viernes, 28 de noviembre de 2008

EL TERRITORIO NO SE VENDE, SE DEFIENDE!...

LA MINERÍA METÁLICA Y EL DERECHO DEL PUEBLO A DECIDIR

Periodista Lic. Marco Tulio Araya entrevista a Monseñor Álvaro Ramazzini, Obispo de la Diócesis de San Marcos, Guatemala

Noviembre de 2008

Las consultas comunitarias se empiezan a dar en relación a las licencias para exploración de metales que otorga el gobierno por medio del Ministerio del Ambiente, ¿cuándo y cómo fue que la exploración minera llegó a la Diócesis de San Marcos, Guatemala?

Bueno, nos llegó hace ya más de 7 años. Cuando nos enteramos ya la compañía Montana, que en ese tiempo pertenecía a la Glamis Gold -una compañía canadiense- ya había comprado los terrenos, ya tenían los permisos legales; todo eso lo hicieron ellos en secreto, porque no se supo. Ellos lo dieron a conocer hasta cuando iban a empezar a hacer la actividad de explotación.

Fue entonces cuando nos dimos cuenta y tratamos de concertar una entrevista con ellos y ellos también quisieron entrevistarse con nosotros porque nosotros reaccionamos fuertemente delante de esto ya que tenemos muchos años de trabajar en desarrollo humano y nos parecía que no era esa la manera o el camino para poder lograr procesos de desarrollo integral en la región.

Fue así, ya cuando nos dimos cuenta ya teníamos el asunto encima de nosotros.

¿Cuál fue su reacción y sus primeras acciones en relación a la minería?

La primera reacción fue informarnos porque para nosotros era un tema totalmente nuevo, ver los pros y los contras y luego tomar la decisión de estar en desacuerdo con la actividad extractiva. Tuvimos un par de encuentros con personeros de la compañía Montana, ellos nos informaban de cuáles iban a ser los beneficios, cuáles serían las ventajas, nosotros le respondíamos con argumentos contrarios y al final no llegamos a ningún acuerdo como era lógico.

Entonces dejamos el asunto ahí y tomamos una posición radicalmente contraria a la explotación minera.

Después de estudiar el tema de la minería metálica y hacer un balance en relación a costos, beneficios y aspectos ambientales ¿cuál es su posición con respecto a la minería metálica?

Aquí tal vez, hay que hacer antes un presupuesto. El presupuesto es que en la ley guatemalteca, en la Constitución de la República, la actividad extractiva está permitida. La Constitución de la República permite lo que llaman el uso racional y técnico de lo que está debajo del subsuelo. En ese sentido, aunque nosotros no quisiéramos la actividad extractiva de minería, de oro, plata o cualquier otro metal, no podemos dejar de hacerlo puesto que la constitución lo permite.

De modo que si quisiéramos tomar una posición totalmente radical, negativa, tendríamos que cambiar la Constitución; ahí ya tenemos entonces un elemento que nos amarra. Por otro lado, la posición mía y la posición de la Conferencia Episcopal ha sido la de decir que este tipo industria no va a resolver el problema de la pobreza en Guatemala y que la minería metálica no es la alternativa para un desarrollo integral, sostenible con respecto al medio ambiente en el país.

Por lo tanto hay en este momento más elementos en contra que elementos a favor, tomando siempre como base el presupuesto constitucional. Nosotros en ese sentido estamos insistiendo que hay necesidad de usar los recursos que están debajo del subsuelo con condiciones muy precisas como por ejemplo el menor daño al medio ambiente; luego está el tema de la utilización en este caso de la mina de oro y de plata, de no usar cianuro; está el tema del agua, es decir en una región donde hay escasez de agua yo diría que no puede hacerse un tipo de actividad de este tipo porque va a consumir miles de galones de agua que son necesarios para la población; es fundamental un estudio de impacto ambiental con parámetros muy altos y con un control del monitoreo del daño que puede hacer.

Estas podrían ser algunas condiciones para que en un momento dado uno pudiera decir, hagamos este tipo de actividad, pero a la larga yo me convenzo que la minería metálica, ni va a resolver el problema de la pobreza, va a dañar el medio ambiente y no va a ser de beneficio para el país.

Luego está todo el tema de los beneficios económicos. Hoy por hoy los beneficios económicos son para las transnacionales: vienen toman el oro se lo llevan y se enriquecen, enriquecen a los accionistas de estas compañías y luego el país se queda pobre, tan pobre como antes. Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene apoyar un tipo de iniciativas de esta naturaleza? ¿Han realizado ustedes estudios del agua en el proyecto minero?

Sí, nosotros tenemos los resultados del monitoreo que estamos haciendo del agua, en donde llamábamos la atención al Gobierno de Guatemala, al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de Energía y Minas sobre la preocupación, que ya estamos verificando, que hay un aumento de metales pesados en el agua. Es verdad que nuestros análisis no están hechos en laboratorios certificados pero eso no quiere decir que nuestros laboratorios no tengan la calidad que deban de tener.

En ese sentido nosotros dimos un grito de alerta porque sí estamos muy preocupados de que esta contaminación pueda seguir aumentando. Personalmente me preocupa mucho lo qué va a pasar con esa laguna de la cola de presas que se ha venido haciendo ahí en la mina, en la zona de San Miguel Ixtahuacán porque hasta ahora no sabemos si el agua de esa cola de presa está contaminada, no sabemos qué grado de contaminación tiene; en tercer lugar no sabemos ¿cómo van a descargar toda esa agua?, ¿a dónde va a ir a parar? y luego no se ha hecho ningún estudio sobre la filtración subterránea de esa cola de presas porque, aunque desde el principio pusieron cubiertas sobre la tierra, eso no significa que no va a ver filtraciones.

¿Quién se va a encargar del estudio? ¿Quién lo va a verificar? ¿Hasta dónde se puede llegar a establecer que los mantos acuíferos subterráneos estén agotándose por el agua que está utilizando la mina?... bueno son problemas que nosotros se los estamos tirando al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Medio Ambiente, pidiéndoles a los ministros que intervengan. Debo de decir que la actitud del Ministro del Medio Ambiente es muy positiva porque el es un ambientalista convencido.

Tuve un encuentro también con el ministro de energía y minas, pero fue un encuentro donde hubo intercambio de ideas pero no es que hubiéramos llegado a un acuerdo, es decir, yo no escuché una declaración del Ministro de Energía y Minas diciendo “bueno vamos a parar la industria extractiva”, cosa que si sucede en el caso del Ministro del Medio Ambiente que dice, “yo estoy dispuesto a que sobre cualquier cosa se respete el medio ambiente en este país”.

Sobre el tema del ambiente, el Papa Benedicto ha criticado la explotación minera y otros proyectos que dañan el medio ambiente. Textualmente dijo el Papa recientemente: “Hay cicatrices en la superficie de nuestra Tierra, erosión, deforestación, derroche de los recursos minerales y de los océanos, para satisfacer al consumo insaciable”. ¿Qué significa para usted y la iglesia esta declaración?

