Por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA -
Guatemala, 29 de mayo de 2009
El 29 de mayo, hace 31 años se produjo la masacre en el Municipio de Panzós, cuando cientos de campesinos se concentraron frente a la municipalidad de ese municipio en donde soldados procedentes del Destacamento de Zacapa, abrieron fuego contra hombres mujeres y niños que reclamaban la solución de conflictos de tierra en esa región del Polochic.
La denuncia de los hechos se hizo en los tribunales desde el mismo día en que se cometió la masacre. En 1997 cuando se realizaron las exhumaciones se insistió en la continuidad de las investigaciones para dar con los responsables que dieron las ordenes de ejecutar tan vil asesinato masivo de campesinos indígenas quekchís. Las diligencias realizadas dentro de los 12 años transcurridos después de las exhumaciones, no han sido suficientes para alcanzar los fines de terminar con la impunidad y lograr que se haga justicia. Por el contrario se ha demostrado parcialidad y hasta complicidad en el encubrimiento de militares y civiles que fueron responsables de los hechos.
Muchas de las diligencias han sido llevadas a cabo por iniciativa de la Asociación FAMDEGUA, quien figura como querellante adhesiva en este proceso, ya que, a pesar que la persecución penal corresponde al Ministerio Público por mandato legal, esta institución recarga en el querellante adhesivo la obligación de investigar y proporcionar datos. Dentro del presente caso se han escuchado unos 35 testigos y víctimas de los hechos, pero el Ministerio Público no parece ser imparcial, porque en ningún momento ha llamado a declarar a personas que tienen conocimiento sobre los hechos y que están ligados a los mismos directa o indirectamente, como finqueros, militares y supuestos cómplices de los hechos de Panzós, sobre los cuales FAMDEGUA entregó una serie de datos para que procedieran a interrogarlos.
Panzós, es una de las primeras masacres con la que se inicio el genocidio en Guatemala, que luego se extendió a diversas regiones del país. Encontrar la verdad de los hechos, resarcir plenamente a las víctimas y aplicar la justicia, es una responsabilidad del Estado que ha aceptado la responsabilidad de los hechos macabros que acontecieron en Guatemala y cuya responsabilidad recae en un 93% en los elementos del ejército que planificaron y ejecutaron el exterminio masivo de poblaciones indígenas.
Exigimos del Ministerio Público un compromiso serio con las víctimas para deducir responsabilidades, dejar la indiferencia por un lado, no ser cómplices de la impunidad que hay en este caso y agotar las investigaciones para someter a juicio a los responsables.
La denuncia de los hechos se hizo en los tribunales desde el mismo día en que se cometió la masacre. En 1997 cuando se realizaron las exhumaciones se insistió en la continuidad de las investigaciones para dar con los responsables que dieron las ordenes de ejecutar tan vil asesinato masivo de campesinos indígenas quekchís. Las diligencias realizadas dentro de los 12 años transcurridos después de las exhumaciones, no han sido suficientes para alcanzar los fines de terminar con la impunidad y lograr que se haga justicia. Por el contrario se ha demostrado parcialidad y hasta complicidad en el encubrimiento de militares y civiles que fueron responsables de los hechos.
Muchas de las diligencias han sido llevadas a cabo por iniciativa de la Asociación FAMDEGUA, quien figura como querellante adhesiva en este proceso, ya que, a pesar que la persecución penal corresponde al Ministerio Público por mandato legal, esta institución recarga en el querellante adhesivo la obligación de investigar y proporcionar datos. Dentro del presente caso se han escuchado unos 35 testigos y víctimas de los hechos, pero el Ministerio Público no parece ser imparcial, porque en ningún momento ha llamado a declarar a personas que tienen conocimiento sobre los hechos y que están ligados a los mismos directa o indirectamente, como finqueros, militares y supuestos cómplices de los hechos de Panzós, sobre los cuales FAMDEGUA entregó una serie de datos para que procedieran a interrogarlos.
Panzós, es una de las primeras masacres con la que se inicio el genocidio en Guatemala, que luego se extendió a diversas regiones del país. Encontrar la verdad de los hechos, resarcir plenamente a las víctimas y aplicar la justicia, es una responsabilidad del Estado que ha aceptado la responsabilidad de los hechos macabros que acontecieron en Guatemala y cuya responsabilidad recae en un 93% en los elementos del ejército que planificaron y ejecutaron el exterminio masivo de poblaciones indígenas.
Exigimos del Ministerio Público un compromiso serio con las víctimas para deducir responsabilidades, dejar la indiferencia por un lado, no ser cómplices de la impunidad que hay en este caso y agotar las investigaciones para someter a juicio a los responsables.
EL DERECHO A LA VIDA ES LA BASE DE TODO DERECHO
ASOCIACIÓN FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS DE GUATEMALA - FAMDEGUA
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