privados a cada una de sus instituciones prestadoras de servicios públicos. Es, por ende, una flagrante agresión contra derechos esenciales del pueblo y una consagración del modelo neoliberal, que busca, como uno de sus principales objetivos, el desmantelamiento del Estado.
De conformidad con la información hecha pública en el vespertino “La Hora” en su edición de ayer, 20 de Enero, la Ley de Concesiones busca habilitar al Estado para que entregue al sector privado un amplio conjunto de megaproyectos, contemplados dentro del Plan Puebla-Panamá.
Es de sobra conocido el hecho de que los megaproyectos de este Plan Puebla-Panamá responden, de manera exclusiva, a los intereses económicos de las grandes corporaciones transnacionales y a los intereses militares del Imperio. En ningún momento se formulan en respuesta a los problemas sentidos ni a las necesidades básicas de la población del país.
Tanto así que, por lo pronto, la UNE, la bancada Guatemala y otras bancadas, mencionan de manera pública que la aprobación de esta Ley se plantea para que sea posible desarrollar proyectos como:

• Ø La remodelación del Aeropuerto La Aurora en su segunda fase.
• Ø La construcción de la Franja Transversal del Norte.
• Ø La remodelación y ampliación de infraestructura portuaria marítima.
• Ø La construcción de Hidroeléctricas

Como puede fácilmente apreciarse, ninguno de los mencionados responde, en absoluto, a lo que los sectores populares estiman prioritario, como lo son los problemas de inseguridad, el inalcanzable costo de la canasta básica, el creciente desempleo, el flagelo de la desnutrición, entre otros problemas afines.
La intención de continuar con la remodelación del aeropuerto es obvio que se orienta en beneficio exclusivo de quienes tienen acceso al uso del aeropuerto, y allí no se puede incluir a los sectores populares. Ya se concluyó la primera fase de esa remodelación, sin que ello haya generado ningún tipo de beneficio hacia el pueblo. Más bien, la transparencia de su ejecución ha sido puesta en duda. Y ello con el agravante de que existe la intención de darlo precisamente en concesión a una empresa privada extranjera. Es decir, de que invirtamos una millonada de los recursos públicos, para que otro venga a disfrutar de las ganancias. Es la forma de saqueo más descarada.
La tristemente célebre Franja Transversal del Norte responde al interés de los azucareros por ampliar sus áreas de cultivo de caña de azúcar o de otros productos desde los cuales puedan destilar etanol u otros biocombustibles. Esa inversión multi-millonaria no se realiza para beneficio de las comunidades campesinas de Nentón o de El Estor ni de ninguna otra, sino que puede, más bien, perjudicarlas, por cuanto pueden verse despojados de sus tierras, de sus recursos hídricos y, el colmo, con el riesgo de que tengan que pagar peaje por circular por donde han transitado libremente durante siglos.
Remodelar la infraestructura portuaria viene a resultar un caso similar al del aeropuerto. ¿Quiénes serán los beneficiarios directos, sino, sobre todo, los exportadores e importadores? La población, como tal, queda fuera de la cobertura de los beneficios. De sobra conocido es el caso del compañero Pedro Zamora que pagó con su vida el oponerse a la privatización del Puerto Quetzal. ¿Cuánta sangre seguirán derramando los ricos y poderosos para lograr sus mezquinos objetivos?
La construcción de hidroeléctricas, (que con bombos y platillos anuncia el diputado por San Marcos, Luis A. Contreras), ha sido claramente rechazada por las poblaciones de ese Departamento y de todo el país. El sólo hecho de que este diputado informe de que la Ley de Concesiones permite la construcción, por manos privadas, de las dos hidroeléctricas que menciona para San Marcos, es muestra de cómo esta Ley resulta contraria al sentir y al pensar de la población.
La Ley de Concesiones no debe, bajo ninguna circunstancia, ser aprobada. Los diputados deben recordar que, en el 2006, desde los sectores populares, con el respaldo de la Universidad de San Carlos, se formuló una propuesta alternativa a esta que ahora han aprobado en primera lectura. Esa propuesta debe ser tomada en cuenta por los legisladores.
La ley de Concesiones, cualquiera que sea el nombre que quieran darle, no debe ser aprobada, porque sienta las bases jurídicas para una acelerada desaparición del Estado, devorado por la codicia de los grandes empresarios locales y de las corporaciones transnacionales.
Los diputados que hayan votado a favor de esta nefasta iniciativa han traicionado a su pueblo, al pueblo que los eligió. Han legislado en contra de los derechos e intereses del pueblo, puede ser que por miopía política (en el mejor de los casos), o por responder a oscuras presiones e intereses.
Llama la atención el hecho de que este proceso avanza rodeado de silencio por parte de los grandes medios de prensa y de los voceros estatales. Casi como si quisieran aprobar esta Ley en secreto. Como si quisieran dar la puñalada por la espalda, sin que la víctima se percate de la amenaza que corre.
Nos corresponde, entonces, a las organizaciones populares, el trasladar esta información al conocimiento del pueblo.
La Ley de Concesiones no debe ser aprobada, porque permitiría que la privatización encuentre un marco jurídico que la ampare con mayor fuerza. Sería como convertir al Estado en un pastel y ofrecérselo a pedazos al sector privado, para que los vaya devorando uno a uno.