Una palabra de apoyo. Y sobre todo una convergencia porque es precisamente lo que nosotros hemos dicho: de qué nos sirve tener oro y plata si no tenemos agua, de qué nos sirve tener oro y plata si los mantos acuíferos se secan, de que nos sirve tener oro y plata si la gente va a seguir tan pobre porque los beneficios de esta actividad no van a llegar a ellos, de que nos sirve tener oro y plata si el cianuro puede envenenar la vida de la fauna o de la flora o aún de personas que estén en los alrededores. Yo, con las palabras del Papa Benedicto XVI y también con palabras del Papa Juan Pablo II, encuentro que hay una gran coincidencia entre lo que ellos dicen y lo que nosotros estamos viendo y viviendo aquí mismo.

En relación a las consultas comunitarias que los municipios han organizado y realizado, ¿cuál es su opinión?
Yo las apoyo totalmente porque creo que legalmente no estamos haciendo nada fuera de la ley: el Código Municipal lo permite, el convenio 169 de la OIT lo permite en el caso de las poblaciones indígenas. En segundo lugar la población no tiene otro modo de expresar sus deseos y expresar su voluntad más que estas consultas comunitarias. Yo creo que las consultas comunitarias deben de seguir haciéndose en diferentes lugares del país. Aquí nosotros ya hemos hecho en varios municipios, Huehuetenango también ya ha hecho varias y nosotros vamos a seguir insistiendo en que se oiga la voluntad de la gente del lugar, porque es esa gente la que ahí se queda viviendo. Los que trabajan en la mina llegan, hacen lo que tienen que hacer y se van.

Pero quienes se quedan viviendo allí son las comunidades, entonces estas comunidades tienen todo el derecho de expresar lo que piensan, lo que sienten después de haber sido informados, porque este es otro tema: porque las compañías mineras dicen “ya informamos”, “ya lo publicamos en los periódicos”… pero esa no es una información, aquí la gente lee poco el periódico aparte de que muchos no saben leer español y por otro lado es una información que no llega a las grandes mayorías.

Entonces nosotros apoyamos definitivamente las Consultas Comunitarias como una expresión popular de la voluntad de las comunidades y eso al final es democracia.

Se ha dicho oficialmente que las consultas son legales y legítimas pero no vinculantes, ¿cuál es su opinión con respecto a esta posición jurídica? Bueno, yo no la acepto. No la acepto porque si es verdad que no son vinculantes lo entiendo que lo dicen porque no hay una ley que los sostenga, pero ¿quién hace las leyes en este país? ¿Hasta donde hay una intervención directa de las poblaciones en la elaboración de las leyes?... es casi nula y cuando yo veo los representantes al congreso de la república, a los diputados, veo que no hay un interés por buscar el bien del país. Entonces yo digo, no hablemos aquí de principios legales, hablemos de principios éticos, de principios morales y un principio ético es que los bienes de la tierra deben estar al servicio de todas las personas en este caso, el agua por ejemplo.

Si una actividad de este tipo va a afectar el uso del agua no es ético entonces seguir haciéndola. Yo insisto en que no dejemos las cosas solo a nivel legal sino a nivel ético, a nivel moral, porque esas leyes que no reconocen que las consultas comunitarias son vinculantes, son leyes que benefician a la clase siempre rica, la que ha tenido siempre dinero, porque al final, tenemos que reconocer, que el sistema legal guatemalteco ha sido hecho en general para apoyar posiciones de concentración de riqueza y de concentración de poder económico. ¿Qué ventajas tienen las Consultas Comunitarias para las poblaciones indígenas y campesina?

Las ventajas es que la gente puede expresarse, no necesita un documento, no necesita estar registrado en el Tribunal Supremo Electoral. En segundo lugar es una ocasión para que la comunidad exprese lo que siente. No olvidemos que hemos vivido casi 40 años de guerra en este país y en ese tiempo no había libertad de expresión.

El que dijera algo contrario a la política de estado de tierra arrasada, o a la política del ejército de acabar con la guerrilla o aún a veces también de criticar ciertas facciones guerrilleras, en este país significaba la muerte.

Entonces yo creo que si ahora las comunidades puedan expresar lo que piensan con toda libertad, es un paso adelante en la consolidación de la democracia y sobre todo en la corresponsabilidad de cuidar este país. Yo creo que el hecho de que las poblaciones expresen sus inquietudes, sus deseos sus preocupaciones, va a favorecer un sentido más profundo de nacionalismo, de cuidar este país porque al final ¿qué va a pasar con las generaciones que vienen atrás?

Entonces yo creo que la consulta comunitaria es un instrumento muy apto para hacer crear la conciencia de que somos administradores de los bienes de la naturaleza y que tenemos que trabajarlos de tal manera, que las generaciones que vengan puedan también gozar de esos beneficios como nosotros lo estamos haciendo.

De acuerdo a la experiencia que tienen para realizar consultas comunitarias, ¿qué consejos le daría los líderes y organizaciones que quieran realizar una consulta? Yo diría que lo primero es tomar la decisión de involucrarse, en segundo lugar hay que hacer las cosas de modo que tampoco se manipule a la población, es decir, la población tiene que ser informada. Para eso está el alcalde con su consejo, está la posibilidad de un cabildo en el que el alcalde con su consejo señala los puntos a discutir en el cabildo abierto y ahí se toma la decisión de si se hace o no se hace la consulta.

Es muy importante hacer un trabajo muy fino, muy en la base de información, de decir las cosas como son, de no ocultar nada, de no ser populistas, ni tampoco de tomar actitudes ya de prejuicios, sino dar una información verás que le ayude a las personas y a las comunidades a ver qué es la verdad de las cosas y luego animar a una participación en estas consultas y hacerlas en días en las que la población pueda estar presente y en días en los que haya una facilidad de transporte, facilidad de medios de para que lleguen a la consulta. Pero yo creo que el concejo mío es no tener miedo, tener decisión y tener la voluntad firme de hacerla.

http://www.conflictosmineros.net/al/html/modules.php?name=News&file=article&sid=1105

martes, 25 de noviembre de 2008

PROYECCIÓN DE PELICULA Y DEBATE SOBRE GUATEMALA

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
19hs

PROYECCIÓN DE PELICULA Y DEBATE SOBRE GUATEMALA

LOS CIVILIZADORES.
Alemanes en Guatemala
de Uri Stelzner y Thomas Walther


ORGANIZA: COMITE DE SOLIDARIDAD CON GUATEMALA EN URUGUAY
cel.: 095 06 59 12 / 095 125 030

CRYSOL, Asociacion de ex-presos políticos del Uruguay, Lorenzo Carnelli, 1294, esq. Soriano

lunes, 24 de noviembre de 2008

ANOTACIONES SOBRE ALGUNOS DE LOS PROCESOS QUE SE ESTÁN DANDO HOY EN GUATEMALA.

ANOTACIONES SOBRE ALGUNOS DE LOS PROCESOS QUE SE ESTÁN DANDO HOY EN GUATEMALA.

Organización Resistencia de los pueblos

resistenciadelospueblos@yahoo.es

1.- Durante la guerra contrainsurgente, también llamada conflicto armado interno o guerra civil, el Ejército diseñó y puso en marcha (1980-1981) el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) aprobado por el General Efraín Ríos Montt en el año 1982.

2.- El Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) fue en sí un proyecto contrainsurgente que tuvo por objetivo no solo la neutralización de la insurgencia, sino también el reordenamiento del territorio, de los recursos naturales y de toda la sociedad guatemalteca en función de los intereses del Estado, en ese entonces, militar contrainsurgente.

3.- Fue parte central de este Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) el diseño militar contrainsurgente de una Transición a la Democracia.

