jueves, 10 de julio de 2008

ACCION URGENTE






ACCIÓN URGENTE

Nosotros/Yo, [INGRESAR NOMBRE U ORGANIZACIÓN], denunciamos la ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolom, la criminalización de las luchas campesinas, y la falta de respuestas efectivas del gobierno de Álvaro Colom ante las demandas de legalización de tierras en Livingston, Izabal, Guatemala.


LOS HECHOS:


  1. La muerte violenta de Mario Caal Bolom, es producto de una ejecución extrajudicial. El pasado 24 de mayo, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) emitió una resolución en la que señala la violación al derecho humano a la integridad personal en la muerte de Mario Caal Bolom, el 15 de marzo anterior, en el departamento de Izabal. El informe consigna que el señor Caal fue golpeado antes de morir, y que su cuerpo mostraba una quemadura que se corresponde con el diámetro del tipo de armas utilizadas por los miembros de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC), siendo dicho impacto el que le causó la muerte. La Procuraduría concluye en que existe responsabilidad de la Dirección General de la PNC, de la dirección adjunta, de los agentes, de la fiscal distrital de Izabal, el médico forense, así como de la directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) por negarse a brindar la documentación pertinente durante la investigación.


  1. Más de cien días luego de la detención irregular, encarcelamiento y criminalización del dirigente campesino Ramiro Choc, y de los vicios en el debido proceso que hasta hoy impiden su liberación. El 14 de febrero del 2008, a inmediaciones del Río Dulce, elementos de la Policía Nacional Civil detuvieron a Ramiro Choc, quien, pese a ser día hábil de trabajo, no fue puesto a disposición del juzgado competente de manera inmediata. Desde su detención, el dirigente campesino fue trasladado de un lugar a otro, violándosele derechos fundamentales como, la posibilidad de hacer una llamada telefónica, miembros de la policía nacional lo amenazaron persistentemente, y autoridades judiciales le requirieron firmar un documento que adolecía de una serie de imprecisiones, a lo que él claramente se negó. Esto, entre otros vicios al debido proceso, hasta que al final de ese mismo día fue trasladado a la cárcel del departamento de Zacapa en el marco de un fuerte contingente policial en el que participaron ocho radiopatrullas. Desde la defensa se interpuso un recurso de prejudicialidad, al cual se le dio lugar, presentándose oportunamente las pruebas de su inocencia ante los supuestos delitos de apropiación de tierras, robo agrabado y detención ilegal. Seis días más tarde, Ramiro Choc fue trasladado en horas de la noche al Centro Preventivo de la zona 18, en la ciudad de Guatemala, donde permanece desde entonces, violándosele el derecho constitucional de presunción de inocencia, que garantizaría su libertad. A raíz de lo anterior, y de los intereses involucrados, las comunidades de Livingston y organizaciones campesinas, han declarado al señor Choc, como el primer preso político de este gobierno.


  1. El gobierno de Alvaro Colom ofrece diálogo sin resultados. Ante la sistemática negación de los derechos de posesión y administración de las tierras que ocupan desde hace más de seis décadas, cerca de 26 comunidades q´eqchi´s de Livingston, Izabal han venido desde el 2007 realizando distintas acciones de demanda y lucha social. Sus iniciativas y planteamientos han producido dos respuestas por parte del Estado: por un lado, la criminalización de las organizaciones campesinas y de sus integrantes, y por otro, el establecimiento de mesas de diálogo que al incumplir con los compromisos a los que se llega y no generar resultados concretos, terminan deslegitimando dicho mecanismo de resolución, convirtiéndolo en una medida simplemente dilatoria. De acuerdo a lo que registra un diario de circulación nacional, por ejemplo, en el mes de febrero, fue el mismo Presidente de la República Álvaro Colom, quien acusó públicamente a las comunidades q´eqchi´s de “terroristas”, aduciendo que no negociaría con “ningún grupo ilegal”.



ANTECEDENTES:


En el contexto del incumplimiento de los compromisos que llevaron a la firma de la Paz, y como en muchos países, en Guatemala las estructuras productivas están siendo reorganizadas para hacerlas coincidir con las transformaciones productivas a nivel global. Así, la legislación y las políticas agrarias del Estado, se han enmarcado en la protección de los intereses de las empresas transnacionales, vinculados a los de las elites nacionales.


El municipio de Livingston, Izabal, se sitúa en una región en disputa que tiende a convertirse en uno de los centros neurálgicos del istmo centroamericano. Ello, en tanto que más allá de ser una zona de expansión de la frontera agrícola, distintas actividades económicas como, la extracción petrolera, la explotación maderera y de minerales metálicos, grandes plantaciones de monocultivos para la producción de biocombustibles, la ganadería en función industrial, la construcción de vías de comunicación que integren redes para el traslado de mercancías con los países vecinos, el turismo y las operaciones del narcotráfico, determinan su importancia.


