Ramiro Choc: un caso revelador del sistema de injusticia en Guatemala
Por Mario Sosa - Guatemala, 2 de junio de 2009
El 15 de abril del presente año, Ramiro Choc, interpuso recurso de apelación especial en contra de la sentencia dictada el veintiseis de marzo, en la cual se le condena a ocho años de prisión por el delito de robo agravado continuado al Estado, consistente en la supuesta orden dada a campesinos para despojar de sus armas a policías nacionales. La intención es argumentar que no hay razón suficiente, ni elementos, para mantener al procesado en posición de juzgado y condenado, que no existe causal suficiente a la comisión del delito aducido, y que se le declare inocente, se le deje en libertad inmediatamente y se le restituyan sus derechos ciudadanos.
Es sabido y así lo han denunciado diversas organizaciones sociales y políticas -como el Frente Popular por la Soberanía, la Dignidad y la Solidaridad--, que el caso ha conllevado un confabulación para criminalizar a un dirigente campesino y, con él, al conjunto de dirigentes, organizaciones y comunidades que han venido resistiéndose a la imposición del modelo de acumulación de capital que se impulsa a través de la mineréa a cielo abierto, los grandes proyectos hidroeléctricos, la implantación de agro combustibles, el despojo de tierras, etc., que siguen alargando y profundizando la historia de despojo histórico que nos ha afectado como nación, y donde el Estado, en tanto instrumento de las clases dominantes, ha sido un facilitador. Este es el fondo de este apresamiento político.
En este sentido, las organizaciones que han levantado una campaña nacional e internacional para denunciar la detención política de Ramiro Choc y lograr su libertad, han evidenciado como durante el juicio se ha demostrado, a través de testigos fundamentales que estuvieron en el lugar del supuesto delito, que el dirigente campesino no estaba presente en el momento en que supuestamente se comete el delito por el que se le apresa y condena, que él estuvo en el lugar a solicitud de la Gobernadora de Izabál, para mediar en el conflicto provocado por ataques de pistoleros de la señora Lemus de Castellan en contra de habitantes del barrio Buena Vista La Esperanza, Livingston, quien es señalada de querer apropiarse tierras propiedad de la municipalidad. Han evidenciado, asimismo, como las presiones extralegales han influido en el proceso de persecución, acusación, juicio y condena. Se denunció oportunamente el manejo que medios de difusión masiva, como Prensa Libre, han venido haciendo del caso, habiendo condenado y criminalizado a Ramiro Choc desde su inicio, tal y como lo hace hacia el conjunto del movimiento social que se ha opuesto a los intereses del capital internacional y local. Se denunció igualmente el carácter racista de las actitudes y discursos del Fiscal, Carlos Ábrigo. En conclusión, se ha denunciado la actuación coincidente entre Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Juez que dictó sentencia y la señora Lemus de Castellan.
En este sentido, ha quedado constatado que la detención y condena de Ramiro Choc, responde a intereses económicos y polÃíicos, y la apelación especial demuestra las irregularidades inclusive en la interpretación y manipulación legal para condenarlo. El caso, entonces, pone en evidencia al sistema de "justicia", el cual está a prueba en la fase de apelación del caso.
En este marco, ha sido preocupante constatar la inoperancia de las organizaciones de Derechos Humanos. Con excepción del auxiliar del Procurador de Derechos Humanos, que declaró a favor de Ramiro Choc, ha sido evidente el silencio de organismos ciudadanos de Derechos Humanos, quienes con razonamientos legalistas y haciendo eco de los medios de comunicación que desde su inicio criminalizaron a Ramiro Choc, se han mantenido al margen del caso, olvidando, varias de ellas, el contexto y la razón de su origen y las implicaciones de primer orden que tiene el caso pues sienta un precedente de utilización de la legalidad para criminalizar la acción política y a los luchadores sociales. Espero que no estemos ante monos "sabios" en este caso.
Ramiro Choc, como preso político del Estado de Guatemala, revela su carácter y desnuda el sistema de injusticia que predomina, en tanto ejercicio de poder para que el modelo de acumulación de capital, en su concreción legal o ilegal, siga su curso perverso e inhumano.
Es sabido y así lo han denunciado diversas organizaciones sociales y políticas -como el Frente Popular por la Soberanía, la Dignidad y la Solidaridad--, que el caso ha conllevado un confabulación para criminalizar a un dirigente campesino y, con él, al conjunto de dirigentes, organizaciones y comunidades que han venido resistiéndose a la imposición del modelo de acumulación de capital que se impulsa a través de la mineréa a cielo abierto, los grandes proyectos hidroeléctricos, la implantación de agro combustibles, el despojo de tierras, etc., que siguen alargando y profundizando la historia de despojo histórico que nos ha afectado como nación, y donde el Estado, en tanto instrumento de las clases dominantes, ha sido un facilitador. Este es el fondo de este apresamiento político.
En este sentido, las organizaciones que han levantado una campaña nacional e internacional para denunciar la detención política de Ramiro Choc y lograr su libertad, han evidenciado como durante el juicio se ha demostrado, a través de testigos fundamentales que estuvieron en el lugar del supuesto delito, que el dirigente campesino no estaba presente en el momento en que supuestamente se comete el delito por el que se le apresa y condena, que él estuvo en el lugar a solicitud de la Gobernadora de Izabál, para mediar en el conflicto provocado por ataques de pistoleros de la señora Lemus de Castellan en contra de habitantes del barrio Buena Vista La Esperanza, Livingston, quien es señalada de querer apropiarse tierras propiedad de la municipalidad. Han evidenciado, asimismo, como las presiones extralegales han influido en el proceso de persecución, acusación, juicio y condena. Se denunció oportunamente el manejo que medios de difusión masiva, como Prensa Libre, han venido haciendo del caso, habiendo condenado y criminalizado a Ramiro Choc desde su inicio, tal y como lo hace hacia el conjunto del movimiento social que se ha opuesto a los intereses del capital internacional y local. Se denunció igualmente el carácter racista de las actitudes y discursos del Fiscal, Carlos Ábrigo. En conclusión, se ha denunciado la actuación coincidente entre Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Juez que dictó sentencia y la señora Lemus de Castellan.
En este sentido, ha quedado constatado que la detención y condena de Ramiro Choc, responde a intereses económicos y polÃíicos, y la apelación especial demuestra las irregularidades inclusive en la interpretación y manipulación legal para condenarlo. El caso, entonces, pone en evidencia al sistema de "justicia", el cual está a prueba en la fase de apelación del caso.
En este marco, ha sido preocupante constatar la inoperancia de las organizaciones de Derechos Humanos. Con excepción del auxiliar del Procurador de Derechos Humanos, que declaró a favor de Ramiro Choc, ha sido evidente el silencio de organismos ciudadanos de Derechos Humanos, quienes con razonamientos legalistas y haciendo eco de los medios de comunicación que desde su inicio criminalizaron a Ramiro Choc, se han mantenido al margen del caso, olvidando, varias de ellas, el contexto y la razón de su origen y las implicaciones de primer orden que tiene el caso pues sienta un precedente de utilización de la legalidad para criminalizar la acción política y a los luchadores sociales. Espero que no estemos ante monos "sabios" en este caso.
Ramiro Choc, como preso político del Estado de Guatemala, revela su carácter y desnuda el sistema de injusticia que predomina, en tanto ejercicio de poder para que el modelo de acumulación de capital, en su concreción legal o ilegal, siga su curso perverso e inhumano.
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