4.- Este Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) se fue articulando a partir del año 1982 por medio de Campañas aplicadas en los planos económicos, políticos, sociales y militares.

Se estableció así, en orden a una transición a la democracia, el Plan de Campaña Reencuentro Institucional en 1984, el Plan de Campaña de Estabilidad Nacional en 1985, el Plan de Campaña de Consolidación Nacional en 1986, abriéndose ahí el primer Gobierno civil al que accede el Presidente Vinicio Cerezo y que él mismo definió como un Gobierno de concertación o de transición a la democracia.

5.- Se prefigura, de este modo. un tránsito a la democracia, no como el resultado de dar soluciones de fondo a los problemas nacionales, sino como el resultado de un “nuevo reordenamiento” y una nueva “reorganización nacional” concertada con los distintos sectores de la sociedad, lográndose de este modo la unidad nacional mediante el olvido del pasado.

6.- La vigencia de este planteamiento es patente a partir del Gobierno de Vinicio Cerezo hasta el día de hoy.

7.- Dentro de este proceso o contexto de transición democrática se firmaron los Acuerdos de Paz de 1996, producto de un Pacto entre elites del Gobierno, del Ejército, de la empresa privada y de la URNG, con otro Gobierno de transición Democrática, el de Álvaro Arzú.

Los Acuerdos de Paz se sitúan dentro de esa estrategia de transición que, cambiando algunas cosas, no pretendía resolver el conflicto guatemalteco, sino reconducirlo hacia los intereses del poder y hacer que la sociedad guatemalteca aceptara la continuidad de esos intereses por la necesidad de la paz.

8.- Es claro que los Gobiernos de Arzú, Portillo y Berger no lograron una concertación con la sociedad guatemalteca y mucho menos una concertación que les permitiera la asimilación de los grandes sectores, principalmente los sectores expoliados en este reordenamiento de territorio y recursos emprendido después del conflicto y de los Acuerdos de paz.

9.- La historia de los Gobiernos de Arzú, Portillo, Berger y lo que llevamos del de Álvaro Colom, es la historia de los enfrentamientos del poder y de las elites con el resto de Guatemala que no se deja robar la tierra, ni los recursos naturales, ni su reciente historia pasada, ni sus derechos que están determinando el presente y seguirán determinando el futuro.

10.- De ahí que, 22 años mas tarde del primer Gobierno civil, el Gobierno de Álvaro Colom se presenta de nuevo delante de la sociedad como un Gobierno de Concertación dentro de la misma vieja estrategia de transición democrática y dentro de unos nuevos marcos de gobierno dados por la socialdemocracia.

11.- Es así que el actual Gobierno esta dando pasos que hasta ahora no habían dado ninguno de los gobiernos de la paz anteriores, al menos con tanta claridad, respecto al pueblo o sociedad guatemalteca y sus instituciones y organizaciones sociales:

  • El actual Gobierno está cantineando profunda y agresivamente en la diversidad de los sectores sociales organizados de la población, tratando de modular la relación entre ellos así como su relación con el pueblo y con el Estado guatemalteco.

  • La diferencia de esta política respecto a Gobiernos anteriores es que el Gobierno actual está realizando esta penetración e integración con mas rapidez y con mayor eficacia, ya que de alguna manera el Gobierno actual ha conseguido mapear y penetrar estructuras, grupos, proyectos y planes sociales creando confusión, contradicciones y rupturas dentro de ellas, así como incorporándolas al Gobierno con adhesiones totales o parciales, o con su plena integración en algunos aparatos del Estado.

  • Parece evidente, según su discurso, que una parte central de las políticas públicas del Gobierno actual el dar fin a la llamada etapa de posconflicto en el país, lo cual conlleva dar por enterrado el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la absorción o modificación de la institucionalidad creada para ello.

  • En este sentido también es pública la prisa que tiene el Gobierno por no defraudar y favorecer los intereses geopolíticos de los países imperialistas que la prensa mundial se apresuraba a recoger en el mismo momento en que Álvaro Colom era investido Presidente de Guatemala y que, en síntesis, resaltaban el que por fin el pueblo de Guatemala había optado por un Gobierno socialdemócrata y de izquierdas para cerrar las heridas de la guerra y potenciar el desarrollo del país.

De ahí también la necesidad del actual Gobierno de llegar a poner punto final a la reciente Historia de la guerra así como a una etapa de sociedad posconflicto, sin abordar en nada ningún tipo de cambio: Aparentar que todo cambia para que no cambie nada.

12.- Lo que el Gobierno está realizando, así como lo que se desprende de sus declaraciones públicas, nacionales e internacionales, nos puede permitir visualizar las siguientes constataciones:

PRIMERA.- El Gobierno de Álvaro Colom ha logrado establecer nuevos pactos con el Ejército.

  • Desde los inicios del Gobierno de Álvaro Colom, incluso antes, vienen realizándose movimientos y hechos en el sentido de incrementar la militarización del país (lo que algunos también llaman remilitarización).

  • Los acontecimientos se sucedieron con mayor rapidez a partir de finales del mes de julio de 2008 en que un comunicado de la Asociación de Veteranos Militares (AVEMILGUA), firmado por significados ex-militares golpistas, llamaba a la necesidad de un golpe de Estado.

  • La reacción inmediata del Gobierno consistió en una reforma dentro del Ejército y la remoción de algunos altos mandos.

  • La localización de sistemas electrónicos de vigilancia dentro de habitáculos y oficinas presidenciales conllevó nuevos cambios en responsables civiles y militares.

  • Fue no obstante en el mes de septiembre cuando Álvaro Colom anunció la decisión de aumentar el Ejército en 9.500 efectivos; decisión claramente contraria a los Acuerdos de Paz. Seguidamente, en el mismo mes de septiembre, el Presidente inauguró la reapertura de la base militar en Puerto Barrios y anunció la reapertura de otras dos bases militares en los Departamentos de San Marcos y el Quiché.

  • En repetidas ocasiones durante este período, el Presidente Álvaro Colom ha justificado esta política de militarización en la necesidad de “recuperar territorios perdidos y entregados a fuerzas paralelas. Hay por lo menos tres corredores importantes que se deben rescatar, el norte y parte central del Quiché, el Departamento de Izabal y la parte sur del Petén”.

  • Estos y otros corredores “importantes” que el Gobierno viene señalando, son los mismos corredores militares estratégicos que el Ejército abrió durante el conflicto armado.

  • El desarrollo y extensión de fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) para una supuesta mejora de la seguridad ciudadana, son otra vía importante, e histórica, de militarización.

  • De todo ello se puede resumir que el aumento de elementos del Ejército, su aumento presupuestario, la reinauguración de viejos destacamentos militares, la creación de nuevos cuerpos militares como los Batallones Verdes, la presencia en Guatemala de militares y formadores del Ejército de los Estados Unidos, el aviso de tomar el control de corredores estratégicos para el Ejército, los Estados de Prevención dictados por este Gobierno en solo 8 meses, la activación en algunas comunidades de las Patrullas de Autodefensa Civil (ahora con el nombre de Comités Cívicos de Seguridad), son claros signos de una fuerte y rápida militarización del Estado de Guatemala.

  • Esta militarización, como históricamente ha sido, tiene el objetivo de inhibir el carácter civil de la vida y de la población, secuestrando los derechos humanos económicos, sociales, políticos y culturales de los pueblos, además de, como ya se ha dicho, continuar el expolio de tierra, territorios y recursos naturales.