En sintonía con los gobiernos anteriores, la gestión de Álvaro Colom, también ha optado por ignorar la complejidad de la realidad agraria en el país, así como la agudización de la violencia que ella implica. Sólo en los primeros cuatro meses de su gestión se realizaron cinco desalojos y se continúa abordando la problemática de manera tan casuística como aislada.


El encarcelamiento de Ramiro Choc en el mes de febrero, violatorio de derechos humanos fundamentales, se produjo como respuesta a las acciones reivindicativas -tanto legales como políticas- llevadas adelante inicialmente por las familias desalojadas de manera violenta por la PNC unos meses antes, el 21 de junio del 2007, del barrio Buena Vista La Esperanza, Livingston.


A la luz de la injusta detención del señor Choc, nuevas comunidades se movilizaron y las medidas de presión impulsadas, recibieron de nuevo como respuesta la represión por parte del Estado. Fue así, como el 15 de marzo, en horas de la tarde, miembros de la PNC, del Ejército Nacional y de la Marina guatemalteca, llegaron a la Ensenada Puntarenas, disparando gases lacrimógenos, y cercando a las familias de la comunidad. Dicho despliegue de fuerza, buscaba no la solución de la problemática planteada de manera insistente desde hacía meses por las comunidades q´eqchi´s en términos de legalizar sus tierras, sino velar por los derechos de las cuatro personas belgas y dos guatemaltecas, que después de algunas horas, fueron “canjeadas” ilegalmente por las autoridades.


Fue en ese marco de enfrentamiento, entre comunidades desarmadas y fuerzas de seguridad del Estado altamente abastecidas, que la ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolom investigada y dictaminada por la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, aconteció. A la par, y en contraste con la veracidad de los hechos, la mayor parte de los medios de comunicación tienden a favorecer los intereses de los sectores dominantes, contribuyendo a tildar de “terrorista” todo reclamo o defensa colectiva de derechos y/o de recursos, actualmente en riesgo de ser despojados.


PETICIONES:


Dada la gravedad y el carácter paradigmático de los hechos, solicitamos dirigirse en breve a las autoridades guatemaltecas, a fin de que les sea exigida:


  1. La liberación inmediata del señor Ramiro Choc, dada su injusta e ilegal detención.

  2. La reparación moral y material a la familia de Mario Caal Bolom por parte del Estado guatemalteco, por los daños provocados a raíz de su ejecución extrajudicial.

  3. Que el Estado guatemalteco de una respuesta integral a la problemática del territorio de las comunidades q’eqchi´s de Livingston, Izabal.

  4. Que se deje sin efecto las órdenes de captura y de desalojo actualmente en marcha.

  5. Desmilitarizar la región, y no permitir la criminalización de las comunidades ni de las organizaciones campesinas.


Suscriben: [INGRESAR NOMBRE U ORGANIZACIÓN]




Dirigir sus comunicaciones a:


Ing. Alvaro Colom

Presidente de la Républica

Casa Presidencial

6ª Avenida, 4-19

Zona 1

Ciudad de Guatemala

Guatemala

Guatemala

Director General de la Policía Nacional Civil

Sr. Comisario General Isabél Mendoza Agustin

10ª Calle, 3-92

Zona 1

Antiguo Edificio de Aduanas

Ciudad de Guatemala

Guatemala

Tel.: (00502) 2329-0000


Subdirectora de la Prevención del Delito

Sra. Marleny Lapola

10ª Calle, 3-92

Zona 1

Antiguo Edificio de Aduana

Ciudad de Guatemala

Guatemala

Tel.: (00502) 5308-4825

Fax: (00502) 2254-5218



Dirección adjunta de la Policía Nacional Civil

Sr. Henri López

10ª Calle, 3-92

Zona 1

Antiguo Edificio de Aduanas

Ciudad de Guatemala

Guatemala



Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)

Directora General

M.A. Miriam Ovalle de Monroy

14 Calle, 5-25

Zona 1

Edificio Nasa

Ciudad de Guatemala

Guatemala

Tel.: (00502) 2327-3100

Inacif@inacif.gob.gt


Procuradoría de los Derechos Humanos

Procurador General

Dr. Sergio Morales

12 Avenida, 12-72

Zona 1

Ciudad de Guatemala

Guatemala

Opdhg@guatenet.net.gt

Tel.: (00502) 2424-1717

Fax: (00502) 2424-1714


Ministerio Público Izabal

Fiscal Distrital del Ministerio Público del Departamento Izabal Lic. José Cabrera

13 Calle, entre 10ª y 11 Avenida

Puerto Barrios

Guatemala

Tel.: (00502) 7948-7923

(00502) 7948-7948

(00502) 7948-1293

fdizabal@mp.lex.gob.gt

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