¡No a la Ley de Concesiones! ¡La Lucha Sigue!

FNL - www.estamosdefrente.blogspot.com

Audiencia en la casa presidencial a un año de Gobierno de Colom...

Audiencia en la casa presidencial

El 15 de enero se reunieron los presidentes Roberto Alejos del Poder Legislativo, Rubén Eliú Herrera del Organismo Judicial y Rafael Espada presidente en funciones del Poder Ejecutivo para dar la audiencia a representantes de las comunidades de San Juan Sacatepéquez, de Livingston Izabal, de San Marcos y de Coatepeque junto con representantes de organizaciones campesinas y de la asociación de abogados mayas.

La audiencia se pidió para exigir nuevamente a las autoridades de qué cumplan con sus compromisos. “No es una mesa de diálogo porque las comunidades ya no quieren seguir desgastándose en dichas reuniones sin ver ningún resultado”, aclara Isabel Solís representante del “Encuentro Campesino” de las comunidades de Livingston Izabal. “Estuvimos en una mesa de diálogo con el alto comisionado de la ONU por 6 meses, pero mientras que nos entretenían ahí, la empresa aprovechó para instalarse en nuestras comunidades. Estas son las nuevas estrategias y políticas que se manejan”, explica un portavoz de las comunidades de San Juan Sacatepéquez. “Exigimos qué reparen los daños y qué se suspendan las actividades porque estas empresas no tienen la licencia social”, dice Javier de León, miembro de la asociación ADISMI de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, refiriéndose a las empresas “Montana” y “Cementos Progreso”. El representante de los vendedores y comerciantes de Coatepeque aclara que el que está violando el Estado de Prevención es el mismo alcalde del municipio Coatepeque: Edwin Rolando Vega Pérez y denuncia su actitud racista y discriminatoria con expresiones tales como: “Como los indígenas nos son cien por ciento Coatepecanos, no tienen derecho en progresar en el municipio.”

Los acuerdos que se tomaron en la audiencia son los siguientes:

- La visita de los presidentes a los lugares afectados por el trabajo de las empresas Montana y Cementos Progreso

- La revisión de las licencias de explotación minera en estos y otros lugares del país

- La revisión de los procesos judiciales en contra de Ramiro Choc de Livingston Izabal y cuatro personas de San Juan Sacatepéquez

- La revisión de la persecución de la Asociación de Abogados Mayas.

- La revisión de los órdenes de captura contra representantes comunitarios

- La revisión de las leyes vigentes y pendientes relacionadas con los Derechos de los Pueblos Indígenas

- La revisión del Estado de Prevención en Coatepeque

Entre las y los en la audiencia presentes se acordó un marco de 15 días para tener resultados en cuanto a las exigencias de las comunidades. Si nuevamente la respuesta será nada más que ignorancia e indiferencia de parte de los poderes mencionados, las comunidades tendrán que pensar en otras acciones.

http://chiapas.indymedia.org/article_161616