SEGUNDA.- El Gobierno de Álvaro Colom ha llegado también a pactos o acuerdos con el capital nacional y con el capital internacional.

  • Readecuación de las cuotas de poder de los principales actores económicos: El Ejército, la oligarquía nacional tradicional, el libre comercio y las empresas transnacionales.

A modo de ejemplo se puede señalar las nuevas concesiones en el campo de la minería, el plan hidrológico para el Departamento del Quiché hasta 2020 y la apertura de licitación para la hidroeléctrica de Xalalá. Todo ello pasando por alto los resultados de las múltiples consultas populares y resistencias a muchos de esos proyectos y realizaciones.

  • Remodelación financiera, con los mismos fines, y su adecuación al actual momento de expolio y explotación empresarial de los recursos naturales, así como el rediseño de la Política Fiscal en contra de las grandes mayorías, cada día más empobrecidas.

  • Revisión o implementación de Tratados entre países o áreas comerciales, centrados de manera especial en la explotación, expolio y dependencia de sectores señalados como estratégicos: Recursos Naturales (minería, agua, represas e hidroeléctricas, megafincas para agrocarburantes, megaproyectos, hidrocarburos, reservas naturales), infraestructuras, telecomunicaciones y servicios (turismo, grandes superficies comerciales, etc.)

  • Reorientación y refuerzo de la Cooperación Internacional entre Estados, de manera que a través del Gobierno y de las instituciones nacionales (especialmente la Sepaz) e internacionales afines, refuercen esta nueva ofensiva neoliberal y la voluntad de cerrar, olvidándolo, el conflicto armado así como sus consecuencias hasta hoy día.

TERCERA.- Al Gobierno de Álvaro Colom le urge llegar a acuerdos o concertaciones con la diversidad de sectores sociales en Guatemala para poder cumplir con los acuerdos contraídos con el Ejército y las empresas nacionales y transnacionales y conseguir los objetivos económicos y comerciales de la etapa de paz social y desarrollo que propugna la Internacional Socialista.

  • Construcción de un diseño de Pacto Social integrador de las fuerzas sociales y del movimiento social en torno a los temas y conflictos agrarios. Un exponente de ello es el proyecto económico, político y social de la Ley de Desarrollo Agrario que profundiza la contrarreforma agraria.

Este es el mejor modo de no pagar la deuda social y económica históricas de la guerra que el Estado asumió con la población mediante la firma de los Acuerdos de Paz y cuya deuda ahora quiere depositar en las manos externas de la Cooperación para dar por terminado el gran problema de la Tierra.

  • Reforzamiento y desarrollo de aparatos institucionales, como la SEPAZ, que fortalezcan el control social, territorial y poblacional cara a la integración, o en su defecto la neutralización y eliminación, de los movimientos sociales y de las viejas o nuevas resistencias.

  • Utilización para el desarrollo de estas políticas, de manera especial y significativa, de las personas, instituciones y coordinadoras del movimiento social y de la sociedad civil de manera que se vayan integrando al nuevo pacto social, asignándoles el papel de mapeamiento, penetración y mediación entre el Estado y la población, especialmente rural y campesina. Este papel de penetración y neutralización de resistencias para facilitar la realización de las políticas gubernamentales, también lo están desempeñando, de manera importante, la mayoría de empresas y muchas de las ONG, nacionales e internacionales.

  • Entierro definitivo de los Acuerdos de Paz, cuyo nombre se seguirá utilizando en la concreción de estas políticas gubernamentales y en el desarrollo legislativo que las concrete.

  • Dar por terminado, lo antes posible, el Plan Nacional de Resarcimiento en lo referente a resarcimiento económico individual y/o comunitario. Desarrollo de programas de ayuda (control) psico-social de las Víctimas.

Como consecuencia y complemento de estos pactos y búsqueda de concertaciones señaladas, el Gobierno ha implementado, está implementando o prevé implementar también lo siguiente:

Resarcimiento:

Darlo por terminado, lo antes posible por medio de reparaciones económicas, individuales y comunitarias, pretendiendo con ello que las víctimas no sigan reclamando Justicia o puedan canalizar la búsqueda de la misma a través de mecanismos nacionales o internacionales.

Ese final, y no la Justicia a las víctimas a través del enjuiciamiento de los responsables ejecutores e intelectuales de todas esas violaciones, favorecería los planes del Gobierno de cerrar definitivamente la etapa de posconflicto.

Todo ello como manera de prevenir que las Víctimas se sumen a la conflictividad del país, abriendo nuevos espacios de participación, de verdad, de Justicia y de reparación total.

Creación de un Archivo de la Memoria Histórica:

  • Desarrollo de un Archivo de la memoria histórica que incluya todos los elementos necesarios para el control que se pretende. Los datos y documentos provendrían del Comité de Reconstrucción Nacional (creado por el entonces Presidente Laugerud e implementado por el Ejército a partir del terremoto de 1976), del Archivo de Tierras, de lo disponible en archivos de la Policía y del Ejército, de Bienestar Social, todo lo recogido de las Víctimas en la Comisión Nacional de Resarcimiento y de algún otro espacio institucional de registro y archivo.

Parece ser que para su elaboración, custodia y administración se constituirá un Consejo Nacional con la idea de exteriorizar un consenso social que justificaría su creación y administración.

  • Todo ello conllevaría un apretón de rosca no solo en el control poblacional, sino en la implementación de una relectura histórica y memorial “oficial” que culmine el perdón y el olvido, echando a un lado los caminos de la Justicia, poniendo Punto Final.

Derechos Humanos:

  • Colocando los Derechos Humanos como eje central de todas sus políticas, el Gobierno pretende convertirse en el único administrador y regulador de los mismos. Para ello pondrá en marcha las oficinas y cursos de Derechos Humanos necesarias (en la PNC, en el Ejército, en los Departamentos o regiones), además de unificar en esa nueva política a las diversas instituciones oficiales (PDH, COPREDEH…), para-oficiales y extraoficiales.

  • La política del Gobierno de Álvaro Colom en este campo es que las organizaciones y asociaciones, nacionales e internacionales, de defensores y defensoras de Derechos Humanos, dejen de ser instancias críticas y de denuncia, para convertirse en colaboradoras y auxiliadoras del Estado en tan importante tarea. Lo cual no deja de ser una contradicción pues es el Estado el actor mayor violador de derechos humanos.

Bienestar Social:

  • Profundización y extensión de las Políticas Sociales de carácter asistencial y divisionista implementadas especialmente desde las instancias y políticas de Bienestar Social, a cuya cabeza de las mismas se sitúa la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del Presidente, la SEPAZ, la Secretaría para la Mujer, Fontierra, FONAPAZ, y otras.

Con estas políticas asistenciales el Gobierno quiere, además, erigirse en “acompañante” de los sectores más débiles de la sociedad civil tratando de eliminar o neutralizar las funciones y competencias que solo a la sociedad civil corresponden, como son la construcción de un tejido social capaz de reclamar y exigir todos sus derechos para toda la población, puesto que esa es la obligación del Estado que nunca cumple.

Conclusiones:

  • El control social que pretende este Gobierno pretende aumentar todos los mecanismos para que las organizaciones sociales y el tejido social dejen de cumplir la función para la que fueron creadas por el pueblo: La resistencia y la transformación social para la Justicia Social.

