Estados y pueblos indígenas
Dos ejemplos de estas movilizaciones. La primera, la de los pueblos indígenas en Colombia, quienes rumbo a Cali no se doblegaron a pesar de que las fuerzas de seguridad asesinaron a varios de sus miembros e hirieron a decenas de ellos. Pero no retrocedieron y en condiciones paupérrimas han recorrido la carretera mostrando las miserias en que el sistema y el gobierno de Álvaro Uribe los mantiene.
Y la segunda, la llegada a la capital, el pasado jueves, de vecinos y autoridades comunitarias y municipales de Jacaltenango, Santa Ana Huista y Chiantla, de Huehuetenango, quienes entregaron al Congreso, Ministerio de Energía y Minas y al Procurador de los Derechos Humanos copias certificadas de las consultas comunitarias realizadas, en donde 400 mil personas en 20 municipios rechazaron el actual modelo de desarrollo, que se ha dado a la tarea de repartir sus territorios, emitiendo licencias de exploración y explotación minera sin consultarles y condenándolos a una prolongada agonía.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20081027/opinion/76894/
¿Cómo van afrontar los Estados las demandas de los pueblos indígenas?
Por: Irmalicia Velásquez Nimatuj
Un cuestionamiento que he encontrando en diferentes sectores de pueblos indígenas es: ¿qué van hacer con los Estados–nacionales que han orillado a la mayoría al límite de la pobreza extrema, que los han arrinconado en territorios montañosos de difícil acceso, de donde ahora los expulsan –porque están siendo concesionados a compañías transnacionales y que los mantienen en un permanente estado de etnocidio y genocidio cultural?
Sin embargo, ante el constante levantamiento organizado y con propuestas de los movimientos indígenas –que cada vez buscan la articulación del trabajo de las bases con quienes han tenido acceso a procesos de formación– que han venido ocurriendo a lo largo de varios países de América Latina, me surge otra interrogante: ¿cómo van afrontar los Estados las imparables demandas de los pueblos indígenas que son, ante el Derecho Internacional y Nacional, legítimamente válidas?
Y son válidas porque estos pueblos están demandando que se respete su integridad y su vida como seres humanos garantes de derechos, no están reclamando un trato especial. Es todo lo contrario, sus demandas ponen a prueba los sistemas democráticos porque están pidiendo que las condiciones de vida que ha mantenido una pequeña elite privilegiada, deje de ser eso, privilegio de unos pocos y se aplique para todos los pueblos, sin importar su condición racial.
Sin embargo, ante el constante levantamiento organizado y con propuestas de los movimientos indígenas –que cada vez buscan la articulación del trabajo de las bases con quienes han tenido acceso a procesos de formación– que han venido ocurriendo a lo largo de varios países de América Latina, me surge otra interrogante: ¿cómo van afrontar los Estados las imparables demandas de los pueblos indígenas que son, ante el Derecho Internacional y Nacional, legítimamente válidas?
Y son válidas porque estos pueblos están demandando que se respete su integridad y su vida como seres humanos garantes de derechos, no están reclamando un trato especial. Es todo lo contrario, sus demandas ponen a prueba los sistemas democráticos porque están pidiendo que las condiciones de vida que ha mantenido una pequeña elite privilegiada, deje de ser eso, privilegio de unos pocos y se aplique para todos los pueblos, sin importar su condición racial.
Dos ejemplos de estas movilizaciones. La primera, la de los pueblos indígenas en Colombia, quienes rumbo a Cali no se doblegaron a pesar de que las fuerzas de seguridad asesinaron a varios de sus miembros e hirieron a decenas de ellos. Pero no retrocedieron y en condiciones paupérrimas han recorrido la carretera mostrando las miserias en que el sistema y el gobierno de Álvaro Uribe los mantiene.
Y la segunda, la llegada a la capital, el pasado jueves, de vecinos y autoridades comunitarias y municipales de Jacaltenango, Santa Ana Huista y Chiantla, de Huehuetenango, quienes entregaron al Congreso, Ministerio de Energía y Minas y al Procurador de los Derechos Humanos copias certificadas de las consultas comunitarias realizadas, en donde 400 mil personas en 20 municipios rechazaron el actual modelo de desarrollo, que se ha dado a la tarea de repartir sus territorios, emitiendo licencias de exploración y explotación minera sin consultarles y condenándolos a una prolongada agonía.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20081027/opinion/76894/
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