  • En el mismo sentido pretende eliminar la confrontación Gobierno, empresa privada, Ejército contra la sociedad desvirtuando la función política de las organizaciones sociales sean estas de acompañamiento, de derechos humanos, de desarrollo comunitario, etc., dejándolas únicamente con funciones de carácter administrativo de fondos económicos internos o externos. El Gobierno se presenta ahora absorbiendo para sí esas funciones de una sociedad organizada. Divide, enfrenta, promete y corrompe facilitando así el camino a las empresas nacionales e internacionales para comprar voluntades y corromper líderes e instituciones hasta los niveles locales.
Paralelamente, tratará de criminalizar y judicializar a todos los colectivos sociales que se opongan a su diseño de política
  • El Gobierno de Álvaro Colom, como gestor y parcial beneficiario de las políticas de Estado anteriormente descritas, quiere erigirse bajo una bandera supuestamente socialdemócrata y con todo el apoyo internacional, en continuador de una vieja transición democrática que al no abordar, o abordar en falso, el verdadero e histórico conflicto guatemalteco, sigue necesitando un incremento de la militarización para llevar adelante, aún con contradicciones y luchas de poder, las políticas imperialistas y neoliberales para Guatemala y para toda el área Centroamericana.

Guatemala, 20 de octubre de 2008


viernes, 21 de noviembre de 2008

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA CAMPESINA! ¡SOLIDARIDAD CON CODECA!

Como Comité de solidaridad con Guatemala, denunciamos la violación de los derechos de los pueblos campesinos para acceder a la tierra, por parte del Gobierno criminal Guatemalteco de Alvaro Colom que mandó a la PNC (Policía Nacional Civil) a atacar y reprimir a los campesinos/as organizados de la Costa Sur que ocupan tierras.

Solicitamos a la comunidad internacional la denuncia de estas violaciones y la presión hacia el Gobierno guatemalteco para que respete los convenios internacionales ratificados y los Acuerdos de Paz.

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA CAMPESINA!

http://codecaenresistencia.blogspot.com/

CAMPESINOS ATACADOS POR LA PNC


Queremos denunciar la actitud del gobierno ya que la PNC Policía Nacional Civil disparo con bombas lacrimógenas y balas contra mas de 4,000 campesinos el aldea COCALES jurisdicción de mazatenango suchitepequez, en dicho desalojo violente resultaron intoxicados cientos de personas entre ellos niños, mujeres y ancianos.
























Estamos cansados que los pobres paguemos los platos rotos, presentamos una propuesta desde el 5 de febrero y ALVARO COLOM solo ha jugado con nosotros los pobres, le pedimos ayuda y la respuesta es no hay pisto, pero en el maga hay varios millones sin ejecutarse, en el congreso se pierden mas de 82 millones.

El gobierno financio y promovió una marcha el 18 de noviembre en el que pedía apoyar el aumento al presupuesto del 2009 y resulta que el dinero que hay en los ministerios importantes para nosotros los pobres no se ejecuta, la pregunta es ¿que intención tiene el gobierno con todo el dinero del pueblo?, ¿de donde sale el pisto para la compra de mas armas para el ejercito?, por todos es sabido que el dinero que no se ejecuta en algunos ministerios va a parar en el fondo común y luego al bolsillo de funcionarios públicos o personas particulares con influencia en el gobierno, en ocasiones a otros ministerios de beneficio para empresarios, pues recordemos con que pisto se reconstruyó el aeropuerto la aurora.
























Si nuestras demandas no son resueltas el pueblo tomara otras medidas de presión, ya que en el campo la situación ha empeorado por la crisis económica, no puede ser que para empresarios si halla subsidio y para los campesinos pobres no.

jueves, 20 de noviembre de 2008

COMUNICADO URGENTE DEL COMITE DE DESARROLLO CAMPESINO CODECA...

En COCALES, Suchitepéquez la policía desalojo violentamente con saldo de niños, mujeres y ancianos intoxicados, hospitalizados, heridos y desaparecidos

Por el Comité de Desarrollo Campesino CODECA - Guatemala, noviembre 2008

A todos nuestros amigos y organizaciones queremos manifestarles lo que está sucediendo en la costa sur de Guatemala.

Hoy las calles fueron tomadas por campesinos organizados en CODECA en vista de la falta de voluntad política del gobierno de ÁLVARO COLOM ante nuestra solicitud planteado el 5 de febrero del 2008.

Queremos denunciar la actitud del gobierno ya que la PNC, Policía Nacional Civil, disparó con bombas lacrimógenas y balas contra más de 4,000 campesinos en la aldea COCALES, jurisdicción de Mazatenango, Suchitepéquez. En dicho desalojo violente resultaron intoxicados cientos de personas entre ellos niños, mujeres y ancianos.

En estos momentos hay compañeros hospitalizados, heridos y desaparecidos:

  • Capturados por la PNC y encarcelados por el momento:
    • Marcos Campos, Cirilo lapolleu Ixtamul
  • Heridos por el momento
    • Miguel Ramos, Mario Sanan, Izabel Barrios, Yesenia Pax
  • Desaparecidos por el momento:
    • Pedro Ramos,
    • Ambrosio García,
    • Cerapio Domínguez,
    • Rosario Cortés,
    • Lucia Coche,
    • Elena Vásquez,
    • Julia Maldonado,
    • Fidel Malech,
    • Elena Vásquez.


Responsabilizamos al gobierno de Álvaro Colom por todo lo que pasó, ya que actuó de forma abusiva en contra de nuestros compañeros.
La misma situación se dio en El Zarco, Retalhuleu, ya que fuimos desalojados por miembros de la PNC y de kaibiles del ejercito vestidos de policías y que persiguieron a todos los dirigentes campesinos. Dicho desalojo se dio porque hubo presión por parte de los cañeros ya que está iniciando la zafra.

Hacemos un llamado a nivel nacional e internacional a que se expresen de esta situación y solicitamos su solidaridad, para rescatar a los compañeros que fueron capturados, y desde ya agradecemos su intención en apoyar a campesinos que lo único que buscan es justicia social en Guatemala.

Incluimos una fotografía de hoy en El Zarco y estamos en contacto con los compañeros de Cocales y publicaremos de cómo la policía actuó en contra del los campesinos.

Visite nuestro blog en internet www.codecaenresistencia.blogspot.com

CODECA

Guatemala 19 de noviembre 2008 2:30 pm

domingo, 16 de noviembre de 2008

Comunicado - Comunidades de San Juan Sacatepequez. NO A LA CEMENTERA, NO A LA CRIMINALIZACION DE LA LUCHA!

Las comunidades Qa molo qi kachiqueles de San Juan Sacatepéquez a la opinión pública nacional e internacional hacen saber

Las doce comunidades que nos hemos opuesto a la construcción privada de una cantera para la extracción de minerales y a la operación de una planta para la producción de cemento en el municipio de San Juan Sacatepequez, consideramos que la mejor manera de enfrentar el conflicto desencadenado por el irrespeto absoluto a nuestros derechos es por la vía del diálogo. De esta cuenta hemos manifestado nuestra disposición de concurrir a una mesa de acercamiento con la Empresa Cementos Progreso, facilitada por la Secretaría de la Paz y acompañada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fundación Rigoberta Menchú Tum, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, la Defensoría de Pueblos Indígenas del Procurador de Derechos Humanos y la Iglesia Católica.
A la mesa hemos concurrido con la frente en alto y hemos expresado nuestra voluntad de discutir la problemática a pesar de que la propaganda que se maneja en nuestra contra nos presenta como delincuentes, terroristas e irrespetuosos de la ley, lo cual ha costado cárcel, vejación y zozobra para muchos de nuestros dirigentes.
Durante el tiempo transcurrido luego de establecida la mesa, hemos sido respetuosos y no hemos dado lugar a un debilitamiento del proceso estando a la espera de una ruta de discusión y una metodología que permita abordar a fondo el problema. Sin embargo, aunque en la mesa los representantes de Cementos Progreso, expresan buena voluntad y respeto al proceso hay acciones que contradicen sus palabras y que son motivo, a nuestro entender, de provocación a las comunidades.
Entre los hechos más recientes y que hoy denunciamos están:
  1. Trabajos de medición en terrenos de Santo Domingo Xenacoj colindantes con las comunidades en conflicto y algunos en propiedad de comunitarios de San Juan, para la construcción de una carretera impulsada aparentemente por el gobierno, la municipalidad de Santo Domingo Xenancoj y la empresa y que el día lunes, 10 de los corrientes, dieron lugar a que los habitantes del Pilar II se reunieran y decidieran trasladar a las personas que estaban haciendo la medición a la alcaldía auxiliar del lugar para solicitarles los permisos e información sobre los trabajos que estaban realizando. Más tarde las autoridades comunitarias pusieron a estas personas en manos de miembros de la estación de la PNC en la cabecera municipal. Creemos que este es un acto de provocación que no solamente indica que la empresa seguirá actuando de manera arbitraria sino que puede dar lugar al desencadenamiento de hechos violentos que obliguen otra vez a la intervención del estado y consecuentemente imponga el silencio a las comunidades.
  2. La agresión de la que fueron objeto con armas de fuego, la noche de ese mismo día, pobladores de la comunidad de San José Ocaña y de la que resultaron heridos Silvestre Camey Sabán, Santo Camey Saban, Pablo Tubac Car y Emiliano Camey Bor. El hecho se dió cuando estos comunitarios atravesaban un tramo carretero que se encuentra en el área de la finca privada San José Ocaña.

Ante estos hechos Las comunidades Qa molo qi kachiqueles de San Juan Sacatepéquez:
  1. Manifestamos que no somos nosotros los responsables de generar la violencia y menos seremos los responsables de obstaculizar el proceso de acercamiento.
  2. Condenamos los actos de provocación y la agresión de la que fueron objeto miembros de nuestras comunidades para lo cual exigimos a las autoridades de justicia se realice una exhaustiva investigación y procesamiento de los responsables
  3. Manifestamos nuestro respaldo al proceso facilitado por la Secretaría de la Paz y nuestra disposición a fortalecerlo.
  4. Exhortamos a la empresa a que sea coherente y que siga nuestro ejemplo dando muestras de verdadera voluntad y respeto.
San Juan Sacatepéquez, Guatemala, 14 noviembre de 2008

viernes, 14 de noviembre de 2008

EXIGIMOS LA LIBERTAD DE RAMIRO CHOC, LIDER CAMPESINO!!!


Cuando pedimos la libertad del compañero Ramiro estamos pidiendo la libertad para Guatemala, ya que su detención se da en el marco de la criminalización y represión de la lucha de los pueblos y de sus lideres. Desde Uruguay estamos luchando por hacer que el mundo entero se solidarice con nuestro querido hermano y tambien con nuestro querido pueblo de Guatemala.
Ya son muchas las personas y las organizaciones que se han comprometido, les agradecemos mucho y esperamos que más compañeros sigan adhiriendo a esta campaña que es solo el comienzo de un cambio de la lucha organizada que se esta dando en nuestra querida latinoamérica y el mundo.
A todos los compañeros/as y organizaciones del mundo entero, principalmente dentro de Guatemala...a seguir luchando y no bajar los brazos, y gracias por hacernos sentir parte de ustedes.


LUCHAR HASTA VENCER!!!!

NO PASARAN!!!

miércoles, 12 de noviembre de 2008

DENUNCIAMOS LA CAMPAÑA NEGRA DE LA PRENSA OLIGARQUICA GUATEMALTECA EN CONTRA DE LOS LIDERES CAMPESINOS E INDIGENAS!


Una vez más, la prensa oligárquica guatemalteca sigue su campaña negra contra el pueblo campesino guatemalteco organizado, acusando a los y las integrantes q'eqchi de la organización "Encuentro Campesino" de "invasores", cuando es el GOBIERNO quien es el INVASOR...
(http://www.elperiodico.com.gt/es/20081110/investigacion - Pretenden construir turicentro en el último santuario de manatíes y área protegida de Izabal)

Como Comité de solidaridad llamamos a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con todos y todas los y las lideres campesinos/as quienes luchan por una reforma agraria en este país y quienes dia a dia ofrendan sus vidas por una Guatemala unida. Es por eso que desde Uruguay el comite a hecho suyo ese compromiso y esa lucha, y lansamos la campaña por la liberación del lider q'eqchi Ramiro Choc (ver blog http://liberacionderamirochoc.blogspot.com/), quien viene reclamando desde más de 10 años el respeto y cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 1996 y los derechos de los pueblos indígenas (ratificación del convenio 169 de la OIT en 1996).
Denunciamos esta ola de criminalizacion de la lucha campesina que ejerce el Gobierno Alvaro Colom y la prensa oligárquica que responde a sus intereses y a los intereses de esta elite nacional.

Nos parece importante publicar el articulo de la corresponsal guatemalteca de Andina Media, Delmi Arriaza, quien nos informa de la gravedad de la situación agraria en Guatemala, debido a la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos por parte de los Gobiernos oligarquicos guatemaltecos que han ejercido el poder hasta ahora y quienes se encargaron junto a la CIA de tirar abajo el gobierno democrático de Jacobo Arbenz en 1954 y con el la reforma agraria implementada en ese periodo. A traves de esta lectura, se puede ver como la organización "Encuentro Campesino" ha ido luchando para una reforma agraria.

Guatemala: Derechos de los Pueblos vrs propiedad individual.

http://www.andinamedia.info/es/node/533

22/02/2008 Delmi Arriaza, corresponsal

Livigston Izabal, ejemplo de Resistencia: en el municipio de Izabal transcurren sucesos que si no se plantean con antecedentes pudieran tergiversarse, como lo hicieran hoy el periódico y otros medios locales en Guatemala.

La Comunidad Ensenada Puntarenas, Quebrada Seca y Creeck Maya lleva un trámite legal de tierra desde hace casi cincuenta años. Recientemente se les presento un dictamen por parte de fondo de tierra en donde se les acusa de ser invasores.

La Comunidad Piedras blancas la Lomita, es ocupada por pobladores q'qchí, y que hoy reclaman en propiedad finqueros[1] recién asentados en la región. La lucha territorial en este caso se da desde Noviembre del año dos mil siete y desde esa fecha presentaron ante las autoridades de Izabal el trámite para la legalización de las tierras, bajo el amparo de los datos y registros que valoran su derecho histórico.

La Aldea, Esmeralda, desde hace varios años viene gestionando también ante las autoridades su derecho a ocupar, usar y decidir sobre las tierras donde posan y donde hoy siguen esperando respuesta o trámite a su solicitud.

La comunidad Nueva Generación que ocupa tierras del pueblo q'qchí, también tiene la lucha de propiedad contra el señor Juan Franzua -de origen francés-, a quien respalda el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CECON) bajo el criterio de conservar el biotopo de Chocón machacas, desconociendo la labor histórica de los pueblos sobre la misma conservación.

El Barrio el Cerrito, también ocupado, está ubicado en Livingston y es reclamado en propiedad por la señora Carmela López Aragón, quien exige ante las autoridades el orden de desalojo de esta comunidad.

Al Barrio Buena Vista la Esperanza, se le giró y ejecutó orden de desalojo, el seis de junio del año dos mil siete, donde se presento el juez José Reinaldo Galván Casasola, conjuntamente con los señores Francisco Castellán, esposo de Silvia Ileana Lemus de Castellan quien se adjudica la propiedad de los terrenos donde se encuentra la comunidad. Dichas autoridades facilitaron la quema de las viviendas, causando terror entre las familias y uno de los acompañantes del señor Castellán -Roberto Xo-, hizo disparos en contra de los pobladores hiriendo a uno de ellos ante la presencial inacción de las autoridades locales.

Posterior a este desalojo se giran las ordenes de captura contra 3 líderes, uno de ellos Ramiro Choc.

Las comunidades han intentado resolver estas situaciones por medio de diálogos. Para ello realizaron el 20 y 21 de junio de 2007, en la Aldea Nueva Generación, el "Primer Encuentro Campesino" donde se discutió de la problemática agraria en el municipio y a la que se invitó ay participó un buen número de autoridades locales a quines se les presentó una propuesta de solución. No viendo respuesta, las comunidades organizaron en el mismo año un segundo encuentro al que nuevamente se invitó a las autoridades solo que estas ya no asistieron.

El día 31 de enero del presente año representantes de las comunidades y colectividades[2] propusieron dialogar con las autoridades locales para resolver problemática, sin embargo, estas nuevamente no asistieron a dicho encuentro. Por el contrario fueron giradas ordenes de captura y se ha ejercido una serie de medidas de represión contra líderes y comunidades.

En jurisdicción del municipio de Izabal día 14 de febrero del presente año fue capturado Ramiro Choc. En el momento de su captura este dio una llamada de alerta a sus compañeros y en ese instante los policías lo despojan de su medio de comunicación y lo llevan preso a la cárcel de Izabal. Sabidos sus compañeros y compañeras llegaron a las instalaciones del centro de reclusión a exigir su libertad. Ramiro fue amenazado bajo la presión de que "si las comunidades lo sacaban de la cárcel lo iban a liquidar fuera de la cárcel y si no podían con él lo iban hacer con su familia" ya que contaban con las direcciones, así lo obligaron a llamarles para desmovilizarles. Sin explicación alguna el líder es trasladado a la cárcel de Zacapa –departamento vecino de Izabal- y donde permaneció recluido hasta el día de ayer por la madrugada cuando nuevamente es trasladado al centro preventivo de la zona 18 de la ciudad capital, Guatemala.

Cansadas de nos ser escuchadas y con el temor de que lastimen al compañero Ramiro las comunidades organizadas y sin intención de dejarse amedrentar solicitaron a las autoridades el día de ayer un nuevo diálogo, al cual estas nuevamente no asistieron y por lo cual estas tomaron medidas de hecho y en exigencia a sus derechos como Pueblos Originarios -a la tenencia y uso de la Tierra- y por la liberación de Ramiro Choc.

Hoy en Livigston Izabal las comunidades han tomado 4 instituciones públicas (Juzgado de Paz, Policía municipal, Comité Nacional de Áreas Protegidas y Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos –CECON-) del municipio, así como la retención de al menos 15 policías que intentaron frenar las medidas.

Primero que nada vale decir que intenciones de dialogo ha habido, que el pueblo por las vías que la democracia le otorga ha transitado sin ser escuchadas. Solo quieren que se respete su derecho a la Tierra (en tanto tenencia y uso) como Pueblos y que pese la propiedad colectiva por sobre la propiedad privada; así también que cese la represión a las comunidades y la persecución a los líderes por parte del Gobierno recién electo. La lucha por la recuperación del territorio lleva por aquí más de 500 años, ya es tiempo de verle soluciones, pero que estas no necesariamente sean a favor de los individuos, sino en rescate de los derechos de los pueblos.


(Comunidades que respaldan las acciones: La Esmeralda, Ensenada Puntarenas, Creeck Jute, El Cedro, Creeck Maya, Quebrada Seca, Barrio Vista Hermosa, Nueva Generación, Comunidad Piedras Blancas la Lomita , Asociación de Madereros IBAIA ( Iniciativa para el bosque y la agricultura Indígena Auto sostenible), Asociación de Jóvenes AERA ( Amor a Ensenada y a Reforma Agraria), asociación TAABIMAX, Asociación de Jóvenes CHAQUIROQHA, Aldea Barra de Lámpara, Barrio Buena Vista la Esperanza , Barrio Los Cerritos.)

domingo, 9 de noviembre de 2008

VIDEO. RESISTENCIA Y LUCHA CONTRA CEMENTERA EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ



Les invitamos a mirar el vídeo realizado por periodistas independientes sobre la resistencia y lucha que ejercen los campesinos/as del Municipio de San Juan Sacatepequez, del departamento de Guatemala, para defender su territorio y para prohibir la instalación de "Cementos Progreso". El Gobierno de Alvaro Colom viene reprimiendo esta poblacion desde ya meses, defendiendo los intereses de esta empresa:
http://video.google.com/videoplay?docid=-6201116963483827316&hl=es


Les invitamos tambien a leer y difundir los comunicados del CUC (Comité de Unidad Campesina) denunciando la represión y criminalizacion de los lideres comunitarios de San Juan Sacatepequez:

http://www.cuc.org.gt/comunicado_37.html
http://www.cuc.org.gt/comunicado_28.html
http://www.cuc.org.gt/comunicado_27.html
http://www.cuc.org.gt/comunicado_25.html

BASTA YA DE REPRESIÓN Y CRIMINALIZACION DE LA LUCHA CAMPESINA!
EL TERRITORIO NO SE VENDE, SE DEFIENDE!

viernes, 7 de noviembre de 2008

RESISTENCIA DEL PUEBLO Q'EQCHI. EL TERRITORIO NO SE VENDE!

Pobladores de El Estor rechazan exploración minera


Escrito por Melissa Vega
miércoles, 05 de noviembre de 2008

 Izabal 5 Nov (Cerigua).- Integrantes de 17 Consejos Comunitarios de Desarrollo de El Estor, Izabal, rechazaron las actividades de exploración minera que pretende llevar a cabo la compañía Maya Níquel S.A. en los cerros Las Torres y Dona Tomasa, ya que afectarían gravemente zonas de recarga hídrica.

De acuerdo con reportes de diarios nacionales, los directivos de los 17 Consejos solicitaron recientemente a los representantes de la empresa que se abstengan de realizar estudios sobre los mejores sitios del cerro para explorar metales.

Las y los pobladores temen que los trabajos mineros contaminen fuentes de agua o que se sequen las zonas de recarga hídrica ubicadas en los cerros; las acciones también colocarían en una situación de vulnerabilidad a las personas ante deslaves y problemas de salud, enfatiza la información.

Las y los vecinos denunciaron ante la Gobernación Departamental que han encontrado áreas deforestadas, sin embargo, José Leopoldo, gerente de Maya Níquel, asegura que solamente se dedican a trabajar en la extensión concesionada.

La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) es otra de las entidades instaladas en El Estor con el objetivo de explorar y explotar níquel, un metal utilizado para la elaboración de armamento, según información de organizaciones ambientales

Las comunidades aledañas a la CGN denuncian constantemente que sus actividades han afectado negativamente los recursos naturales, la pesca, el desarrollo económico, el tejido social y la seguridad ciudadana.

Fin Cerigua

Para más informaciones, mirar el video realizado por la ONG Derechos en Acción, denunciando los violentos desalojos de las comunidades indígenas q'eqchi por parte de los gobiernos oligárquicos guatemaltecos (tanto Berger 2003-2007 como Colom 2008-2012):

http://www.youtube.com/watch?v=Q20YxkM-CGI


jueves, 6 de noviembre de 2008

Se trata de derechos

Publicamos un articulo de Helmer Velasquez, Coordinador de CONGCOOP (Coordinación de ONG y Cooperativas), organización guatemalteca que ha adherido a la campaña para la liberación de Ramiro Choc.



Se trata de derechos
Por Helmer Velásquez - Guatemala, 6 de noviembre de 2008

Sobre el contenido del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Guatemala es suscriptora, ha corrido pluma y pensamiento. Sus detractores afirman que los contenidos del Pacto son meras declaraciones de buena voluntad, aspiraciones beatificantes o naturales deseos de la humanidad. Al consignarlos de esta manera, hacen de los mismos meras aspiraciones, cuyo cumplimiento no obliga a los Estados, asignando a estos únicamente la obligación de garantizar la libertad y la propiedad; lo demás, dicen, corresponde al individuo, a su propia iniciativa, a su capacidad emprendedora. Afortunadamente, el debate sobre la materia ha terminado por consagrar la integralidad de los derechos humanos. Esto significa, ni más ni menos, que la jerarquización de los mismos y su división por categorías puede, en todo caso, ser un mecanismo para facilitar su análisis, pero nunca su aplicación.

La orientación del Estado en Guatemala se decanta por la concepción de integralidad de los Derechos Humanos, a juzgar por los preceptos constitucionales. Efectivamente, la Constitución Política de la República, desde su preámbulo, hace referencia a que el Estado está concebido como instrumento promotor de un régimen de igualdad y plena vigencia de los Derechos Humanos.

Sin embargo, el Estado promotor “del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria”, como reza el pacto, para nosotros es aún quimérico. El reciente informe sobre el Estado de Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en Guatemala, elaborado por la Coordinación de ONG y Cooperativas y el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, así lo confirma. Se constata, de nuevo, que contamos con un Estado cuya actuación es lesiva para el ciudadano. La mera constatación no es lo más importante. Sirva el informe para conminar a los funcionarios de Estado a planificar la política pública en razón de la ciudadanía y no de la gran empresa. Al Congreso a reorientar el presupuesto nacional, para fomentar desarrollo. A la Cooperación Internacional, a contribuir a superar causas estructurales del atraso; lo demás, es apostarle a un barril sin fondo. Al ciudadano, a los organismos sociales a judicializar esta acción negativa del Estado que hace nugatorios los derechos ciudadanos. Que incumple tratados internacionales y viola las Leyes de la República.

Fuente: www.elperiodico.com.gt

martes, 4 de noviembre de 2008

YA NO MAS DEPORTADOS/AS A GUATEMALA! BASTA YA DE IMPUNIDAD!


MOJADOS/AS, DEPORTADOS/AS, REMESAS,
... son palabras cotidianas de nuestra Guatemala...
Para poder entender esta realidad y actuar mejor hacia una lucha contra la impunidad, les invitamos a leer una selección de artículos sobre la situación de los y las migrantes guatemaltecos/as.

Migraciones: ¿un problema en el siglo XXI?

http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/mcolussi-020.htm


Crisis en EEUU disminuye remesas a Guatemala . AP - Guatemala - 16/10/2008

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/29754


Migrantes mandan más remesas a Guatemala - 17/10/2008

http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/detail/10134.html


Emigrante, obrero de maquila, capturado por ilegal, deportado y de regreso en USA.

Ricardo Falla

http://www.envio.org.ni/articulo/3792


12 mil millones en remesas: ¿Quién se come ese mandado?

http://www.envio.org.ni/articulo/374




lunes, 3 de noviembre de 2008

CAMPAÑA POR LA LIBERACION DE RAMIRO CHOC: 200 firmas ya! Falta la tuya!


Ya hemos recibido 200 adhesiones a la campaña por la liberación de Ramiro Choc, lider q'eqchi de la organización "Encuentro Campesino", capturado desde el 14 de febrero de 2008.
(Ver Blog de la Campaña: http://liberacionderamirochoc.blogspot.com/)
Falta la tuya para exigir justicia en Guatemala!
Manda tu adhesión al correo electrónico: quejuzguelahistoria@gmail.com

Entrevista al Comité, Radio CX36, Programa Toque de Piedra, Julio Faravelli. 03/11/2008

¡Basta ya de impunidad!

Ataques contra operadores de justicia y activistas de DDHH quedan en total impunidad


Escrito por CERIGUA
viernes, 24 de octubre de 2008

 Guatemala, 24 Oct (Cerigua).- Un informe de varias organizaciones que velan por los derechos humanos y la situación de justicia en Guatemala, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que el clima de violencia en el país afecta particularmente a los operadores de justicia y a los activistas de derechos humanos.

De acuerdo con un comunicado del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), esto ha generado preocupación porque los ataques que sufren estos sectores quedan en la impunidad, lo que afecta directamente la independencia judicial y desestimula la labor en la defensa y promoción de las garantías fundamentales.

Las Asociaciones de Jueces y de Fiscales junto con la Fundación Myrna Mack y CEJIL denunciaron que existe un registro de 75 denuncias anuales de parte de funcionarios judiciales que fueron amenazados o atacados, sin que hasta la fecha se haya investigado.

Por otro lado, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la Fundación Mack y el Centro de Acción Legal de Derechos Humanos, junto con CEJIL, informaron que entre enero y agosto de este año se han registrado 165 agresiones y actos intimidatorios contra los activistas de derechos humanos.

Uno de los hechos destacados fue el ataque que sufrió el ambientalista Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), el pasado 4 de septiembre.

En ambas audiencias las organizaciones señalaron que el sistema de justicia guatemalteco ha sido incapaz de dar una respuesta efectiva y rápida a este problema, por lo que la mayoría de ataques se mantienen en la impunidad.

El Estado reconoció que no se realizan las investigaciones correspondientes y se comprometió a generar acciones de coordinación estatal efectivas y rápidas para guardar la integridad de los operadores de justicia y activistas.

La Comisión
Interamericana manifestó su preocupación por los casos expuestos y señaló que la situación de los defensores de derechos humanos era una de sus prioridades, por lo que apreciaba la información que se le diera en dicha temática.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano, que pretende asegurar la implementación de normas internacionales de derechos humanos en los países miembros de la Organización de Estados Americanos.

Fin Cerigua

http://cerigua.info/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=5095&Itemid=31